Organizaciones ecologistas de Puerto Rico y los Estados Unidos demandaron este martes a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA en inglés) por planificar que se utilicen miles de millones de dólares en fondos de recuperación de desastres de forma indebida, restaurando una red eléctrica que seguirá dejando a millones de habitantes en la isla vulnerables al colapso del servicio durante el paso de tormentas.
Asimismo, por ignorar las repercusiones ambientales de su plan para Puerto Rico, al fomentar que se prolongue innecesariamente la dependencia de combustibles fósiles para la generación eléctrica, lo que constituye una violación de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA en inglés).
Según establece la demanda ante el Tribunal Federal de Distrito en Columbia, FEMA planea utilizar cerca de $12 mil millones en fondos aprobados por el Congreso para la restauración de la red eléctrica del país. Mientras, NEPA obliga a las agencias federales inmersas en proyectos de esta envergadura a evaluar todos los efectos adversos de sus propuestas y a divulgarlos públicamente a través de una declaración de impacto ambiental.
Las nueve entidades demandantes, empero, sostienen que FEMA pasó por alto este paso crítico, a pesar del ordenamiento legal y las advertencias hechas públicamente por observadores.
De igual modo, agregan que FEMA no ha respondido adecuadamente a los comentarios, ni ha explicado por qué los ignoró.
“FEMA no tiene por qué comprometer miles de millones de dólares en una red eléctrica sucia, poco confiable, centralizada y basada en combustibles fósiles que, además, va a sumir a las familias en la oscuridad la próxima vez que pase una tormenta”, señaló en declaraciones escritas Augusta Wilson, principal abogada del Centro para la Diversidad Biológica, la organización estadounidense que encabeza el reclamo.
“FEMA”, continuó Wilson, “está ignorando imprudentemente a los puertorriqueños y a la emergencia climática para enriquecer a las empresas colonizadoras de combustibles fósiles”.
En su lugar, los demandantes reclaman que la agencia federal debe adoptar las recomendaciones de numerosos estudios técnicos, incluyendo uno financiado por FEMA y generado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos.
Este último, denominado Estudio PR100, establece que Puerto Rico tiene suficiente potencial de energía renovable para satisfacer su demanda de electricidad hasta el año 2050, y que para cumplir con los objetivos actuales de energía renovable en la isla se requiere una inversión significativa en sistemas de generación solar en techos.
Junto al Centro para la Diversidad Biológica, radicaron la demanda la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, el Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas, la Casa Tallaboeña de Formación Comunitaria y Resiliencia, y el Comité Caborrojeño Pro Salud y Ambiente.
De igual forma, el Comité Dialogo Ambiental, el Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida, El Puente de Williamsburg y el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas.
El Centro para la Diversidad Biológica es una organización ecologista sin fines de lucro, con más de 1.7 millones de miembros y activistas en los Estados Unidos, dedicada a la protección de especies en peligro de extinción y reservas naturales.
