Renunciar a su puesto podría ser un paso “saludable” para el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, dependiendo de los cargos que le radiquen la próxima semana dos fiscales especiales independientes, consideró hoy su homólogo de Coamo, Juan Carlos García Padilla.
Al ser abordado sobre la acusación contra Irizarry Pabón, que ocurrirá el martes, 31 octubre a las 10:00 de la mañana en el Centro Judicial de Ponce -por presuntas violaciones de ley relacionadas con su campaña política de 2020-, el veterano alcalde coameño fue cauto.
“Conociendo el éxito del FEI en los últimos años, pues hay que ver la magnitud de los cargos para poder dar una opinión responsable, pero no deja de ser un momento complicado para el alcalde”, expresó García Padilla en entrevista con La Perla del Sur.
Los cargos se conocerán el martes, cuando sean presentados por los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Zulma I. Fúster Troche en la vista de causa para arresto.
¿Usted favorece que un funcionario acusado renuncie o permanezca en el puesto?, se le preguntó.
“Él (Irizarry Pabón) tiene que tomar una determinación”, afirmó García Padilla.
Acto seguido, el alcalde popular comparó la situación de Irizarry Pabón con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien rehusó renunciar al cargo cuando fue acusado y posteriormente fue suspendido por el PFEI. El mayagüezano enfrenta actualmente el proceso de vista preliminar por cargos de conspiración y malversación de fondos públicos relacionados a una transacción millonaria en la corporación municipal Mayagüez Economic Development (MEDI).
“Yo creo que lo más saludable es que, si las acusaciones pasan de vista preliminar o dependiendo de la magnitud de los cargos, pues él (Irizarry Pabón) tome una determinación de, a lo mejor, echarse a un lado en lo que se ve el caso”, opinó.
“Yo creo que es lo más saludable, para que no pase lo que pasó en Mayagüez, que (el alcalde) fue destituido temporeramente”, añadió García Padilla.
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido al PFEI, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación se alegó que el alcalde ponceño les había solicitado a dos funcionarios municipales que recogiera aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para pagar, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Por estos hechos, la Oficina del Contralor Electoral le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres, multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
