(Segundo de una serie) El torpedeo del gobierno central, la histórica riña fiscal contra Ponce, una política pública neoliberal y el colapso de la actividad prestataria de la banca local e internacional en la isla fueron los factores que dieron al traste con la Ley para la Revitalización de los Centros Urbanos.
La Ley 212 de 2002, que a pesar de aplicar a los 78 municipios de Puerto Rico benefició particularmente al casco histórico de Ponce, fue una criatura de poca duración que se quedó muy lejos de cumplir sus objetivos de crear nuevas viviendas y negocios para repoblar estas zonas deprimidas.
El artífice de la ley fue el exgobernador ponceño Rafael Hernández Colón, quien consiguió gestarla cuando su Partido Popular Democrático (PPD) dominaba la gobernación con Sila María Calderón y la alcaldía de Ponce con Rafael “Churumba” Cordero Santiago.
Sin embargo, la ley rápidamente perdió un férreo defensor -y ejecutante- con la muerte de Cordero Santiago en enero de 2004. A este lo sucedió en el cargo la vicealcaldesa Delis Castillo Rivera.
El próximo cuatrienio, que arrancó en el 2005, los también populares Aníbal Acevedo Vilá y Francisco Zayas Seijo se convirtieron en gobernador y alcalde de Ponce, respectivamente.
Zayas Seijo había empujado la ley como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes y bajo su incumbencia en la alcaldía, que se extendió hasta el 2009, se otorgó el grueso de los créditos contributivos de esta ley en la Perla del Sur.
No obstante, el que la alcaldía ponceña y la gobernación fueran administradas por el mismo partido político durante los dos primeros cuatrienios de vida de este instrumento no garantizó su aplicación exitosa en la ciudad.
Para Ponce: no
A juicio de Zayas Seijo, beneficiar a los municipios nunca fue el interés del gobierno central. Mucho menos a Ponce, algo que tampoco consentían algunos de sus colegas alcaldes y que abonó a que poco a poco se desarticulara la ley.
Al reexaminar para La Perla del Sur qué elementos incidieron en la muerte de la Ley 212, el exalcalde soltó: “Que no se fijan en los $200 millones que le dan a una fábrica que se supone que traiga 150 empleos y después trae 75, pero se fijan en lo pequeño, que eran $30 o $40 millones al año para Ponce”.
“Eran $150 millones para los cascos urbanos y lo que hicieron fue derogar la ley”, continuó. “O sea, no derogan los $200 o $300 millones de subsidios que les dan ahora a las empresas, ni las fiscalizan, ni las ponen a pagar impuestos, pero como eso (la Ley 212) era para los municipios (pues sí lo hicieron)”.
El exfuncionario compartió que el entonces alcalde popular de Caguas, William Miranda Marín, fue uno de los que se benefició de la ley, pero también arrojó sombras sobre lo conseguido por Ponce en términos de inversión y créditos contributivos otorgados.
“Lo que le despertó a la gente la suspicacia de la ley fue que Caguas fue más inventivo y expandió (su centro histórico). En Ponce, el casco histórico son 12 bloques entre Bélgica, la Concha Acústica y casi La Cantera. Pero Willie se las inventó y propuso que a Caguas se le aprobara un área inmensa hasta donde hoy está Sam’s Club. Y le dije ‘contra Willie, eso no se va a poder’. Y no lo logró, pero disparó la atención de la gente”, relató Zayas Seijo.
“Cuando Willie abre los ojos, dice ‘Ponce ya se ha lucrado con tantos millones’. Y tú sabes que a nosotros no nos quieren mucho, así que no hubo mucha oposición a tumbar la ley”, planteó el exalcalde.
La derogación, empero, no fue inmediata. El gobierno la menguó paulatinamente y una de las formas fue rebajándole el presupuesto.
“Lo que se hizo fue poner un tope ridículo de $20 o $25 millones”, criticó Zayas Seijo.
La Ley 7
En el 2009, el Partido Nuevo Progresista se apoderó de Ponce y La Fortaleza. Mientras María Meléndez Altieri sucedió en la alcaldía a Zayas Seijo, Luis Fortuño Burset se hizo con la gobernación del país.
Fortuño arrancó su mandato con la polémica Ley 7 que, al decretar un estado de emergencia fiscal, viabilizó el despido de miles de empleados públicos e impuso una moratoria en el otorgamiento de incentivos contributivos. Aunque la Ley 7 solo congelaba el crédito por construcción de nueva vivienda, en la práctica se detuvo la puesta en marcha de toda la Ley 212.
En una ponencia que presentó ante el Senado de Puerto Rico, durante una sesión en el Teatro La Perla de Ponce el 29 de mayo de 2009, Hernández Colón afirmó que el Departamento de Hacienda puso trabajas a la aplicación de la ley, tanto bajo la administración de Sila Calderón como de Acevedo Vilá.
“Lo cierto es que, según fue aprobada, la Ley 7 no aplicaba a este incentivo, pero como el Departamento de Hacienda, durante las pasadas dos administraciones, había intentado inutilizar este incentivo, los bancos y demás interesados entendieron que la intención de la Ley 7 era cubrir el incentivo por inversión en construcción en los centros urbanos de la Ley 212. Eso detuvo los proyectos de Ponce”, estipuló Hernández Colón.
También bajo la gobernación de Fortuño, en diciembre de 2009, Hacienda aprobó un reglamento que estipulaba que los incentivos otorgados bajo la Ley 212 estaban sujetos a tributación cuando eran vendidos o transferidos. La alcaldía de Ponce demandó a la agencia, pero el pleito estuvo años sin resolverse.
En el 2015, cuando la gobernación había retornado al PPD con Alejandro García Padilla, la alcaldesa Meléndez Altieri le pidió a la secretaria de Hacienda, Melba Acosta, que derogara el referido reglamento. Además, expresó que Hacienda había torpedeado la Ley 212 desde sus inicios.
“Las posturas institucionales que ha seguido el Departamento de Hacienda desde que se aprobó la Ley 212 en el 2002 han sido de restringir y limitar el alcance de los beneficios que provee el estatuto para la construcción y desarrollo de obras de rehabilitación en los cascos urbanos”, señaló la alcaldesa en ese momento. “Es necesario que el Departamento de Hacienda reconsidere sus posturas y vea que en Ponce el espíritu de la Ley 212 se ha cumplido a cabalidad”.
Al reflexionar sobre lo ocurrido en términos políticos, Zayas Seijo concluyó que ni su sucesora ni los propulsores de la Ley 212 salieron a defender su permanencia.
¿Meléndez Altieri no defendió la ley?, se le preguntó.
“Yo no tengo idea por qué no se hizo y en la condición (de enfermedad) en que se encuentra mi amiga Mayita yo no voy a comentar. Pero creo que no se hizo suficiente, ni por ella ni por los legisladores, ni por nosotros los ponceños, incluyéndome, ni por Hernández Colón ni por nadie. Los ponceños, que éramos los más beneficiados de eso, nos quedamos callados”, manifestó.
¿Debió haber imperado el regionalismo?, auscultó este medio.
“Exacto. Y no pasó. Y el regionalismo nuestro nada más no, el regionalismo de las ciudades que nos jactamos de tener un casco urbano histórico. El más grande, bonito e importante es Ponce después de San Juan, pero hay otros”, respondió Zayas Seijo.
Finalmente, la Ley 212 fue derogada con la aprobación de la Reforma Contributiva de 2020.
Una ley destinada al fracaso
Sin minimizar cómo la política pública y partidista menoscabó la ley con el paso de los años, el economista Luis Rey Quiñones Soto trajo otro elemento a la discusión sobre la muerte de la Ley 212: que fue concebida en un mal momento y que estaba destinada al fracaso.
“La intención era correcta. Lo único es que las circunstancias no eran las adecuadas para hacer posible eso. No es un problema de deseo solamente, sino de condiciones económicas que tiraron por la borda el recién nacido”, apuntó.
Según explicó, la caída de la banca en los albores de la profunda crisis económica que todavía se extiende hasta hoy no iba a permitir que el objetivo del estatuto se cumpliera.
“De 1990 en adelante, las empresas de inversión externa directa estadounidense, las llamadas farmacéuticas, habían derramado sobre la economía del país en capital de préstamo… $14 mil millones, financiando, específicamente, la construcción”, recordó. “En consecuencia, en Puerto Rico hubo un disparo de la construcción de vivienda y comercios. Se construyeron viviendas de más y caras también”.
Cuando estas empresas se fueron de la isla en el 2005, explotó la crisis.
“Y se desarticula no solamente la base económica del producto interno bruto mayor, sino que se desarticula la base prestataria del país. Eso va a pasar y va a tener reflejo en la banca”, puntualizó Quiñones. “La banca, por lo tanto, ya no podía prestar”.
La crisis afloró en el 2005, tres años después de aprobada la ley, y aunque se pudieron materializar varios proyectos, el objetivo nunca pudo marchar óptimamente.
“En el momento en que se va a construir, la banca no puede creer, porque no tiene los fondos, se ha desarticulado, se ha ido a pique, y entonces está en ese proceso de desconfianza de ella misma”, sostuvo.
“Proyectos pequeñitos los tomaron más o menos, con el susto que les correspondió, porque estaban bien colaterados. En el caso de Pedro Ortiz Álvarez, tenía propiedades de más y entregó, pero los que no tenían colaterales no podían hacer nada”, comentó sobre el abogado que adquirió y rehabilitó numerosas propiedades en el centro urbano de Ponce.
La falta de confianza de las entidades financieras, agregó, “no deja que se construya mucho más porque la banca no está dispuesta a prestar aun con el colateral del Departamento de Hacienda, porque el Departamento de Hacienda viene perdiendo recursos también”.
Cabe señalar que el crédito se otorgaba una vez finalizada la obra de construcción. De acuerdo con cálculos de Quiñones, en promedio, ello tomaba dos años.
“Entonces, están las condiciones reales, objetivas, para que no exista la confianza del préstamo para financiar los objetivos de la Ley 212 en Puerto Rico. Existen un montón de variables, de fundamentos económicos, que no hacen posible que la Ley 212 pueda llevarse a cabo”, sentenció.
A eso se suma que los recaudos del gobierno comenzaron a descender, a partir de la segunda mitad de la década del 90, lo que dificultaba sufragar los créditos contributivos de la Ley 212.
¿El gobierno no podía mantener los incentivos?, se le preguntó.
“No estaba en condiciones”, aseveró el economista.
(Próximo de la serie: Ponce “necesita” un proyecto de ciudad)
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