Tras conocerse que el Departamento de Justicia recomendó hoy la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, la reacciones han sido inmediatas.
Según Justicia, Irizarry Pabón presionó a subalternos para que aportaran al pago de un préstamo personal, cuyo propósito fue sufragar parcialmente los gastos de su campaña política.
A juicio de José Hernández Lázaro, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Legislatura Municipal de Ponce, “la situación se está volviendo insalvable para el alcalde”.
“En momentos donde el país está viendo, a través del juicio del exalcalde de Guaynabo Ángel Pérez, cómo está proliferando la corrupción en los municipios, Ponce vuelve a la atención mediática nacional y no por las razones que nosotros quisiéramos”, expresó Hernández Lázaro.
“Esto es la reiteración de lo que ya se viene señalando hace múltiples meses en el municipio de Ponce: el uso de presión e intimidación para que se hagan donativos o aportaciones a la campaña electoral o al comité de campaña del alcalde”, continuó.
“Esto crea la necesidad de que el alcalde pueda hablarle de frente y con honestidad al pueblo ponceño, para ofrecer su versión sobre lo que está pasando y sobre las cosas que se le imputan. Solo así se pueden tomar las acciones para garantizar que en el Municipio de Ponce haya transparencia y una rendición de cuentas que minimice -en la medida que sea posible- el impacto que todo esto pueda tener sobre los empleados y empleadas del municipio y los servicios a la ciudadanía”, añadió.
El referido de Justicia a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente surge en medio de otra controversia vinculada a la administración de Irizarry Pabón: las recientes expresiones homofóbicas de la primera dama de Ponce, Miyady Velázquez Pagán, y denuncias de discrimen contra la comunidad LGBTQ+ en la Alcaldía de Ponce.
A preguntas de si favorecería que el alcalde renuncie a su cargo, Hernández Lázaro no fue categórico.
“Creo que la renuncia no debe ser necesariamente atada a esto. Podría ser y es un mecanismo que está disponible y que podría ayudar a ir salvando esto, pero la decisión la tiene el alcalde al final del día, si decide si es el momento de renunciar o no”, dijo.
¿Aval al inversionismo político?
Por otra parte, Hernández Lázaro denunció que tres proyectos legislativos de su autoría, creados para atajar prácticas de inversionismo político en el ayuntamiento ponceño, permanecen engavetados en la Asamblea Municipal, desde marzo de 2021.
Según explicó, dos de ellos buscan enmiendas al Reglamento de Empleados de Carrera y al Reglamento de Medidas Disciplinarias del ayuntamiento, para prohibir que se requieran donativos a empleados o contratistas, y para tipificar las sanciones correspondientes por dichos actos.
“Como parte de los primeros proyectos que presenté en el 2021 en la Legislatura Municipal, había dos medidas para atender este tipo de conducta”, narró a La Perla del Sur.
“Uno no puede prohibir que una persona decida aportar a una campaña. Ese es su derecho. Pero lo que sí está mal y que buscaban atender estos proyectos era evitar que mediante presión se le dijera a funcionarios municipales que tienen que hacer una aportación, que es precisamente lo que se está imputando en este momento”, dijo Hernández Lázaro.
“Existen unas prohibiciones a nivel del Gobierno Central, que aplican también a los municipios, pero desde el punto de vista del reglamento de empleados de carrera y de confianza del municipio, no existía una prohibición de ese tipo de conducta”, continuó.
“Si una persona se sentía que estaba siendo presionada a hacer algún tipo de donativo, no tendría en el Municipio de Ponce un mecanismo para levantar ese señalamiento y que se tomaran las medidas para atenderlo”, argumentó. “En ese sentido, lo que buscamos fue hacer disponible otras herramientas y recursos a los empleados en el Municipio de Ponce”.
Asimismo, un tercer proyecto -que pretende prohibir que donantes de campaña puedan tener contratos de servicio en el ayuntamiento- también ha sido desatendido por la Legislatura Municipal de Ponce, sostuvo el portavoz del MVC.
“A pesar de que estos proyectos se presentaron en marzo de 2021, todavía están engavetados y no se le ha dado ningún tipo de trámite. Uno ya entiende por qué”, declaró Hernández Lázaro.
“Yo espero que esto logre reiterar la urgencia de establecer mecanismos para evitar este tipo de problema”, abundó. “Un asunto como este nos debe invitar a reflexionar sobre los problemas que estamos teniendo y en las cosas que se está fallando en los municipios, y qué medidas podemos tomar para corregir estas situaciones”.
