Organizaciones comunitarias y personas afectadas por la operación de AES Puerto Rico denunciaron hoy la laxitud con que la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) ha atendido las múltiples violaciones ambientales de la carbonera, que han provocado -entre otras cosas- la contaminación del Acuífero del Sur.
Sus reclamos fueron dirigidos a la subadministradora de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés), Janet McCabe, durante una visita que realizó esta tarde a la Placita Guanina en Guayama.
McCabe tiene varias comparecencias esta semana en Puerto Rico, incluyendo la entrega de un donativo hoy, miércoles, en Salinas. No obstante, la funcionaria hizo una parada en Guayama a petición de la abogada ambiental Ruth Santiago.
Allí la recibió un grupo de activistas y líderes comunitarios con pancartas alusivas a la inacción de la EPA ante los incumplimientos ambientales de AES. Tuvieron la oportunidad de expresarle sus reclamos de frente.
“La EPA promovió y permitió hace casi 20 años el uso de las cenizas tóxicas de carbón en nuestras calles y sobre nuestro acuífero, y eso provocó contaminación, enfermedades y muertes en nuestra comunidad. Ahora la agencia arrastra los pies, quiere que esperemos hasta el año que viene por el resultado de varios análisis que solicitamos y siguen protegiendo a una empresa criminal como AES”, señaló Alberto Colón del Valle, líder comunitario de la comunidad Miramar en Guayama.
“La EPA es tan culpable como la carbonera y el gobierno de Puerto Rico”, aseveró Colón del Valle.
En Guayama, McCabe estuvo acompañada por la directora de la Región 2 de la EPA, Lisa García; el director del Office of Land and Emergency Management (OLEM), Cliff Villa, y la directora de la agencia para la región del Caribe, Carmen Guerrero.
Los manifestantes expusieron que, luego de años de reclamos comunitarios desde el sur de Puerto Rico, la EPA llevó a cabo muestreos de aire en las zonas adyacentes a la planta de carbón. Sin embargo, la agencia determinó publicarlos en el 2025, decisión que fue criticada por los ciudadanos.
“Eso es inaceptable y levanta dudas sobre la intención de la EPA”, afirmó Colón del Valle.
También se dirigió a los funcionarios federales el doctor Gerson Jiménez Castañón, quien se ha desempeñado como médico internista durante 35 años en Guayama.
El galeno indicó que los problemas respiratorios serios han aumentado significativamente en este municipio en los pasados 22 años y que algunos pacientes presentan, incluso, afecciones de la piel.
Jiménez Castañón dijo sospechar que estas enfermedades se vinculan a las cenizas de carbón. Cabe señalar que AES Puerto Rico opera en Guayama desde el 2002.
Asimismo, el médico sostuvo que los casos de insuficiencia renal y fallo renal se han disparado en las pasadas dos décadas. Esto podría estar relacionado, según su entendimiento, con la ingesta de metales pesados.
En cuanto al cáncer, mencionó que la incidencia era de 103 casos por año en Guayama, entre el 1990 y el 2000. No obstante, del 2010 al 2014, se elevó a 169 por año, con el cáncer de tiroides en alza dramática.
Otra crítica que el grupo hizo sobre el proceder de la EPA está relacionada con la fiscalización del muestreo realizado a nivel estatal por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
“También llevamos meses esperando una reunión de seguimiento sobre los análisis de agua potable que realizó la agencia en los pozos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Tenemos cuestionamientos sobre el método utilizado y los resultados de uno de los pozos. La EPA no ha cumplido con nosotros”, dijo Colón del Valle.
El Colegio de Químicos de Puerto Rico publicó recientemente los resultados de un estudio que reveló la presencia de metales pesados, tóxicos y cancerígenos en el agua potable de varias residencias de Guayama y Salinas, en áreas afectadas por las cenizas de carbón de AES.
A pesar de que las concentraciones encontradas han sido bajas y dentro del umbral permitido por la regulación vigente, el Colegio recomendó la remoción y disposición adecuada de las cenizas fuera de Puerto Rico, el monitoreo continuo de los metales en el agua, y tomar medidas correctivas y preventivas para asegurar la calidad de agua y la salud de las comunidades.
