Contrario a lo estipulado por la Ley 240, la transferencia del Puerto de Las Américas (PLA) Rafael Cordero Santiago a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP) no concluyó el 31 de diciembre de 2023.
El estatuto, aprobado en el 2011, cedió a la APP la coordinación y supervisión del financiamiento, la operación, el mantenimiento y la administración del PLA. En esencia, el Gobierno Municipal de Ponce manejará el PLA a través de la APP, que es una corporación adscrita a la alcaldía, pero con personalidad jurídica separada e independiente.
Con el objetivo de que el ayuntamiento pudiera tener control absoluto de la instalación, la Ley 240 otorgó un periodo de 10 años para que la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico (Pridco), la Compañía de Comercio y Exportación (CCE), y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) transfirieran sus activos a la APP con el título limpio y sin gravámenes.
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón (actualmente suspendido), se comprometieron en el 2022 a adelantar la transferencia por considerarla un asunto prioritario para la ciudad y la región sur. Sin embargo, aunque desde el verano pasado la APP cobra el dinero que se devenga de la renta de esas propiedades, todavía no se ha finiquitado la titularidad de los activos y aún quedan deudas por saldar.
Aun así, el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda, estimó que la transferencia se completará “en los próximos 90 días”.
Esta dilación ha causado, por otra parte, que el Municipio de Ponce todavía no tenga el control absoluto de la junta de directores de la APP, como se supone que ocurriera al 1 de enero de este año. Por tanto, Cidre Miranda todavía comparte la copresidencia de la junta con la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez.
¿Se incumplió la ley? “Pudiera ser”
“Todavía hay que mover unas titularidades que pertenecen a la otrora Autoridad de Ponce, que era mejor conocida como la Autoridad del Puerto de Las Américas, y también hay una serie de situaciones que atender, como facturas de luz, facturas de agua, entre otras”, indicó Cidre Miranda en entrevista con La Perla del Sur.
“Tanto el municipio como la Autoridad del Puerto de Ponce ya están trabajando en eso para unificar y finalmente, en algún momento del 2024, traspasar el 100 por ciento de toda la dependencia del puerto al Municipio de Ponce”, prosiguió.
Más adelante, el funcionario agregó que “es cuestión de finiquitar el traspaso, que yo estoy completamente convencido de que debe hacerse en los próximos 90 días”.
¿Esto no supone un incumplimiento con la Ley 240?, preguntó este medio.
“La realidad es que pudiera ser, pero la verdad de todo es que ha habido unas situaciones registrales que se han tenido que atender”, planteó. “Lamentablemente, nuestro sistema de registro no está actualizado y tuvimos grandes retos en esa dirección, pero no veo razón por la cual (no) poder justificar cualquier retraso, porque la gran mayoría de los trabajos de traspaso ya están finiquitados y listos para hacerse”.
Cidre Miranda insistió además que el proceso ha sido complejo por su magnitud.
“O sea, estamos hablando de una transferencia grande que requiere muchos componentes y que, si por mí fuera, lo hubiésemos hecho en julio de 2023, que era lo que el señor gobernador quería y con lo que el señor alcalde en aquel entonces (Luis Irizarry Pabón) también estaba de acuerdo. Pero, obviamente, al surgir situaciones como esta (se) dilatan los procesos”, sostuvo.
“No obstante, yo le puedo asegurar a todo el pueblo de Ponce que eso no tiene vuelta atrás, que eso va en línea con la ley y que estamos en espera de finiquitar los asuntos que quedan pendientes, que no son muchos, para culminar la propiedad”, añadió.
En una entrevista previa, el director de Planificación y Desarrollo Económico de la alcaldía, Jean Paul González Santini, había dicho que la transferencia se trabajó, básicamente, durante esta administración municipal.
“Todo lo que pasó en la APP viene de los últimos tres años”, aseveró.
“Casi todos los criterios que había que hacer se dejó para lo último y en estos últimos tres años es que se han completado la mayoría de los procesos en colaboración con el director ejecutivo (Héctor Agosto), con los directores y las agencias estatales”, expuso.
“De los 10 años, en los últimos tres años es que se ha hecho casi todo el trabajo que estipulaba la ley”.
Sigue el poder compartido
La Ley 240 le daba a la alcaldía la opción de continuar operando la franquicia del Puerto de Ponce a través de la APP y tener un control casi absoluto de su junta de directores, para lo cual tenía que aprobar una ordenanza municipal. La administración de Irizarry Pabón ejerció esa prerrogativa y aprobó la Ordenanza 1 de la serie 2022-2023 en octubre de 2022.
Durante el periodo transicional de 10 años, la junta de directores de la APP estuvo conformada por tres directores nombrados por el gobernador, tres directores nombrados por el alcalde, un director nombrado por consenso de ambos (vacante), y el alcalde y el secretario del DDEC como copresidentes.
Se supone que, al 1 de enero de este año, la alcaldesa interina de Ponce se convirtiera en presidenta de la junta, nombrara a una persona para la vacante actual y llenara las vacantes que surgieran en el futuro. El secretario del DDEC, por mandato de la Ley 240, se convertiría en director ex officio con derecho al voto o sería sustituido por otra persona con el consentimiento del gobernador de turno.
La administración de Irizarry Pabón optó por dejar al secretario del DDEC como director ex officio. No obstante, como la transferencia no ha concluido, Cidre Miranda continúa reclamando sus facultades de copresidente y así se proyectó el pasado jueves durante una reunión de la junta de directores de la APP.
“Yo soy el presidente de la junta y copresido la junta con la alcaldesa, sin pretender ser el presidente y ella la copresidenta, o ella la presidenta y yo el copresidente. Esa junta tiene dos presidentes que ambos se complementan en la copresidencia”, manifestó.
“La idea, una vez estas facilidades se traspasen completamente al municipio de Ponce, definitivamente, es que el presidente de la junta es el alcalde del municipio”.
La alcaldesa interina, por su parte, confirmó que “en efecto, hay una ordenanza aprobada, pero sí, fuimos los dos en calidad de copresidentes a la reunión”.
“Creo que estamos en ese proceso de transición y yo quiero darme ese espacio y darle el espacio a él (Cidre Miranda), por respeto también de esa transición, pero sabemos que en efecto se va a aplicar la ordenanza que ya está en vigor”, señaló Sifre Rodríguez.
La funcionaria agregó que, como parte de la transición, se acordó actualizar los reglamentos internos de la junta para que reflejen las disposiciones de la ordenanza municipal sobre la presidencia y la participación del director ex officio.
“Se creó un comité de reglamento presidido por mí para evaluar todos los reglamentos y yo propuse una reunión inmediata con la Junta Administrativa del Muelle (que manejaba el PLA y ahora se disolverá), con la junta nuestra de la APP para hablar de las finanzas y las deudas”, indicó.
La junta de directores de la APP es integrada por Héctor A. Santini Umpierre, Luis A. Alvarado Cintrón, Vivian Y. Puig González, José Reyes, Fernando Cruz y Vivian Asad.
