El debate sobre el Proyecto de la Cámara 310 enviado a La Fortaleza para su firma o veto ha disparado las alertas de abogados y activistas ambientales, no solo por imponer un oneroso obstáculo económico a quienes quieran denunciar redes de corrupción, prácticas ilegales y abusos de poder.
También ha provocado alarma por sus visos de inconstitucionalidad, ya que atenta directamente contra la protección del ambiente y el derecho ciudadano a reclamar.
A juicio de Ingrid Vila Biaggi, cofundadora de CAMBIO; el abogado Martín González Vázquez, cofundador de COAMAR; y Vanessa Uriarte Centeno, portavoz de Amigos del Mar, la medida castigaría a comunidades y organizaciones sin fines de lucro que voluntariamente fiscalizan para detener abusos en el manejo de recursos naturales y defender el interés público.
Martín González Vázquez, abogado
“Esto impone un peaje, por decirlo gráficamente, para entrar a un tribunal a cuestionar actuaciones ilegales de constructores que pudieron obtener permisos irregularmente. Quieren que uno pague un peaje, que pague una fianza antes de poder hablar. Incluso, antes de reclamar legitimación activa.
Antes de que usted pueda decir cualquier alegación, cualquier aseveración, tan siquiera pararse frente a un juez a argumentar, usted tiene que pagar un peaje, tiene que pagar una fianza: el 10 por ciento del monto total del proyecto.
Y si el proyecto cuesta $600 millones, usted tiene que poner una fianza de $60 millones.
¡Imagínese! Cuando la mayoría de las organizaciones que no son gubernamentales actúan a base de donativos, de pro bono, con tiempo y gastos que usualmente paga uno mismo, metiéndose la mano al bolsillo para poder echar la lucha hacia adelante.
Obviamente, esto es un retroceso enorme. Una mordaza que se le pone al pueblo.
Pero, peor aún, están violando disposiciones constitucionales, porque en su artículo 6, sección 19 la Constitución de Puerto Rico dice que es política pública del Estado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad.
Además, la Constitución de Puerto Rico también dispone en el artículo 2, sección 4, que yo tengo derecho de pedir al gobierno la reparación de los agravios a través de los tribunales, pero si me van a poner un peaje, yo no puedo hablar. Si no busco miles o millones de pesos, ni siquiera puedo decir una palabra.
Y así estarían violando disposiciones constitucionales. Por tanto, entiendo que este proyecto de ley presenta muchos visos de inconstitucionalidad”.
Ingrid Vila, presidenta de CAMBIO
“Este es un proyecto inconstitucional que lo que busca es viabilizar lo ilegal.
Es una aceptación implícita de que el desarrollo que se impulsa es negativo para el ciudadano común y para las comunidades. Un desarrollo que solo puede avanzar a la fuerza, eliminando el derecho ciudadano a reclamar. Un desarrollo que contamina, que invade, que pone en peligro la salud, la vida y el medioambiente y que, por ende, genera oposición.
Y la oposición surge, precisamente, porque no hay un Estado velando por el bien común, por proteger nuestros derechos y lo que es de todos y todas”.
Vanessa Uriarte Centeno, Amigos del Mar
“Los grupos ambientales y las comunidades no se han levantado porque sí, sin razón durante décadas. Se han organizado para reclamar derechos y visibilizar patrones de corrupción, ilegalidades y malos usos del poder gubernamental.
Así que aprobar un proyecto como este sería detrimental para el futuro y para garantizar la permanencia de nosotras en nuestro país.
Uno de los casos más emblemáticos es Playas para el Pueblo en Isla Verde, que vale la pena siempre revisitarlo, porque durante 14 años hemos estado en el lugar como custodios para devolver la playa al balneario de Carolina.
Si no hubiéramos actuado, hoy, en vez de un bosque costero saludable abierto a todos, tendríamos un complejo hotelero gigantesco y hubiésemos perdido esa línea de playa.
Así que, al final, esto es un atentado contra la democracia, en un país donde las palabras ley y orden son tan mal utilizadas.
¿Cómo se ejerce una democracia participativa, activa, si nos limitan aún más las pocas instancias a las que, de por sí, se hace tan difícil acceder?”.
Ese mal Proyecto es el Símbolo de La Corrupción del Régimen PNP…
Pero, ¿qué se puede esperar de un gobierno corrupto? Muchos no se dan cuenta de los abusos contra los derechos del ciudadano para que se preserven sus recursos naturales. Estos son los que aplauden acciones de supuesto “desarrollo” porque le “comen el cerebro” de que es beneficioso para la economía del país y va a generar empleos. Los que sí estamos claros y denunciamos la ilegalidad, somos tildados de comunistas. Es como hablar en un desierto.