(Primero de una serie) En un periodo de siete años, 43 proyectos de infraestructura, la mayoría de ellos residenciales, se completaron en el centro urbano de Ponce tras la concesión de $22.3 millones en créditos contributivos otorgados bajo la Ley 212.
De acuerdo con el estudio “Ley 212: inversión y crecimiento, el caso de Ponce”, elaborado por el economista Luis Rey Quiñones Soto, la inversión privada para esos proyectos ascendió a $28.9 millones y como resultado se añadieron 145 nuevas viviendas al corazón de la ciudad.
El grueso de esas construcciones ocurrió entre los años 2005 y 2009, bajo la incumbencia de Francisco Zayas Seijo en la alcaldía.
“Para Ponce fue exitoso”, afirmó sin titubear Zayas Seijo, a preguntas sobre el impacto de la denominada Ley de Revitalización de los Centros Urbanos aprobada en el año 2002.
Esa incipiente bonanza se ajustaba al objetivo del estatuto, que fue impulsado por el exgobernador ponceño Rafael Hernández Colón mientras su compueblano Rafael Cordero Santiago era alcalde de Ponce y Sila María Calderón gobernaba el país.
Hernández Colón vivía y tenía su oficina en Ponce, y para ese tiempo planificaba levantar su fundación en este municipio.
“Esa ley es hija de Rafael Hernández Colón y la hizo pensando en los cascos urbanos, específicamente, en Ponce, aunque también ayudó a San Germán y Caguas”, recordó Zayas Seijo en entrevista con La Perla del Sur. “El propósito de la ley era que la gente pudiera invertir y construir en los cascos urbanos”.
¿Qué ofrecía?
Para promover esa revitalización, la ley otorgaba a desarrolladores el 100 por ciento de créditos contributivos por la construcción o rehabilitación de residencias y comercios.
También fomentaba la creación de estacionamientos y premiaba la generación de empleos a tiempo completo, así como la mudanza de oficinas con un mínimo de 50 empleados al centro urbano.
Además, a las entidades financieras que otorgaran préstamos para el financiamiento de estos proyectos se otorgaba una exención de 100 por ciento del interés recibido sobre dichos préstamos.
“Esto era un negocio redondo. El municipio te aprobaba $1 millón para unas mejoras, cogías ese millón, ibas al banco y te daban el 85 o 90 por ciento. Entonces, el banco cogía el descuento en el mismo año y la persona cogía el dinero y se ponía a hacer la obra”, explicó. “Estaba súper garantizado”.
Ese tratamiento privilegiado no era casualidad, pues la ley se concibió pensando en Ponce, que luchaba por concluir su principal proyecto de rehabilitación urbana.
“Yo creo que la Ley 212 fue el último paso del Plan Ponce en Marcha. Creo que los $500 millones que se invirtieron en Ponce con Hernández Colón y Cordero Santiago estaban predicados en esa revitalización. La Ley 212 está predicada en esa inversión ya hecha”, planteó el economista Quiñones Soto en una conversación con este medio.
¿Qué se hizo?
Zayas Seijo dijo que implementó una política pública municipal que favorecía estos desarrollos, por lo que -además de orientar a los proponentes- les cubría el costo de los planos.
“El Fox Delicias se hizo con una aportación (de la Ley 212) y abrió simultáneamente a la Escuela de Arquitectura (de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico), porque necesitaban hospedaje. El edificio que está frente al Museo de la Historia de Ponce y los edificios de la calle Comercio hasta la Isabel, que son del licenciado Pedro Ortiz Álvarez, todo eso se hizo, incluyendo los apartamentos que hay allí”, detalló.
“Todo eso se rehabilitó con la Ley 212, incluyendo su bufete, y se invirtieron casi $10 millones”, añadió.
Asimismo, se crearon varios complejos de vivienda de estilo walk-up, casas en Bélgica, estacionamientos como el de la intersección de las calles Mayor e Isabel, y el Hotel Ramada, que posteriormente pasó a llamarse Ponce Plaza.
“Yo dije que la política pública era rehabilitar el casco urbano y la manera de rehabilitarlo era traer vivienda. De hecho, subimos de 2 mil y pico de personas viviendo en el casco urbano a casi 4 mil en esos cuatro años”, aseguró.
Igualmente, el ayuntamiento se benefició con el aumento en recaudos por concepto del arbitrio de construcción, que era el cinco por ciento de la inversión.
“Yo recogí un montón de dinero en arbitrios. Cuando yo llegué, los arbitrios eran $3.5 o $4 millones. Mi último año fueron $14 millones y gran parte de eso fue por la Ley 212”, sostuvo.
El crédito contributivo se otorgaba cuando la obra finalizaba. Según el economista Quiñones Soto, ello tomaba dos años, en promedio. En ese lapso, puntualizó, la economía se beneficiaba mediante la compra de bienes en comercios locales y la contratación de servicios profesionales para la ejecución de las obras.
En su estudio, Quiñones Soto también estipuló que por cada dólar de crédito contributivo concedido o a conceder, la economía recibía de manera directa $1.18 centavos, 27 de los cuales iban a las arcas del gobierno.
Sin embargo, calificó como “pocos” los empleos que generó esta ley.
Súbita caída
La aspiración a una transformación de envergadura en el centro urbano de Ponce duró poco, pues la implementación de la Ley 7 de Emergencia Fiscal del exgobernador Luis Fortuño Burset detuvo en el 2009 la concesión de los créditos contributivos de la Ley 212.
El estudio de Quiñones Soto, que cita datos de las oficinas de Ordenación Territorial y Permisos de la alcaldía ponceña, establece que para el inicio del año 2009 había 32 proyectos en etapa de construcción con una inversión de $28.9 millones y créditos por $22.2 millones. Se supone que estos crearían 108 viviendas.
Además, había 148 proyectos en alguna etapa de permisos. Con una inversión estimada en $155.6 millones y créditos ascendentes a $119.7 millones, estos agregarían 804 viviendas al centro histórico de la ciudad.
Quiñones Soto confirmó que no llegó a actualizar su estudio luego de que las políticas del gobierno central inutilizaran la ley. Mientras, el Gobierno Municipal de Ponce ni el Departamento de Hacienda habían informado, al cierre de este reportaje, cuántos proyectos recibieron créditos contributivos en la ciudad, el monto de los mismos y el total de la inversión privada.
(Próximo de la serie: ¿Qué mató a la Ley 212?)
