Los nueve jueces del Tribunal Supremo de los Estados Unidos escucharon ayer los argumentos del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre la “inmunidad soberana” que alega tener ese organismo que fue impuesto por el Congreso de EE. UU. para controlar las finanzas públicas y manejar el proceso de quiebra.
El gobierno estadounidense, a través de la Oficina del Procurador General de Estados Unidos, argumentó ante el máximo foro judicial que la determinación que el Tribunal tome en este caso tendrá efecto sobre los demás territorios.
La vista inició a las 11:04 de la mañana (hora de Puerto Rico) y concluyó al mediodía. Todos los jueces, excepto Samuel A. Alito, hicieron preguntas a las partes.
“Fue una argumentación muy interesante”, expresó ayer Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado de Equal Justice Works en el CPI, quien estuvo presente en la vista. “Los jueces hicieron muchas preguntas en una vista que fue muy técnica”, agregó.
Ramos Hérnández explicó que los jueces cuestionaron a las partes sobre la Ley PROMESA, que creó a la JCF, sobre cómo interpretar esa ley y acerca de la fuente de donde emana esta inmunidad en términos legales y constitucionales. El abogado no se atrevió a predecir un resultado, pero se mostró optimista en que sea favorable para el CPI, como lo han sido las decisiones de los tribunales de menor jerarquía hasta el momento en este caso.
“La abogada que representó al CPI [Sarah M. Harris] hizo una argumentación oral excelente, tuvo mucho aplomo”, opinó el abogado de Equal Justice Works.
Harris, del bufete Williams & Connolly LLP, destacó durante su argumentación que la Ley PROMESA permite que se levanten acciones judiciales contra la Junta, principalmente si son de carácter constitucional.
“El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene ante sí un caso que tendrá un impacto grandísimo para el futuro de Puerto Rico y para el derecho del pueblo de Puerto Rico de obtener la información que obra en poder de la Junta, un organismo que domina la vida en el país”, expresó la abogada Judith Berkan, quien desde un principio representó al CPI. “La Junta quiere ejercer un poder enorme en Puerto Rico sin ninguna rendición de cuentas. Esas contradicciones figuraron prominentemente en la argumentación”, agregó al salir del Tribunal.
La determinación del Tribunal se espera antes de que acabe el verano. Fue la JCF quien acudió ante el Supremo federal en busca de que este foro revoque al Primer Circuito que le dio la razón al CPI indicando que a la Junta no le asiste la inmunidad soberana.
“Estamos honrados de haber dado hoy [ayer] una nueva batalla por el libre acceso a la información a nombre de Puerto Rico ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos”, señaló la directora del CPI, Carla Minet. “Aunque reconocemos la complejidad legal de los asuntos que rodean la Ley PROMESA, nos sentimos confiados en que logramos exponer por qué la Junta de Control Fiscal no puede ser inmune al reclamo de transparencia. Gracias a todas las personas y entidades que nos han acompañado en este tramo histórico”, añadió.
La JCF alega que goza de “inmunidad soberana” bajo la Constitución de EE. UU., de modo que está exenta e inmune a reclamaciones bajo leyes estatales y que, por lo tanto, no le aplica el derecho constitucional de acceso a información pública.
El abogado de la JCF, Mark D. Harris, del bufete Proskauer Rose, argumentó que dentro de la Ley PROMESA no hay ninguna acción “clara e inequívoca” del Congreso por despojar a ese ente de la inmunidad soberana y que por lo tanto, la Junta goza de esa inmunidad.
El CPI sostiene que, por ser un organismo que opera dentro del Gobierno de Puerto Rico, la Junta está sujeta al derecho constitucional de acceso a información pública.
“La Junta de Control Fiscal, según la propia Ley PROMESA, es una entidad del territorio de Puerto Rico, así que es una agencia más para todos los efectos”, dijo Ramos Hernández en una entrevista desde Washington DC concedida a Telemundo.
El abogado explicó que “nuestro análisis siempre fue que se les puede demandar bajo el derecho de acceso a la información pública, un derecho importantísimo reconocido en nuestro país desde el 1982”. “Si van a operar y a tomar decisiones en Puerto Rico, deben estar sujetos a este derecho y a la divulgación de información sobre las tomas de decisiones que nos afectan todos los días como país”, agregó.
Una vez finalizada la vista oral, el asesor legal de la JCF dijo que “el Tribunal Supremo [de EE. UU.] se centró plenamente en el tema medular, en concreto en si el Congreso derogó la inmunidad soberana del Estado Libre Asociado, y específicamente la del Junta de Supervisión, cuando aprobó [la ley] PROMESA”.
Mark D. Harris añadió que le resultó inesperado el argumento del CPI. A su juicio es contrario a la jurisprudencia y a los mejores intereses de Puerto Rico.
Largo proceso
En junio de 2017, el CPI demandó a la JCF para lograr acceso a varias categorías de información pública, incluyendo sus comunicaciones con el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos, contratos suscritos, minutas e informes financieros sometidos o recibidos por los miembros de la JSF, entre otros.
Culminada la vista, el abogado constitucionalista y profesor de Derecho, Carlos Ramos González, señaló que las preguntas de los jueces se suscribieron a la cuestión técnica de si con la Ley PROMESA se renunció o no a la inmunidad soberana para este tipo de litigio o reclamo.
Los abogados Luis Torres Asencio y Steven Lausell Recourt, de la Clínica de Acceso a la Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, también destacaron que, aunque no les sorprende del todo, los jueces no abordaron directamente el tema del derecho al acceso a la información pública, que es medular en la controversia.
Según los licenciados, las consecuencias de que prevalezca la posición de la Junta sería tener una entidad que no tiene que enfrentar los reclamos de acceso a la información ni en la jurisdicción federal ni en las cortes de Puerto Rico.
“Creo que, cuando los jueces se enfrenten a esa realidad, espero que prevalezca un sentido de sensatez de que esto no puede ser”, dijo Torres Asencio.
