Los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Zulma I. Fúster Troche están en proceso de elaborar el informe que contendrá su decisión de acusar o no acusar al alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntas violaciones de ley relacionadas con su campaña política de 2020.
El proceso investigativo concluyó el pasado 10 de octubre, y ese mismo día empezó a correr el periodo de 30 días que se les otorga a los fiscales para elaborar el informe final que será presentado al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Los 30 días finalizarán el jueves, 9 de noviembre. Sin embargo, los fiscales no están obligados a agotarlos completos.
Igualmente, podrían solicitar una extensión, pero ello solo ha ocurrido en circunstancias extraordinarias -como cuando se paralizaron los términos durante la pandemia de Covid-19-, según explicó a este medio el portavoz del PFEI, Luis De La Cruz.
Una vez el PFEI reciba el informe, se da por enterado de la decisión de los fiscales sobre acusar o no a la persona investigada.
“En ese informe, los fiscales dicen si van a presentar cargos en los tribunales o no, y la decisión suya es irrevocable”, indicó De La Cruz.
El PFEI procederá entonces a informarle la determinación a Irizarry Pabón. Si la decisión fuera acusarlo, como ocurre de ordinario, se coordinaría con sus representantes legales la comparecencia al tribunal.
Al momento de esa comunicación, solo se le informaría que será acusado, no se le precisarían los cargos.
Una vez en el tribunal, el proceso transcurriría como una acusación ordinaria, con la vista de Regla 6 en la que se determina si hay causa para arresto.
El PFEI designó a los fiscales Manuel Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz para investigar a Irizarry Pabón el 12 de abril de este año, luego de acoger la recomendación que a tales fines le hizo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
El 12 de julio venció el término inicial de 90 días que tenían Núñez Corrada, fiscal especial independiente, y Colón Ortiz, fiscal delegado, para completar la investigación.
Sin embargo, estos solicitaron tiempo adicional, lo que les fue concedido. Esa extensión venció el 31 de agosto. Al no haber terminado la pesquisa, se les concedió tiempo adicional hasta el 10 de octubre.
En ese proceso, Colón Ortiz fue despedido por el PFEI y se asignó al caso a la fiscal Zulma I. Fúster Troche.
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación se alegó que el alcalde ponceño le había solicitado a dos funcionarios municipales que recogiera aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para pagar, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Por estos hechos, la Oficina del Contralor Electoral le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres, multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
Léase que le van a “echar pajitas” al asunto y que se “están curando en salud” publicando mendacidades para engañar e inducir al pueblo a error…