Cuando en el verano de 2019 el Centro de Periodismo Investigativo publicó las 889 páginas de un chat de Telegram creado por el entonces gobernador Ricardo Rosselló y 11 de sus asesores más cercanos, una frase en particular desató la indignación colectiva.
Su autor, el publicista Edwin Miranda Reyes, había escrito: “Vi el futuro… es maravilloso… no hay puertorriqueños”.
“Y ahora estamos ante un plan, un patrón claramente establecido, impulsado y desplegado, para conseguir aquello que se quería en ese infame chat”, afirmó a La Perla del Sur Beatriz Llenín Figueroa, portavoz del grupo Defiende a Cabo Rojo.
Sin rodeos, la activista denunció que el recién aprobado Proyecto de la Cámara 310 (PC-310) no solo fue hecho para allanar el camino al megaproyecto Esencia, sino para reclasificar terrenos históricamente protegidos en todo el país, blindar a los desarrolladores contra la fiscalización ciudadana y dejar a comunidades enteras sin armas legales para proteger sus tierras, sus costas y su salud.
Expedito
La medida, presentada por los representantes Jorge Navarro Suárez y José Jiménez Torres, pasó a La Fortaleza para la consideración de la gobernadora Jenniffer González Colón tras su aprobación legislativa el 13 de abril, luego de un trámite que opositores describieron como acelerado y sin amplio debate.
Pese a ello, el PC 310 tiene un efecto contundente sobre el acceso a los tribunales.
Como dispone su Sección 2, la propuesta de ley impondría una fianza equivalente al 10 por ciento del costo estimado del proyecto a toda persona o entidad que solicite un injunction, una orden de cese y desista o cualquier otro remedio judicial para detener una construcción con permisos gubernamentales aprobados.
Llenín Figueroa ilustró el absurdo con un ejemplo contundente.
“En pocas palabras, un pescador de Boquerón estaría obligado a pagar $200 millones de fianza para siquiera poner un injunction contra el megaproyecto Esencia que, sin lugar a dudas, va a dañar los sistemas marinos de la Bahía de Boquerón, donde él pesca, por dar un ejemplo”.
“Por lo tanto, impugnar una obra dejaría de ser un derecho real para convertirse en un privilegio”, continuó. “Un ciudadano, un comerciante pequeño o una organización comunitaria quedarían prácticamente desarmados ante proyectos que pueden afectar su entorno, su salud o su propiedad”.
El problema, sin embargo, no termina ahí.
El PC 310 también enmienda la Ley de Permisos de Puerto Rico para exigir que todo querellante demuestre al tribunal que el proyecto en construcción le provoca un daño “inminente” y no futuro, lo que deja sin remedio a personas potencialmente expuestas a perjuicios progresivos, como los que provocan emisiones tóxicas.
Por consiguiente, el proyecto convierte la protección legal de los ciudadanos en un campo minado: si el daño no es inmediato o no puede probarse de esa forma ante un juez, el Estado podría desentenderse hasta que sea demasiado tarde. Y si la persona afectada no tiene el dinero para cubrir la fianza, el PC 310 le quita a los jueces la discreción para hacer excepciones por indigencia o por el carácter cívico de la organización demandante.
“Todo esto sin contar lo que cuesta cualquier proceso legal en Puerto Rico, porque eso habría que sumarlo a la fianza”, advirtió Llenín Figueroa.
El golpe de gracia, sin embargo, está en la puerta trasera de la medida.
Su lenguaje permite a la Junta de Planificación reclasificar como suelo urbanizable terrenos antes catalogados como Suelo Rústico Especialmente Protegido, siempre que el gobierno estatal o municipal declare “estratégico” el desarrollo.
El propio PC 310 define este tipo de superficie como aquella que, “por su especial ubicación, topografía, valor estético, arqueológico o ecológico, recursos naturales únicos u otros atributos, se identifica como un terreno que no deberá utilizarse como suelo urbano”.
“Y Esencia ya consiguió el título de ‘proyecto estratégico’”, añadió la portavoz.
Este solo giro borraría de un plumazo una de las últimas defensas legales contra la expansión indiscriminada y desmantelaría las protecciones de terrenos de alto valor ecológico y agrícola, que quedarían expuestos a desarrollos residenciales y turísticos de lujo, incluso en áreas con protección especial.
Por consiguiente, las leyes de conservación quedarían subordinadas a la etiqueta de “estratégico”, un término que inversionistas y desarrolladores en Puerto Rico podrían convertir en sinónimo de “permiso para destruir”.
“Al final, lo que pretenden con este proyecto es incentivar que los llamados ‘desarrolladores’ hagan lo que les dé la gana en Puerto Rico”, sentenció Llenín Figueroa. “Por eso, estamos viendo un patrón sin precedentes de explotación de nuestros barrios, de nuestras comunidades y tierras a costa de sustitución poblacional”.
“Todo esto, en su conjunto, lo que definitivamente supone es una afrenta directa a la democracia, una restricción sumamente autoritaria, antidemocrática y muy alarmante de nuestros derechos ciudadanos y de nuestra protección en ley”, continuó.
Presión sobre La Fortaleza
Frente a ese escenario, más de 400 personas y decenas de organizaciones exigieron mediante carta entregada en La Fortaleza el 17 de abril una reunión urgente con la gobernadora, a quien también piden que vete la medida.
Aunque la gestión pueda parecer inútil ante las reiteradas afirmaciones de González Colón sobre la necesidad de “dinamizar la economía” y sus vínculos con el arquitecto y diseñador de Esencia, Ricardo Álvarez-Díaz -quien fungió como coanfitrión de eventos de recaudación durante su candidatura a la gobernación-, Llenín Figueroa insistió en que “el pueblo de Puerto Rico, tanto en las islas como en la diáspora, está atento, está alerta y, sobre todo, está combativo”.
“Que sepa que aquí no nos van a pasar el rolo”, sentenció.
¿Desde cuando los títeres y gangsters de la Cámara de Puerto Rico son legisladores? Ese proyecto, a todas luces, es inconstitucionalA ver qué hacen los “ilustres” borrachones y babosos del Colegio de Abogados de Puerto Rico en defensa de la ciudadanía, si algo…