Ignorando las advertencias de juristas y los reclamos de colectivos ecologistas, la gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley una medida que abre la puerta a la aprobación de permisos en suelos especialmente protegidos, cercena la capacidad de comunidades y organizaciones para impugnar judicialmente desarrollos en la isla y, según críticos, allana el camino al saqueo ambiental bajo la apariencia de legalidad.
Tras su firma, el polémico Proyecto de la Cámara 310 (PC-310) se convierte oficialmente en la Ley Número 82 de 2026, bajo el argumento de que detendrá la paralización de obras por litigios prolongados y brindará “certeza al momento de desarrollar proyectos de construcción de gran escala, lo que redundará en el desarrollo económico sostenido de Puerto Rico”, según el comunicado oficial emitido ayer por La Fortaleza.
La medida fue de la autoría de los representantes Jorge Navarro Suárez y Luis Jiménez Torres. Tanto en la Cámara como en el Senado, el trámite fue aprobado de forma acelerada por el bloque de mayoría novoprogresista, complaciendo los reclamos del sector desarrollador.
Como adelantó La Perla del Sur, su texto enmienda de forma directa la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico (Ley 161-2009) e introduce tres cambios fundamentales al ordenamiento legal de la isla:
- Fianza millonaria: Exige a ciudadanos y organizaciones comunitarias pagar una fianza obligatoria, no menor del 10 por ciento del valor total del proyecto, para poder impugnar cualquier permiso en foros administrativos o judiciales.
- Prueba de daño: Eleva la carga de prueba para los demandantes, quienes ahora deberán demostrar de manera rigurosa la existencia de un “daño inminente” para detener un desarrollo.
- Proyectos estratégicos: Habilita la otorgación de permisos en terrenos catalogados como Suelo Rústico Especialmente Protegido, siempre que el gobierno central o municipal clasifique la construcción bajo la designación de “proyecto estratégico”.
Portavoces de organizaciones ambientales y de derechos civiles anticipan batallas legales. Estos grupos plantean que la exigencia económica de la fianza anula el derecho constitucional de acceso a la justicia y desprotege los recursos naturales del país.
Hernaliz Vázquez Torres, directora de Sierra Club Puerto Rico, puntualizó que “hay bases jurídicas serias para cuestionarla”, ya que “una fianza fija y obligatoria puede violar el derecho de acceso a los tribunales que garantiza nuestra Constitución en el Artículo II, Sección 7”.
Su opinión coincide con el análisis de expertos en derecho constitucional.
“Ese proyecto de ley (ahora Ley 82) viola la política pública del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre acceso a la justicia, discrimina por razón de condición social y va en contra de la política pública constitucional de proteger los recursos naturales, por lo que debiera declararse inconstitucional en su momento”, sentenció el pasado 22 de abril el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez.
“Además, la Constitución de Puerto Rico también dispone en el Artículo II, Sección 4, que yo tengo derecho de pedir al gobierno la reparación de los agravios a través de los tribunales, pero si me van a poner un peaje, yo no puedo hablar. Si no busco miles o millones de pesos, ni siquiera puedo decir una palabra”, declaró por otra parte el abogado y cofundador de COAMAR, Martín González Vázquez.
La gobernadora González Colón firmó el PC-310 a pesar de que más de 400 personas y decenas de organizaciones le exigieron una reunión urgente, mediante carta entregada en La Fortaleza el 17 de abril.
El documento fue gestionado por el grupo Defiende a Cabo Rojo, un colectivo que reclama la denegación de permisos al megaproyecto hotelero y residencial de lujo Esencia. Este último conlleva la destrucción de terrenos costeros clasificados como Suelo Rústico Especialmente Protegido, además de impactos a decenas de yacimientos arqueológicos y una presión adicional sobre la ya inestable disponibilidad de agua potable en el municipio.
González Colón tiene vínculos con el arquitecto y diseñador de Esencia, Ricardo Álvarez-Díaz, quien fungió como coanfitrión de eventos de recaudación durante su campaña a la gobernación.
Para ver cómo votaron los miembros de la Cámara de Representantes al PC-310 el pasado 13 de noviembre, pulse aquí.
Para saber qué legisladores del Senado votaron a favor y en contra del proyecto el pasado 6 de abril, pulse aquí.
Para conocer los representantes que aprobaron y rechazaron el proyecto con enmiendas en la Cámara el pasado 13 de abril, pulse aquí.
Con este embeleco se completa nuestra Desgracia Colonial bajo el Régimen PNP de la Corrupción.
Gorda, fea y corrupta, que más se puede pedir…
Quienes votaron por ella están recibiendo su merecido, la destrucción de la Isla.