El portavoz de la Comunidad Haitiana en Puerto Rico, Leonard Prophil y el presidente del Comité Dominicano, José Rodríguez, denunciaron que la problemática en la frontera del país y la pérdida de vidas de inmigrantes se debe a la agresividad de las autoridades marítimas y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) con las embarcaciones que llegan a las costas.
Así lo expresaron ante una vista pública que realizó este martes la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales del Senado para atender la situación de la migración de personas provenientes de República Dominicana y Haití a Puerto Rico.
“Las autoridades cuando detectan una yola no les permite llegar a la orilla. Son las autoridades quienes crean el caos mar adentro. El propósito es inestabilizar la embarcación, todo ello con el miedo del inmigrante a ser deportado”, expresó Prophil en su ponencia.
“Es un sentimiento muy fuerte el que me embarga pensando que las autoridades tienen por finalidad el deceso de nuestros hermanos mar adentro”, denunció.
A su vez, ante todas las dificultades que enfrentan al arribar en las costas, Prophil solicitó a la comisión la necesidad de traductores que le brinden asistencia al momento de ser detenidos, un ente fiscalizador para las autoridades que los detienen y un permiso de trabajo para sustentarse.
Durante la audiencia, la senadora María de Lourdes Santiago, argumentó que era inhumana la forma en que operan las autoridades y comentó que le “parece que lo más chocante es la forma agresiva en la que opera FURA ante esta situación”.
DSP se defiende
Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) mediante su asesora legal Omara Arias y el director de FURA José Rodríguez defendieron el trabajo de las agencias pertinentes tales como el Negociado de la Policía (NPPR), FURA y las Divisiones de Vigilancia Marítima.
“Como componente máximo de seguridad de nuestro país, procuramos que nuestras intervenciones e interacciones se realicen dentro de un marco de respeto y garantizando las protecciones constitucionales conferidas a todas las personas independientemente de su origen o condición social, estatus migratorio, nacionalidad u origen étnico”, explicó la asesora legal en la ponencia del DPS.
Alternativas
Por su parte, la abogada de política pública de la American Civil Liberties Union (ACLU, en inglés), Lorimar Escudero, indicó que tienen conocimiento de que en Puerto Rico el control migratorio recae en las autoridades federales.
“A la luz de incidentes recientes, no hay duda de que existe colaboración entre las autoridades federales y estatales en esta materia. Sin embargo, lo que observamos es una falta de supervisión. Protocolos, información, recursos y entretenimiento en asuntos migratorios, que contribuye a agravar las situaciones de peligro para estas personas”, explicó.
Ante esto, la ACLU propone que se adopten algunas peticiones del Grupo Interinstitucional sobre la Protección de los Refugiados y los Migrantes. Entre ellas:
- analizar la necesidad y el requisito de entregar a las personas recuperadas en el mar a un lugar seguro;
- desarticular las redes criminales organizadas que facilitan la migración irregular;
- investigar de forma eficaz los abusos cometidos contra migrantes víctimas de tráfico ilícito;
- crear condiciones adecuadas que permitan el respeto de los derechos humanos de las personas rescatadas en el mar;
- garantizar que los Estados cumplan con el derecho marítimo;
- prestar atención en la recuperación de los cadáveres;
- evitar la separación de las familias;
- rápida identificación de las personas;
- y trabajar conjuntamente con las autoridades federales para encontrar soluciones a largo plazo.
Asimismo, la abogada de política pública de la ACLU explicó que tanto FURA, la Guardia Costera o cualquier agencia de Gobierno debe regirse por ciertas responsabilidades como la intervención si existe la sospecha de algún delito o inmigración no autorizada.
De igual forma, aunque aseguró que la situación es grave y compleja no puede precisar si se ha agravado o mejorado a través de los años.
“Las autoridades están permitidas a intervenir solamente si tienen una sospecha razonable de que la embarcación está atada a una actividad ilegal, tal como inmigración no autorizada o el tráfico de drogas. […] Luego de que una causa para intervenir ha sido identificada, las autoridades tienen discreción para detener la embarcación o dejarla ir”, precisó.
Ese es el problema, el “ay bendito”. Los extremos son dañinos y peligrosos. Le sugiero a Leonard Prophil y el presidente del Comité Dominicano, José Rodríguez, que se enrollen las mangas y asuman la responsabilidad de informarle a sus pueblos, que nadie entra a otro país como y cuando le da la gana. Hay leyes que se tienen que acatar y existen procesos para inmigrar y emigrar. Finalmente, con “denunciar” la pérdida de vidas responsabilizando a las agencias federales y/o estatales no se resuelve la situación…