La carbonera AES Puerto Rico deberá pagar una multa de $71,845 por incumplir con el manejo adecuado de sus cenizas de carbón y con el monitoreo de aguas subterráneas contaminadas por este desecho tóxico, reveló hoy la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA).
La infracción se suma a otra de $3.1 millones impuesta por la misma agencia el pasado mes de agosto, a causa de reiteradas violaciones a la Ley Federal de Aire Limpio.
Mediante declaraciones escritas, Lisa F. García, administradora regional para esta agencia, describe que esta empresa ni sus directivos cumplieron con informar “oportunamente los resultados de los análisis” del monitoreo de aguas subterráneas, ni notificaron al público las concentraciones significativamente elevadas de químicos tóxicos y cancerígenos detectados en el acuífero bajo su montaña de cenizas, en el barrio Jobos de Guayama.
Como reveló el pasado mes de junio otra investigación de La Perla del Sur, durante los pasados seis años concentraciones peligrosas de molibdeno se han filtrado en densidades “sorprendentemente elevadas” al agua subterránea del lugar, lo que ha sido certificado por el geólogo Mark A. Hutson, titular de la firma Geo-Hydro.
Simultáneamente, la montaña de cenizas ha liberado concentraciones peligrosas de otros elementos al subsuelo y al acuífero del área, como litio, selenio y arsénico.
Ejecutivos de AES Puerto Rico, sin embargo, han minimizado estos datos y adoptado falsas representaciones en informes oficiales a la EPA.
En su declaración, la administradora García también advierte que AES Puerto Rico no ha cumplido con la obligación de monitorear dos veces al año ciertos pozos de agua subterránea: pozos en los que se han detectado concentraciones peligrosas de algunos metales pesados y químicos peligrosos.
“Las cenizas de carbón, que se producen a partir de la quema de carbón para obtener energía, producen un gran flujo de residuos industriales (por volumen) y contienen ciertos contaminantes que se conoce causan cáncer y otros efectos graves a la salud”, reconoce la agencia en el comunicado difundido este jueves.
“Todas las personas merecen igual protección bajo el marco legal ambiental y la EPA trabaja para asegurar dicha protección a las comunidades afectadas por la instalación de AES en Puerto Rico”, comentó además la administradora García.
Sobran los motivos y causales legales para imponerle mayor cantidad de multas, procesar a sus directivos criminalmente y removerles el permiso de uso. A todas luces, la carbonera AES Puerto Rico, está y ha actuado de mala fe y con la intención de incumplir con las leyes federales y estatales.