El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia informó el miércoles, las razones por las cuales no firmó el Proyecto del Senado 728 que buscaba ordenar al Departamento de Hacienda a crear el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico.
El propósito de esa medida, de la autoría de la senadora de Proyecto Dignidad (PD), Joanne Rodríguez Veve, tenía el propósito de que los fondos que se destinasen a ese concepto fueran utilizados para cubrir alzas súbitas en el costo del combustible y energía en el mercado y de esta manera, el gobierno absorbería dichas alzas sin traspasarle a los consumidores esas alzas en la factura de energía eléctrica.
El gobernador mencionó que le explicó a los presidentes legislativos mediante carta, que la intención de la medida es loable, pero que tal y como está redactada pudiera provocar mayores problemas que los que pretende resolver.
“Se convertiría en una merma de ingresos para la AEE, puesto que ordenaría que los recursos que se estén recobrando pasen al Departamento de Hacienda para nutrir el Fondo de Estabilización. Precisamente por la actual crisis fiscal y quiebra de dicha corporación pública, todo pago por servicio de electricidad, aunque sea por balances vencidos, debe ser adjudicado a la AEE para cubrir sus gastos operacionales, mantenimiento de flujo de efectivo saludable, y el pago de combustible para la generación de energía”, explicó Pierluisi Urrutia en declaraciones escritas.
Indicó que si la AEE ve reducidas sus finanzas eso podría tener un efecto en las facturas a sus abonados mediante los ajustes trimestrales por compra de combustible. Asimismo, todas sus deudas pasadas, particularmente aquellas previo a la radicación de la quiebra, están sujetas a los procesos que se llevan a cabo en el Tribunal Federal bajo el Título III de la Ley PROMESA.
Sostuvo que las entidades gubernamentales morosas tienen presupuestados los fondos para el pago de la energía que corresponda al año fiscal corriente y planes de pagos establecidos. Además, parte de las deudas reportadas por la AEE de entidades gubernamentales están en disputa ante la Corporación, por lo tanto, no son deudas líquidas y exigibles, como plantea la medida.
La Junta de Control Fiscal (JCF) había enviado una misiva al mandatario para sugerir que no le diera firma al proyecto porque constituye una violación a la orden de paralización del proceso de quiebra al amparo de la Ley PROMESA; y sus disposiciones contravienen el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
