Integrantes de la coalición Queremos Sol criticaron que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) haya aprobado las enmiendas al contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) con AES Puerto Rico, por implicar un aumento en la factura eléctrica.
Además de facilitar un rescate económico para la multinacional, el veredicto abre la puerta para que sean los abonados quienes financien los nuevos términos económicos mediante otra alza en la tarifa de la privatizadora LUMA Energy.
“No solamente veremos un incremento en el costo del servicio eléctrico, que ya es uno de los más altos de cualquier jurisdicción de los Estados Unidos, también ignora las alternativas de utilizar los fondos públicos y de recuperación de desastres para equipar las residencias, negocios e instituciones con sistemas solares en techos y baterías para sustituir la generación de AES”, planteó Víctor Alvarado Guzmán, portavoz de Queremos Sol, mediante comunicado de prensa.
En su resolución, el NEPR indicó que, si AES dejara de operar en el corto plazo producto de la insolvencia de la empresa, el costo para los abonados de la AEE alcanzaría $900 millones durante los próximos cuatro años, en gastos adicionales por materia prima y combustibles más caros.
En cambio, los comisionados del NEPR alegaron que la autorización de las enmiendas, aunque aumentan el costo de esta operación para los abonados, implican un cambio menor de $185 millones durante el mismo periodo.
“Además, la decisión del Negociado de seguir considerando la propuesta de AES de instalar placas solares a escala industrial en terrenos agrícolas agudizará nuestra inseguridad alimentaria, en un país que importa alrededor del 85 por ciento de sus alimentos, y causará graves inundaciones a las comunidades de Salinas y Guayama y daños a nuestros ecosistemas”, señaló Alvarado, quien también forma parte del Comité Diálogo Ambiental de Salinas.
Igualmente, el portavoz de Queremos Sol rechazó la permanencia de la carbonera en la isla, a pesar de la contaminación asociada a las cenizas de carbón y las implicaciones a la salud de las comunidades que ello ha tenido.
“Es lamentable que el NEPR haya cumplido los caprichos de una compañía que por más de dos décadas se ha dedicado a contaminar nuestro suelo, aire y acuíferos, que además son fuente de agua para muchas comunidades”, indicó Alvarado Guzmán.
En su resolución, el NEPR rechazó cambios al contrato que le habrían dado a AES términos preferenciales, más allá de los que se otorgan en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17-2019), y el derecho de desarrollar hasta 300 MW (megavatios) de capacidad de generación de fuentes renovables, encontrando que dicha enmienda le habría dado una ventaja a AES sobre otros potenciales desarrolladores de energías renovables, sin que se justifique la necesidad de estos puntos.
El NEPR, empero, sí avaló que continúe una negociación de buena fe entre las partes para sustituir parte de la capacidad de generación de AES Puerto Rico cuando se retire en el 2027.