Vanessa Uriarte Centeno deseaba que la entrevista se realizara sobre un campo de batalla ganado por la gente, por los puertorriqueños. Su simbolismo lo explicaría sobre la marcha.
Sus pasos concluyeron en un predio de 14 mil metros cuadrados donde al cierre del año 1999 se pretendía construir un condominio de 12 niveles, con 179 apartamentos de lujo y 485 espacios para estacionamiento. Se llamaría Princesa del Mar y su huella ocuparía desde zona marítimo terrestre hasta calles de uso y dominio público.
Tras repetidos enfrentamientos en el lugar y los tribunales, la zona de conflicto entre desarrolladores, vecinos y activistas ambientales es ahora el bosque costero y skate park del sector Punta Las Marías en San Juan, una ventana al mar donde árboles y palmeras coexisten con algunos vestigios del edificio. Entre ellos, esqueléticas columnas de metal enterradas en la costa y pilares de cemento que han sido transformados en lienzos para obras de arte urbano.
“Este es uno de tantos lugares que ha sido objeto de luchas y victorias comunitarias que no necesariamente recordamos, porque se han transformado en espacios públicos”, puntualizó Uriarte, quien por los pasados 12 años ha sido voluntaria y directora del colectivo Amigxs del M.A.R..
“Este es un espacio ganado por la gente, pero eso no resolvió el problema”, puntualizó. “Hay muchos más espacios costeros en controversia, bajo amenaza, como evidencia el Mapa de Costas”.
Ideado por la joven geógrafa Gabriela Vélez Agosto y desarrollado por la organización ecologista, el mapa es una herramienta interactiva creada para visibilizar, cuantificar y contextualizar la privatización en litorales de la isla, para concienciar al pueblo sobre este “problema de país” e impulsar legislación que ponga fin a prácticas acaparadoras.
“Porque esto no está ocurriendo solo en Rincón o Dorado. Esto lo está sufriendo el país entero y no todo el mundo tiene claro que las playas son del pueblo”, puntualizó.
Los hallazgos
Tras abrir a participación pública la herramienta electrónica, registrar querellas durante un mes y validar cada una de forma presencial, Amigxs del Mar recopiló 231 denuncias en 39 de los 44 municipios costeros de Puerto Rico, incluyendo a Vieques y Culebra. Estas alertaban sobre el cierre de accesos a costas, al igual que de construcciones y venta de terrenos que propician bloqueos y laceran ecosistemas playeros.
Además, por cada querella la entidad ecologista identificó al menos otras cinco violaciones a normas y reglamentos ambientales vigentes en sus viajes de campo, lo que apunta a más de mil denuncias constatadas.
Este hallazgo, sin embargo, no conmocionó tanto a Uriarte Centeno como la revelación de lo que está ocurriendo al sureste de Puerto Rico, entre los municipios de Patillas y Yabucoa.
“Cuando hablamos de este problema, nuestra mente siempre nos dirige al área norte o el oeste y la realidad es que donde encontramos más denuncias consecutivas, mayor densidad de casos, fue en la costa del sureste, lo que después de un análisis concluimos que no es casualidad”, expuso la activista ambiental.
“Allí está ocurriendo un acaparamiento de propiedades por parte de extranjeros que están comprando y reconstruyendo edificaciones destruidas por los huracanes y donde están haciendo nuevos deslindes, muchos de ellos sin permisos ni fiscalización”, agregó.
“Esa es un área a la que nunca tendemos a mirar como país. La hemos obviado y, como demuestra el mapa, allí la situación está más crítica que en otros puntos”, subrayó. “Es impresionante verlo en el mapa”.
Esta realidad, admitió, está pasando factura no solo a la libre movilidad de residentes locales y visitantes, sino en la salud mental de quienes han vivido durante generaciones en estas localidades.
“Lo que más me sobrecogió son las historias, lo que la gente nos dijo. Ese sentimiento de frustración, porque son personas que normalmente visitaban estos espacios o que viven en estos espacios. Son personas que lo sienten y sufren como una tragedia”, agregó.
Otro hallazgo significativo, anotó, ocurrió en Vieques. Allí, junto a la comunidad y voluntarias de La Colmena Cimarrona constataron la apropiación -por parte de extranjeros- de espacios que conducen a costas, la apropiación de playas e, incluso, cómo han intentado cambiar de nombre esos parajes públicos.
En resumen, el mapa ha permitido visibilizar 38 bloqueos o cierres de acceso a playas, 33 casos de remoción de vegetal o terreno en costas y la construcción de 67 proyectos frente a playas, entre otros hallazgos.
Segunda fase en camino
Su validez, empero, no termina allí. Como adelantó Uriarte Centeno, el Mapa de Costas se reabrirá a denuncias durante el segundo semestre de este año, lo que podría amplificar y clarificar la magnitud de prácticas ilegales de acaparamiento de bienes públicos, al igual que de violaciones a los ordenamientos de la Junta de Planificación que establecen que cada 400 metros tiene que existir un acceso público a zonas costeras.
“El año próximo, la organización Amigxs del Mar cumple 30 años y este es el primer proyecto de esta magnitud que encaminamos”, expresó la líder. “Queremos mejorarlo e, incluso, asociarlo a otros mapas que se desarrollan actualmente, como el de erosión de costas”.
Al segundo ciclo de denuncias, confesó, desean sumar otra investigación en el futuro cercano.
“Nos estamos moviendo a trabajar un estudio sobre la relación entre la salud mental y la crisis climática, más enfocado en la parte de dónde estamos como país después de un María, los terremotos, la pandemia y de cara a lo que seguirá ocurriendo”.
Esto, explicó, arrojará más luz sobre los efectos persistentes, aunque intangibles, de los problemas que pone al relieve el mapa.
La agencia causante y responsable de todos esos problemas son las Oficinas de Permisos Municipales. Es una agencia politizada y extremadamente corrupta. Las comunidades afectadas debieran de exigir investigaciones incisivas y exigir el cumplimiento de la ley con relación a los delitos de incumplimiento del deber, venta de influencias, etc y que los empleados responsables, sean o no gerenciales, sean despedidos y penalizados, que lo mismo aplique a los alcaldes y demás esbirros.