A horas de conocerse que el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, emitió una orden administrativa para permitir -mediante el pago de derechos- la permanencia de las estructuras construidas en la zona marítimo terrestre de La Parguera, las críticas no se hicieron esperar.
La Orden Administrativa 2025-01, aprobada por Quiles Pérez en su primer día en funciones, tiene el efecto de archivar el caso contra José del Carmen Vargas Cortés e Irma Llavona Rivera – suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón- imputados por violaciones ambientales.
Desde mayo de 2023, el DRNA investiga al matrimonio por haber construido ilegalmente una terraza en la reserva natural de Lajas, para lo que cortó mangle y rellenó, en violación de la reglamentación vigente. El caso todavía estaba pendiente de resolución, pues la pareja había recurrido a recursos de revisión.
Al ser abordado sobre el tema, el abogado experto en Derecho Ambiental y Derecho Administrativo, Pedro Saadé Lloréns, cuestionó la procedencia legal y el precedente de la orden administrativa.
“Esto es una pérdida de bienes a mansalva, realmente. Esta solución es pésima. Y la clave está en el párrafo 4F, que dice que todos los casos pendientes serán archivados. Así que, aquí se ha sacrificado todo, un interés público para salvar una situación familiar de la gobernadora”, afirmó el también profesor de la Clínica Ambiental en la Escuela de Derecho de la UPR en Río Piedras.
“La gobernadora indicó que ya eso se había resuelto, porque esto había pasado por primarias y elecciones, y ella se siente que puede hacer esto”, continuó.
“Pero esto no es el archivo en un solo caso. Todos sabemos lo complejo que ha sido el asunto (de ocupación de espacio marítimo terrestre) en La Parguera, ¿verdad?, y aquellos proyectos de ley para darle prácticamente títulos de propiedad a todas las personas que tiene eso. Es una solución pésima a ese problema”, dijo el abogado.
Saadé Llorens fue más lejos al argumentar que la orden administrativa contradice el propio reglamento del DRNA.
“Hay un reglamento, el 4860, que te dice a ti cuándo alguien puede tener el derecho a disfrutar un bien de dominio público y tú pagas por la concesión. El clásico son las marinas o un muelle, pero tú demuestras que eso depende del agua y pagas un alquiler al Estado, que continúa siendo el propietario. Aquí ha habido unas violaciones por décadas. Correcto. Pero la solución tiene que haber sido otra”, sostuvo el abogado.
La orden trascendió horas después de que González Colón asegurara en una rueda de prensa que Quiles Pérez “revisaría” el caso contra sus suegros, aunque reiteró que el mismo tuvo una motivación política por ella haber retado en primarias al exgobernador Pedro Pierluisi Urrutia.
Las casas objeto de esta orden, construidas desde la década de 1960 en la zona marítimo terrestre y en terrenos sumergidos de dominio público, no eran legales, sino que el gobierno estatal y federal habían llegado a un acuerdo para que sus propietarios eliminaran las descargas sanitarias para reducir la contaminación del ecosistema.
Personas defensoras del ambiente han criticado, por décadas, que estas casas causan grave daño al ecosistema marino y que sus dueños también incurren en contaminación lumínica, en detrimento de la Bahía Bioluminiscente de La Parguera.
Por su parte, el senador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adrián González Costa, indicó la orden administrativa “le pone precio a bienes del Pueblo de Puerto Rico”.
“Su acción le inhabilita de plano para ejercer la dirección de la agencia llamada a velar por los recursos naturales de nuestro país”, declaró.
Asimismo, la senadora independentista María de Lourdes Santiago reclamó la descalificación de Quiles Pérez para dirigir el DRNA.
“Un nombramiento de esa calaña no debe siquiera ser considerado por el Senado. A esa acción vergonzosa de Waldemar Quiles se refería evidentemente la gobernadora cuando sostuvo en una entrevista televisada que ‘ninguna persona (en el DRNA) va a seguir lo que empezó la Secretaria (Tania Vázquez Rodríguez)’, aludiendo a la querella contra sus suegros. Es una orden administrativa de encargo”, declaró.
Por otra parte, los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, y en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, catalogaron la orden como “un descaro que no se puede permitir y que tiene graves consecuencias legales”.
“Con tantas situaciones ambientales serias que estamos enfrentando en Puerto Rico, la primera acción del designado Quiles es hacer público un serio conflicto de interés. Debió inhibirse de ese caso, por tratarse de los suegros de su jefa, y que tanto los reglamentos como el sistema judicial se encargaran de hacer su trabajo”, afirmó Hernández Ortiz.
Según abundaron los portavoces del PPD, la orden administrativa elimina la multa de $25,000 que enfrentaban los suegros de la gobernadora y abre paso a oficializar casas bote en La Parguera.
Qué dice la orden
“La presente orden administrativa tiene como propósito esencial atender la problemática jurídica pendiente de la permanencia de estas estructuras y residencias existentes en La Parguera, por constituir enclaves de propiedad privada en zona marítimo terrestre sobre terrenos de dominio público. A esos efectos se persigue armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente, a la vez que se establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público, asignando el producto de dichas rentas para beneficio del medio ambiente. De esta forma, se permitirá la existencia de las casas de manera sustentable permitiendo que su contribución sirva para el manejo adecuado de la Reserva Natural de La Parguera”, establece la orden.
Los propietarios tendrán que presentar una declaración jurada en la que estipulen la huella existente de sus residencias, muelles y otras estructuras, para que la División de Bienes de Dominio Público Marítimo del DRNA le imponga el pago del canon correspondiente.
“El DRNA otorgará las concesiones por el término de cinco años y permitirá renovación de las mismas y cobrará los cánones a las estructuras, residencias y muelles privados existentes en terrenos de dominio público y en las aguas del litoral del barrio La Parguera del Municipio de Lajas”, señala la orden.
Este mecanismo viabilizará las reparaciones de estas estructuras dentro de la huella estipulada por los dueños en sus declaraciones juradas.
Aunque establece que las nuevas construcciones o las intervenciones fuera de esa huella existente serían ilegales y objeto de imposición de penalidades administrativas, la orden no provee para que el DRNA confirme que la información provista por los dueños en sus declaraciones juradas sea correcta.
“Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativos por convertirse académicos”, estipula la orden de Quiles Pérez.
En el caso de los suegros de la gobernadora, se trata de una nueva construcción. El mismo sería archivado, así como el resto de controversias pendientes de adjudicación.
Antes de darse a conocer esta orden, González Colón había dicho en su rueda de prensa que su administración promovería el turismo en La Parguera y afirmó que las casas construidas en la zona marítimo terrestre eran “patrimonio”.
“La Parguera es una de las áreas más hermosas que tiene Puerto Rico. Y nosotros vamos a fomentar turísticamente que la gente visite La Parguera. Económicamente, es un área importante y va a ser un destino turístico. Como la gente visita Venecia, la gente va a visitar también La Parguera”, indicó.
“Y nosotros como parte del gobierno evaluaremos cuál va a ser esa política pública para darle las herramientas a esta zona que pueda ser protegida, porque las casas que están allí son patrimonio. Tú no tienes eso en otras partes, lo tienes quizás en Buyé, lo tienes quizás en Combate (ambas en Cabo Rojo). Así que yo no voy a permitir que, por criminalizar a mi familia en un proceso de campaña, le impidamos al pueblo de Puerto Rico beneficiarse de uno de los grandes atributos de nuestros recursos naturales”, expresó González Colón.
