La orden es clara. Si ocurre un derrame de gas natural licuado, si se libera una nube de gas tóxica o se registra una falla grave en el terminal de New Fortress en San Juan, el personal de seguridad deberá llamar, “de inmediato”, a la policía estatal de Louisiana.
Por insólito que parezca, el Plan de Respuesta a Emergencias que la empresa presentó para accidentes o actos terroristas en sus muelles y barcos metaneros ordena que, en al menos cuatro escenarios de peligro inminente, se notifique al Louisiana State Police, aunque el muelle de Puerto Nuevo queda a más de 1,200 millas del río Mississippi.
Este error de base figura en los documentos que la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) exige a New Fortress como parte del proceso para evaluar la operación del terminal de gas metano en San Juan, el mismo que la empresa levantó años atrás sin permiso de la agencia federal y para el que todavía no tiene autorización definitiva.
El contrasentido no es un lapsus menor. El documento que debería decir con precisión quién se activa y cómo ante un accidente de alto riesgo en la bahía trae incrustadas instrucciones dirigidas a una policía impedida para auxiliar y, más allá de lo anecdótico sobre quién atiende el teléfono en un episodio de alerta, abre la discusión a una pregunta de fondo.
En caso de una emergencia por una fuga de gas, incendios o explosiones, ¿cuántas vidas y propiedades en los barrios costeros de San Juan, Guaynabo y Cataño están en juego?
“Están jugando con fuego”, advirtió la abogada ambiental y exasesora del Comité de Justicia Ambiental de Casa Blanca, Ruth Santiago Quiñones.
Su metáfora, puntualizó, no es hueca: New Fortress opera en quiebra y recortando gastos que pueden traducirse en menos mantenimiento, menos equipo de seguridad y menos preparación real para escenarios de fuga, incendio o explosión.
Este riesgo, insistió, sale a flote en las menciones de New Fortress a la policía de Louisiana y a la delegación de responsabilidad que hace a agencias como el Cuerpo de Bomberos y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, a quienes también alude sin aclarar si tienen los recursos y la pericia suficientes para enfrentar un incendio de gas metano “que no se apaga con agua”.
“Al margen de todo”
A la denuncia se unió la religiosa Lissie Avilés Ríos, quien, como portavoz de los vecinos del terminal, subrayó que el plan de emergencia no se ha compartido con las comunidades y que no se ha realizado ni un solo simulacro, a pesar de que los metaneros llevan años entrando y saliendo de la bahía.
“Ellos están funcionando desde el 2019 al margen de la ley, al margen de los reglamentos, al margen de todo”, sentenció.
Incluso, Avilés Ríos afirmó que la sola mención de la policía de Louisiana en el Plan de Respuesta a Emergencias revela el calibre del descuido de quienes están obligados a cumplir con la ley y la seguridad de todos: empleados, residentes de la zona y visitantes.
“Es como aquel estudiante que quiere aprovecharse de la inteligencia artificial (…) y no tiene la decencia de al menos revisar un informe y ajustarlo a la realidad del país. ¿Cómo yo voy a llamar a Luisiana?”, cuestionó, poniendo en duda la seriedad de todo el protocolo.
Sobre este plan, Santiago Quiñones recalcó que es esencial para calibrar los riesgos reales de un almacén flotante de gas metano de “hasta 174 mil metros cúbicos” que New Fortress propone amarrar a los muelles A, B y C de Puerto Nuevo. Para esto, está pidiendo al Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos que le permitan aumentar de 32 a 43 pies de profundidad el calado de la zona donde atracan sus barcos.
No obstante, denunció que el “plan” que se presenta al público está repleto de páginas tachadas y censuradas debido a lo que llamó “un uso excesivo de las normas de confidencialidad que resta información esencial al público”.
Entre los ejemplos concretos, mencionó mapas de emisión de calor, mapas de densidad poblacional, y las zonas 1, 2 y 3 de los buques de mayor capacidad. “Todo fue presentado con omisiones puntuales en el documento público”.
Según reiteró, estos mapas y tablas “son importantísimos” para evaluar no sólo la seguridad de la navegación en la bahía de San Juan, sino también la pertinencia del dragado y la llegada de tanqueros cada vez más grandes.
De ahí su reparo: la ley permite reservar cierta información sensible, pero la empresa extiende esa reserva hasta convertirla en un muro opaco que dificulta el escrutinio ciudadano sobre una operación que ya está en curso.
