El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, obstruye la aprobación de una medida de justicia ambiental -ya endosada por la legislatura- que pretende salvaguardar la vida de miles de vecinos de la carbonera AES, denunciaron esta semana líderes comunitarios, ecologistas y médicos de Guayama.
Se trata de la Resolución Conjunta del Senado 2 (RCS 2), una medida que ordena a la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico realizar un estudio sobre las condiciones de salud de los residentes del municipio de Guayama, con especial énfasis en las comunidades próximas a la planta de carbón de AES Puerto Rico.
Según alertan los defensores de esa propuesta, a pesar de que la resolución fue aprobada por ambos cuerpos legislativos, desde el pasado 17 de enero permanece estancada en un Comité de Conferencias y en un limbo procesal, pues el Senado decidió no concurrir con enmiendas realizadas en la Cámara.
“Ese proyecto había avanzado. Fue aprobado unánimemente por el Senado. Tuvo unas excelentes vistas públicas en la Cámara. Se hizo una vista ocular en Guayama, que hizo la representante Sol Higgins”, explicó Hernaliz Vázquez Torres, portavoz del Sierra Club de Puerto Rico, durante entrevista para el programa radial Agenda Ambiental.
“Entonces, cuando va de vuelta al Senado para concurrir con las enmiendas de la Cámara, dicen que hay que hacerle unas enmiendas que son bastantes peligrosas”, puntualizó. “Están tratando de decidir sobre quién debe documentar qué. Es obvio que quien está detrás de esas enmiendas es AES, porque saben que la Escuela de Salud Pública tiene una reputación impecable y son los que tienen que hacer estos estudios. Lamentablemente esa medida quedó aguantada”.
La RCS 2 fue radicada por la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago Negrón, y cuenta con la coautoría de Ana Irma Rivera Lassen y Rafael Bernabe Riefkohl, ambos del Movimiento Victoria Ciudadana, Joanne Rodríguez Veve de Proyecto Dignidad y Gretchen M. Hau del Partido Popular Democrático.
¿Sabotaje por encargo?
Este giro, a juicio de José Manuel Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra las cenizas en Peñuelas, responde a la intervención directa del presidente del Senado, quien en el pasado ha expresado pública y abiertamente endosos a la permanencia de AES Puerto Rico.
“La información que tenemos es que este proyecto ha sido detenido por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y que no se ha llevado a votación, después de haber sido aprobado por comisiones en el Senado y la Cámara, porque quieren incluir unas enmiendas propuestas por AES”, expresó Díaz Pérez.
“A nosotros nos levanta mucha suspicacia. Este es un proyecto vital para la salud y la calidad de vida de las personas que viven en Guayama. Vivir al lado de una empresa de carbón es vivir como un calvario, es un suplicio, un horror. Pero, al presidente del Senado al parecer eso no le importa”, continuó.
De igual forma, la educadora Miriam Gallardo González, portavoz de la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, manifestó su inconformidad.
“Nosotros pensamos, cuando vino la Comisión el año pasado, que eso se iba a hacer. Necesitamos saber cómo está la comunidad en este momento. Tuvimos estudios de la Escuela de Salud Pública en el 2016 y 2018, pero ahora en el 2023, llevamos 20 años expuestos a toda esa contaminación y queremos saber cómo está la comunidad”, reclamó Gallardo González.
“Nosotros conocemos al señor José Luis Dalmau por sus expresiones sobre la planta. Que él titubea y anda pisando despacito en cuanto a esto. No sabemos si en algún momento él ha tenido algo que ver como el gobernador, que fue cabildero de AES, y que prácticamente nos ignora. Nosotros entendemos que se puede dar esa resolución, se puede dar ese estudio, y que, por favor, si él le puede dar paso, que le de paso”, añadió.
Entretanto, el doctor Gerson Jiménez Castañón, director médico del Hospital Menonita de Guayama, levantó bandera roja ante la dejadez del gobierno en este asunto de salud pública.
“La Escuela de Salud Pública realizó tres estudios, uno cuando no estaba la planta de carbón, y dos cuando ya estaba, y ellos pudieron, estadísticamente, comprobar que (la incidencia de) múltiples condiciones aumentaron hasta ocho veces más desde que la planta está ahí”, sentenció.“Publicaron uno en el 2016 y otro en el 2018”, continuó, “y en apenas dos años hubo un incremento significativo en esas condiciones que han sido agravadas por la contaminación de esa planta”, aseveró.
Sobre las vistas públicas en las que participó el pasado año y sobre el estatus de la resolución legislativa, el galeno confesó que “salí con un poco de optimismo, pensado que se iba a hacer algo, pero ha pasado casi un año y no ha pasado nada”.
“No es la primera vez. He participado en vistas públicas de la Cámara, y antes participé en unas del Senado que se hizo en el Centro de Bellas Artes de Guayama, presidida precisamente por un médico que era senador, y también esperaba que se hiciera algo con la información que se proveyó. Tampoco hizo nada”, agregó.
Las expresiones de los portavoces se dieron durante una protesta en la entrada a la planta de carbón de la empresa AES Puerto Rico, convocada por residentes cercanos a sus instalaciones, el pasado sábado 11 de marzo.
