El Departamento de Justicia (DJ) investiga varios casos relacionados con la venta de sistemas de placas solares, trascendió el jueves.
“Actualmente, la División de Delitos Económicos está litigando varios casos sobre fraude en ejecución de obras, explotación financiera y apropiación ilegal, relacionados con la venta e instalación de sistemas solares. Estos son algunos de los delitos más comunes vinculados a esta situación. Uno de los casos se encuentra en etapa de vista preliminar. El imputado es Gabriel López López, dueño de la Compañía Virtuosity, quien cobró sobre 133,000 dólares, pero nunca cumplió con la instalación”, informó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández en declaraciones escritas.
El 11 de julio, la fiscal Ileana Martínez Rosado presentó los tres cargos contra López López. Ese día, la jueza Melissa Santiago, del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, determinó causa para arresto y le impuso una fianza de 30,000 dólares al imputado. El contratista permanece con grillete electrónico.
“Estos casos se atienden en las fiscalías de los distritos judiciales a través de la isla, pero cuando exceden los 50,000 dólares o se trata de un esquema que se comete en diferentes regiones o municipios, se refieren a la División de Delitos Económicos”, explicó el secretario.
Hay otra investigación en curso que se está llevando a cabo en coordinación con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla del Negociado de la Policía, relacionado a la misma compañía Virtuosity y su propietario.
“Cabe destacar que los fiscales del Departamento de Justicia nos encargamos de procesar aquellos casos de índole criminal. Estos son aquellos en los cuales existe intención de defraudar; por ejemplo, cuando una persona se compromete a instalar el sistema, pero no tiene la intención de cumplir”, explicó el director de la División de Delitos Económicos del DJ, el fiscal Rodney Ríos Medina.
Los casos que no son de naturaleza criminal se atienden por la vía civil o administrativa. Por lo general, las querellas relacionadas con la garantía, mal funcionamiento o incumplimiento con alguna de las cláusulas del contrato pactado son atendidas por el Departamento de Asuntos del Consumir (DACO) o los tribunales entre partes privadas. En esos casos no procede la intervención del Departamento de Justicia.
“No obstante, si alguna agencia o entidad entiende que pudiera tener ante su consideración un caso con elementos de índole penal, debe remitir la información al Negociado de la Policía, agencia que realiza la primera etapa de la investigación y, posteriormente, consulta al Departamento de Justicia para la radicación de cargos. Es bien importante que todo referido cuente con la identificación de las partes y con información o evidencia que demuestre que existen motivos para intervenir a nivel criminal”, destacó Ríos Medina.
