Rawell Rivera Feliciano, la portavoz de los empleados del Municipio de Camuy, que no desean vacunarse, ni hacerse pruebas de antígenos, llevó a cabo una protesta junto a otros compañeros en el pueblo de Camuy durante la mañana del lunes.
Los manifestantes alegan que el alcalde de dicho pueblo, Gabriel Hernández, emitió un memorándum indicando que el 2 de enero habría una vacunación y pruebas de COVID-19, donde las personas que no asistieran a realizarse ninguna de las dos opciones tendrían que mantenerse en su hogar, fuera del Ayuntamiento y acogerse a las licencias aplicables y agotar los tiempos compensatorios correspondientes.
Rivera Feliciano lleva días tratando de entrar a su área de trabajo, la Oficina de Asuntos de la Mujer, que es dirigida Jakeline Vélez Méndez y ésta por orden del alcalde le niega el paso.
«Me siento hostigada, maltratada, discriminada, simplemente porque no creo en nada que tenga ver con vacunaciones y pruebas. Hace aproximadamente un año entregué una declaración jurada según solicitada por Orden Ejecutiva del Gobierno, hay más de veinte empleados con situaciones similares a la mía y muchos de ellos han sido amenazados por la administración de confianza, otros fueron obligados a vacunarse, violando los derechos más sagrados, como el derecho a la intimidad,» expresó Rivera Feliciano.
El alcalde ha explicado que su decisión es debido a una Orden Ejecutiva realizada el pasado año, por el doctor Carlos Mellado, Secretario de Salud. Esta orden fue realizada antes de lo expresado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, con la culminación de la pandemia. También el secretario Mellado derogó la misma orden, luego de estos planteamientos.
Mientras continúan hoy las protestas, frente a la Legislatura Municipal de Camuy, a partir de las 8:30 de la mañana.
