LUMA Energy pondera resucitar la central eléctrica de AES en Guayama para en cuatro años convertirla en una planta generatriz de gas metano, trascendió esta semana en un informe que ejecutivos de Luma sometieron al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
La propuesta forma parte del borrador del Plan Integrado de Recursos (PIR) que LUMA ha comenzado a elaborar para revisar el plan de desarrollo de la red eléctrica del país durante los próximos 20 años: una tarea que previo a la privatización realizaba la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y que ahora asume esta empresa privada, por encargo del NEPR.
Como se estipula en la página 19 de la presentación divulgada durante una conferencia técnica del NEPR el pasado 8 de agosto, “LUMA considerará la posibilidad de repotenciar su unidad AES a gas natural como parte del PIR de 2024”. Esto, una vez cese el contrato entre la AEE y AES Puerto Rico, y se retire a la carbonera de la red.
La escueta revelación de LUMA, sin embargo, no pasó desapercibida para la abogada Ruth Santiago Quiñones, quien participó en la conferencia virtual convocada por el NEPR.
“Esto sería fatal. Fatal”, reiteró en entrevista con La Perla del Sur Santiago Quiñones, quien también pertenece al Consejo Asesor de Justicia Ambiental de la Casa Blanca desde el año 2021.
“Si se ha luchado tanto para que se cierre (la central AES) por el daño tan grande que ha provocado con su pésimo manejo de las cenizas, por las emisiones que ha emitido por su chimenea, por sus descargas contaminantes al Acuífero del Sur y la renuencia de la empresa a proveer una forma aceptable para subsanar ese daño, pensar que de alguna manera esa planta podría continuar operando después del 2027 constituye una amenaza a la salud pública, especialmente a las comunidades cercanas que, como sabemos, son de las más pobres en Puerto Rico y de mayor proporción de afrodescendientes, lo que es un caso clásico de injusticia ambiental”.
“Esto aunque sea quemando el gas metano, que tiene sus propios problemas y los conocemos”, añadió.
Llueven las dudas
La abogada especializada en Derecho Ambiental además reconoció que la declaración escrita de LUMA provoca una avalancha de interrogantes que deben ser respondidas a la mayor brevedad. Entre ellas, quién asumiría los multimillonarios costos de la conversión de unidades de carbón a gas natural, si será AES bajo nuevo contrato u otra entidad la empresa que operaría esa central, y cómo se transportaría el gas metano al lugar, un enigma que en el pasado significó las polémicas propuestas del Aguirre Offshore Port y el Gasoducto del Sur.
“A estas alturas, proponer la gasificación de la planta de carbón es como querer cambiar del crack a la heroína”, puntualizó en entrevista separada Arturo Massol Deyá, director asociado de Casa Pueblo. “Esta es una visión anacrónica del siglo pasado, que quiere perpetuar el problema de dependencia de los costosos combustibles fósiles”.
Acto seguido, calificó como “increíble que LUMA lidere este proceso de planificación, peligrosamente viciado desde el arranque, pues hay un evidente conflicto entre el interés privado y el interés público”.
“La lista de preguntas sobre el gas para AES, la supuesta necesidad de gasoductos y otros problemas son como hacerle una declaración de guerra al país, en lugar de proponer soluciones de avanzada, responsables y de futuro”, continuó Massol Deyá. “La alternativa es clara, o sea, movernos a fuentes limpias y renovables ya. Las inversiones capitales tienen que estar dirigidas a cumplir con esta aspiración de pueblo y no para gasificarnos y ‘realambrar’ el problema”.
Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, cofundador del Comité Diálogo Ambiental, advirtió que la propuesta de LUMA es un claro sabotaje a la meta para que Puerto Rico genere el 100 por ciento de su energía con fuentes renovables en o antes del 2050, como ordenan las leyes 17 y 33 del 2019, y preguntó si “detrás de todo esto está el rescate económico a AES”, una intriga que secundó la abogada Santiago Quiñones.
“A pesar de todas las veces que lo negaron, el gobierno, que está en quiebra, sí está ayudando a esa empresa privada a la que paga casi un millón de dólares diarios por electricidad, por contaminarnos, dañar nuestra naturaleza y enfermar a nuestra gente, impunemente”, comentó el líder comunitario.
“Ellos (AES) reclamaron que la Autoridad de Energía ‘cooperara’ dándole nuevos contratos para proyectos solares industriales en terrenos agrícolas, y se los concedieron, y ahora empezamos a ver cómo se cocina un cambio para la carbonera, un rescate económico ampliado, sin que se compartan los detalles con el pueblo y, en especial, con las comunidades vecinas”, agregó.
“Esto no se planifica de la noche a la mañana. Es mucho lo que nos están ocultando”, sentenció.
En enero de 2022, La Perla del Sur y el Centro de Periodismo Investigativo hicieron públicas comunicaciones internas entre directivos de la AEE y el presidente de AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga Serfaty, donde el ejecutivo sentenciaba que “el problema de flujo de efectivo en AES-PR es grave” y donde reclamaba que el gobierno asumiera la titularidad de su carbonera en Guayama, que la AEE le concediera un nuevo contrato a AES solo como “operador” de la instalación, y que el gobierno asumiera más de $150 millones en obligaciones ambientales.
Asimismo, mediante un Memorando de Entendimiento hasta entonces confidencial, la empresa pidió a la AEE renegociar el contrato actual o PPOA (Power Purchase and Operating Agreement) en el verano del 2021 para pasar de los 454 megavatios de la electricidad que producen con carbón a entre 280 y 500 megavatios de energía solar y almacenamiento en baterías.
Un año después, AES Puerto Rico -a través de su filial Clean Flexible Energy– logró al menos dos contratos de venta de electricidad solar a escala industrial con la AEE, que alargarán por otras dos décadas sus negocios en la isla.
Error sistémico
La mención de LUMA para reconvertir a AES en una central que siga consumiendo combustibles fósiles, empero, no llega en solitario, alertó la abogada Santiago Quiñones.
Como explicó a La Perla del Sur, en Puerto Rico está proliferando la compra e instalación de unidades generatrices de gas metano, con el aval e inyecciones de capital del Cuerpo de Ingenieros y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés).
“Ya sabemos que ambas agencias están pagando por nuevas unidades de generación con gas y el combustible que quemarán esas nuevas unidades, a nivel de 150 megavatios en la central Palo Seco y otros 200 a 300 megavatios en la central de San Juan, hasta que supuestamente se estabilice el sistema eléctrico de Puerto Rico”.
“Todo esto a un costo que ya ronda los $500 millones y que el Cuerpo de Ingenieros ha anunciado públicamente podría sobrepasar los $5 mil millones”.
“Esta suma, solamente para las unidades nuevas de quema de gas fósil y el combustible que usarán, es cinco veces más alta que la suma que el Departamento de Energía aprobó para subsidios de placas solares en techos, sin contar los otros $12 mil millones para la reconstrucción de subestaciones, líneas y postes de un sistema centralizado, vulnerable y esclavizante de los combustibles fósiles”, describió Santiago Quiñones.
A esto, puntualizó, debe agregarse que New Fortress Energy, “que es una vendedora de gas extraído mediante el proceso de fraccionamiento en Pensilvania, está tomando el control de las centrales eléctricas del país mediante su subsidiaria Genera y ejerciendo presión para convertirlas a gas metano, porque ese es su negocio”.
