Los fiscales especiales independientes Manuel Núñez Corrada y Zulma I. Fuster Troche presentarán cargos contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntas violaciones de ley relacionadas con su campaña política de 2020.
Irizarry Pabón fue citado a comparecer a la vista de causa para arresto, también llamada vista de Regla 6, el martes, 31 octubre a las 10:00 de la mañana en el Centro Judicial de Ponce, según confirmó a La Perla del Sur el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
Al momento no se conocen los cargos, pues será algo que se revelará en el tribunal.
Irizarry Pabón está representado en este caso por el abogado José Andreu Fuentes.
El PFEI designó a los fiscales Manuel Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz para investigar a Irizarry Pabón el 12 de abril de este año, luego de acoger la recomendación que a tales fines le hizo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
El 12 de julio venció el término inicial de 90 días que tenían Núñez Corrada, fiscal especial independiente, y Colón Ortiz, fiscal delegado, para completar la investigación.
Sin embargo, estos solicitaron tiempo adicional, lo que les fue concedido. Esa extensión venció el 31 de agosto. Al no haber terminado la pesquisa, se les concedió tiempo adicional hasta el 10 de octubre.
En ese proceso, Colón Ortiz fue despedido por el PFEI y se asignó al caso a la fiscal Zulma I. Fúster Troche.
Los FEI entregaron su informe con la determinación de acusar al alcalde antes de los 30 días reglamentarios, periodo que vencía el 6 de noviembre.
La pesquisa
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 y 251 del Código Penal; los artículos 4.2 (b) v (m) de la Ley de Ética Gubernamental; y el artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas. En este último, por presentar informes que se aduce son falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación se alegó que el alcalde ponceño le había solicitado a dos funcionarios municipales que recogiera aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para pagar, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Por estos hechos, la Oficina del Contralor Electoral le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña, Damaris Suliveres, multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
Espero que el fiscal someta cargos que se sustenten porque ya su credibilidad está en juego.dinero del pueblo mal gastado