El Capítulo de Puerto Rico del Sierra Club calificó como un “abuso de poder” la orden administrativa del designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, mediante la cual archiva el caso contra los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón por presuntas violaciones ambientales en La Parguera.
“El archivar estos casos como si fueran académicos es una burla a los esfuerzos de conservación que tantas organizaciones y ciudadanos han liderado por décadas. Este tipo de abuso de poder no puede ser tolerado”, afirmó la directora de la organización, Hernaliz Vázquez Torres, en declaraciones escritas.
La orden administrativa 2025-01, firmada ayer por Quiles Pérez en su primer día en el puesto, le pone fin al caso contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera, padres del esposo de la gobernadora, José Yovín Vargas.
Desde mayo de 2023, el DRNA le imputa al matrimonio haber construido ilegalmente una terraza en su propiedad enclavada en la reserva natural de Lajas, para lo que cortó mangle y rellenó, en violación de la reglamentación vigente. El caso todavía estaba vivo y pendiente de resolución, pues la pareja había recurrido a recursos de revisión.
“Esta acción es una afrenta directa contra la protección ambiental y la justicia. Es inaceptable que el secretario del DRNA, cuya misión debería ser salvaguardar nuestros recursos naturales, utilice su posición para beneficiar a los suegros de la gobernadora”, expresó Vázquez Torres.
La activista ambiental agregó que “esta orden no solo legitima el daño ambiental en La Parguera, sino que también muestra los verdaderos intereses del gobierno de Jenniffer González, acciones que denunciamos desde el día de su juramentación”.
La orden de Quiles Pérez garantiza la permanencia de las casas, muelles y otras estructuras construidas en la zona marítimo terrestre de La Parguera, sobre terrenos sumergidos de dominio público, mediante el otorgamiento de concesiones que conllevan el pago de un canon al Estado.
Esta OE también les ordena a los oficiales examinadores y jueces administrativos del DRNA archivar los casos por violaciones ambientales pendientes de adjudicación.
A juicio de la directora del Sierra Club a nivel local, esta orden contradice las leyes y los reglamentos vigentes que protegen las zonas marítimo terrestres, por lo que la considera ilegal.
“Legalizar retroactivamente construcciones que han impactado negativamente una reserva natural protegida no es solo irresponsable, es ilegal. El secretario Quiles Pérez demostró con esta acción que no está apto para liderar el DRNA, y su nombramiento debe ser retirado inmediatamente”, puntualizó Vázquez Torres.
El Sierra Club exhortó al Senado de Puerto Rico a rechazar este nombramiento.
“Desde Sierra Club Puerto Rico, denunciamos este retroceso como una muestra clara de cómo el gobierno actual abandona su deber de proteger los derechos ambientales y perpetúa la corrupción en la administración de nuestros recursos naturales. Exigimos que se restablezca un enfoque transparente y participativo que garantice la justicia ambiental y el acceso equitativo a estos bienes comunes”, expuso Vázquez Torres.
