“Este rompecabezas no lo había podido terminar y hoy llegó la pieza final que lo completa”, sentenció el exrepresentante Luis Raúl Torres Cruz tras conocer el nuevo aviso de dragado en la bahía de San Juan.
Esa pieza, afirmó, es el almacén flotante de gas natural licuado (GNL) que New Fortress Energy intenta anclar allí y que encaja a la perfección con la reestructuración por quiebra de la empresa, con los contratos de gas que la sostienen y con lo que describe como “la encerrona” gubernamental para atar ese combustible al sistema eléctrico de Puerto Rico por los próximos años.
Para Torres Cruz, ahora todo cobra sentido.
“La pieza final”, argumentó, cuadra con el dragado que New Fortress gestiona a toda prisa en los muelles de su terminal de manejo de combustible en Puerto Nuevo, ya que ese proyecto abre las compuertas para que la Autoridad de Energía Eléctrica sostenga financieramente a una matriz en situación de insolvencia y consolide a Puerto Rico como su salvavidas, gracias a un paquete de contratos de gas que obligan al país a multiplicar el consumo de combustible aunque la demanda real no lo justifique.
Según explicó, en el corazón de ese esquema está el acuerdo de suministro por siete años, valorado en $4,000 millones, que exige a la isla comprar un volumen mínimo de gas todos los años bajo una cláusula que obliga al país a pagar por el gas contratado, aunque no se consuma, con facturas multimillonarias por producto que nunca se use.
Esa combinación, advierte, convierte al propuesto almacén flotante en algo más que mera infraestructura portuaria: es la pieza logística que hace viable el plan para quintuplicar las ventas de gas en Puerto Rico y el eslabón que faltaba para explicar, un año después, por qué la administración de la gobernadora Jenniffer González eliminó las metas intermedias de transición eléctrica del 40 por ciento de renovables para 2025 y 60 por ciento para 2040.
“Y no olvidemos que cuando Jenniffer González era comisionada residente anunció junto a un congresista que quería convertir a Puerto Rico en un hub de gas metano, en un gran centro de almacenamiento y distribución de este combustible, con la intención de que el mismo se pudiera mercadear y proveer a países del Caribe y Suramérica”, continuó Torres Cruz.
El exlegislador alude a la propuesta que la actual gobernadora presentó en marzo de 2019 junto al entonces congresista republicano Ted Yoho, durante la primera Cumbre de Gas Natural Licuado celebrada en San Juan.
En esa ocasión, González Colón declaró que su “plan estratégico” consistía en aprovechar la posición geográfica de la isla para recibir barcos de gran escala con gas extraído en los Estados Unidos, almacenarlo en terminales locales y posteriormente reexportarlo en barcos más pequeños o contenedores criogénicos hacia países vecinos de las Antillas y Sudamérica.
La gobernadora replanteó este escenario en octubre de 2025, en Montana, durante el Big Sky, Bright Future Economic Summit, cuando -como reseñó el Centro de Periodismo Investigativo– respondió a una pregunta del público reafirmando que Puerto Rico debe construir un puerto para el tráfico de gas natural: “Es lo que todos queremos”, contestó.
“Pero aquí viene la gran paradoja”, puntualizó Torres Cruz. “Para eso, el gobierno ha recurrido a una corporación que está en quiebra efectiva y que opera ahora bajo el control de sus acreedores”.
“O sea, el gobierno justificó la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, precisamente porque estaba en quiebra, para ahora entregar contratos multimillonarios de generación y suministro de combustible a una corporación que está peor”, continuó.
Para el exlegislador, todo esto configura lo que describió como la “socialización del riesgo”: New Fortress se queda con las ganancias y el control de la infraestructura, pero reparte entre los puertorriqueños el costo de sus decisiones financieras e, incluso, de sus posibles fallas operacionales.
“Lo que hicieron fue sacar a una corporación pública quebrada y traer una corporación privada que también está quebrada, pero con contratos que garantizan que si algo sale mal lo paga el pueblo”, resumió.
Asimismo, cuestionó el rol de la Junta de Supervisión Fiscal y del Negociado de Energía por haber permitido que se consolidara un esquema tan asimétrico, e insistió en que el gobierno debe garantizar que las empresas privadas a cargo de infraestructuras críticas tengan la solvencia necesaria para que una quiebra corporativa no termine convirtiéndose en un problema sistémico para todo el país.
Sin embargo, aclaró que este rompecabezas no es solo financiero, porque para quienes viven en las comunidades de Sabana, Amelia, Puerto Nuevo, Vietnam y los sectores costeros de la bahía, el propuesto dragado de los muelles y el plan para convertirlos en el “mega almacén” de GNL de la capital es una amenaza física concreta.
“Con más tráfico de barcos habrá más riesgo de escapes y explosiones en una zona densamente poblada. Y la primera tragedia ya está ocurriendo”, sentenció. “Todavía ninguna autoridad federal ni estatal se atreve a hablar de un sistema de emergencia y desalojo que nunca se diseñó para manejar ese volumen de combustible en la bahía de San Juan”.
“La pregunta ahora”, concluyó Torres Cruz, “es si vamos a seguir completando el rompecabezas de una empresa quebrada que usa a Puerto Rico como salvavidas, o si vamos a empezar a armar uno distinto, donde la bahía, la luz y la vida de la gente no dependan de un tanque de gas flotando frente a la capital”.
