Los médicos de Physician Correctional que dieron el visto bueno para la excarcelación del convicto Hermes Ávila Vázquez no leyeron el expediente que este tenía en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), donde se le diagnosticó paraplejia luego de un accidente laboral.
Y tampoco le realizaron radiografías para corroborar que, en efecto, el convicto por asesinato no podía caminar.
La información salió a relucir ayer, miércoles, en una vista pública de las Comisiones de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción, y de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado. Ambas investigan el proceso de excarcelación de Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25 de 1992, luego de que este fuera imputado de cometer un feminicidio en abril pasado en Manatí.
Physician Correctional es la empresa contratada por el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) para evaluar médicamente a la población penal. La médica de familia Deborah Arús Rosado, empleada de esa compañía, fue la responsable de evaluar a Ávila Vázquez como parte del proceso de solicitud del pase extendido.
Arús Rosado confirmó bajo juramento que no le solicitó a la CFSE el expediente médico del reo y que se limitó a leer las notas y recetas médicas que los profesionales de esa agencia habían producido. La doctora tampoco ordenó la realización de nuevos laboratorios ni radiografías para certificar el diagnóstico de paraplejia por considerar que “no era necesario”.
La evaluación médica para la salida de Ávila Vázquez se llevó a cabo el 9 de agosto de 2021.
Luego de que el senador Rafael Bernabe le preguntara cómo confirmó que Ávila Vázquez no podía caminar, Arús Rosado respondió que le hizo una prueba física.
Reiteró que su evaluación validaba el diagnóstico de paraplejia y que la decisión de certificar al paciente como incapacitante había sido su propio “juicio”.
El único contacto con la CFSE fue una llamada telefónica que Arús Rosado le hizo al doctor Eduardo Nadal, quien labora para esa dependencia.
“Yo vi el estudio del Fondo del Seguro del Estado y confirma que no hay evidencia de fracturas ni nada incapacitante. Puede ser una condición limitante, pero no incapacitante”, le dijo a la deponente el senador José Vargas Vidot.
Además, a preguntas de la senadora María de Lourdes Santiago, Arús Rosado aceptó que no leyó la Ley 25 ni los reglamentos que rigen la excarcelación de un confinado.
A la vista pública también comparecieron los integrantes del panel médico que analizaron el expediente de Ávila Vázquez, luego de la evaluación realizada por la doctora Arús Rosado.
Estos fueron Gladys Quiles Santiago, quien al momento de la excarcelación del reo el 19 de abril de 2023 era la directora del Centro Médico Correccional del DCR; Cristóbal Antron Ávila, Pedro A. Pérez Arrindell y Jeffry González.
Todos son médicos generalistas y confirmaron en la vista pública que desconocían las disposiciones de la Ley 25.
Los cuatro médicos, asimismo, señalaron que no sabían que a Ávila Vázquez se le había negado el pase extendido en tres ocasiones previas.
Con la recomendación de este panel médico, la empleada Celia Cosme, del DCR, autorizó la excarcelación de Ávila Vázquez.
El reo cumplía una sentencia de 122 años de prisión por asesinato, secuestro, agresión sexual y violación a la Ley de Armas desde el 14 de febrero del 2005. Un año después de su excarcelación, presuntamente mató a Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí.
Desde su arresto y posterior acusación, ha caminado sin dificultad.
