El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel Pizá Batiz, aseguró hoy que el proyecto de ley que hubiera transferido el Aeropuerto Mercedita a la Autoridad del Puerto de Ponce (APP) violaba la ley federal PROMESA.
Pizá Batiz siempre se ha opuesto a esta transferencia, pero sus argumentos públicos se habían concentrado en la potencial pérdida de la certificación otorgada por la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) si el aeropuerto cambiaba de dueño.
Al reaccionar hoy a los comentarios de la alcaldesa interina de Ponce, Marlese Sifre Rodríguez, sobre el veto del proyecto por parte del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, Pizá Batiz trajo a colación la Ley de Estabilidad Económica, Administración y Supervisión de Puerto Rico (PROMESA), que regula la reestructuración de la deuda pública y el manejo de las finanzas del país, y además creó la Junta de Control Fiscal.
“En la reunión que sostuvimos en La Fortaleza el pasado 7 de octubre, se explicó cómo el PC1617 violaba la Ley PROMESA al exigir subsidios cruzados y cómo se violaba regulaciones federales (el Compliance Guidance Letter 2021-1- Guidance for Trasfer of Federally Obligated Airports y el grant assurance número 5)”, estipuló Pizá Batiz en su perfil de la red social X.
El P.C. 1617 enmendaba y crea nuevos artículos en la Ley 240 de 2011, conocida como la Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce. En esencia, establecía la cesión del Aeropuerto Mercedita, de la APPR a la APP, en un proceso de transición de cinco años.
En ese periodo, hubieran tenido que desarrollar un plan maestro para la instalación, solicitarle a la FAA que le cediera el sponsorship a la APP y buscar un operador privado. A la APPR le correspondía financiar la operación de Mercedita, con reducción presupuestaria anual en la medida en que culminaba el plazo de cinco años.
En su post, el funcionario nacido en Ponce no explicó cómo, concretamente, el proyecto de ley aprobado unánimemente en la Cámara de Representantes y por votación 19-5 en el Senado infringía el estatuto federal.
Sí abordó otra razón que había expuesto antes: que el aeropuerto no tiene solvencia económica.
“Dialogamos sobre el costo de la operación del aeropuerto de Ponce (cuesta $3-4 millones al año y genera $1 millón). Explicamos que el FAA exige que se demuestre la capacidad económica del nuevo operador y su pericia en operaciones aéreas para autorizar la transacción”, agregó Pizá Batiz en su mensaje dirigido a Sifre Rodríguez.
De acuerdo con una declaración enviada ayer por La Fortaleza, el gobernador vetó el proyecto “debido a, entre otras razones, la posible pérdida de la certificación otorgada por la FAA al aeropuerto, así como, la posible pérdida de los fondos otorgados por la FAA al aeropuerto”.
El jefe de Puertos se opuso a la aprobación de esta medida durante todo el trámite legislativo y ha favorecido públicamente la privatización de Mercedita junto a los otro ocho aeropuertos regionales del país. De hecho, ese es un proceso activo bajo la Autoridad de las Alianzas Público Privadas (AAPP).
En su post de hoy, el funcionario defendió el veto de Pierluisi Urrutia y su decisión de firmar una orden ejecutiva que crea un comité para que evalúe la viabilidad de esta transferencia.
Dicho comité será presidido por el director o directora de Puertos, por lo que, de conformarse antes de que termine el año, ese puesto será ocupado por Pizá Batiz.
“Al final, el gobernador lo que está es protegiendo al pueblo de Ponce de que su aeropuerto no pierda su certificación Part 139 y paralelamente iniciar un comité de trabajo para viabilizar lo que usted está solicitando”, sostuvo.
“El gobernador tiene un compromiso firme con la regionalización y lo ha demostrado. Pero hay que ser responsables. Transferir un aeropuerto no es como transferir una escuela o un parque con una simple Resolución Conjunta. Es un proceso complejo (véase el Compliance Guidance Letter 2021-1- Guidance for Trasfer of FederallyObligated Airports)”, añadió.
Pizá Batiz también dijo que “al pueblo se le traiciona cuando se legisla irresponsablemente; cuando se sobre simplifican las cosas; y cuando no se demuestra un plan de financiamiento y económico claro”.
“Como nacido y criado en la Playa de Ponce, viví las “villas y castillas” del puerto de Ponce. ¿El problema? Una loable idea, pero sin un plan realista de mercado. No podemos permitir lo mismo”, manifestó.
En sus expresiones sobre el tema, Sifre Rodríguez dijo que esta acción de Pierluisi Urrutia “evidencia que nunca fue sincero con sus verdaderas intenciones”.
“Con esta decisión, Pierluisi perdió su oportunidad de dejar un legado positivo para Ponce y las futuras generaciones. Como siempre, entregó su lealtad dándole la espalda a Puerto Rico”, indicó la funcionaria.
Embelequeros pretendiendo prevalecer sobre las leyes y reglamentos federales y como de costumbre: haciendo el ridículo