“Lugares que antes no se inundaban, ahora sí lo hicieron. Eso lo causó el inmenso proyecto de placas solares que está construyendo la empresa CIRO Group en los terrenos agrícolas al norte de la comunidad”.
El testimonio, descrito con una latente dosis de asombro y dolor, fue narrado por Ismenia Figueroa Matos, presidenta de la Junta Comunitaria del Poblado Coquí en Salinas, mientras colaboraba con la colocación de 20 fotos ampliadas en una pizarra. Cada una, con memorias impactantes de las inundaciones que, de forma histórica, arroparon calles y hogares de la comunidad tras el paso del huracán Fiona y los episodios de lluvia que le sucedieron.
Mientras describía sus recuerdos, a pasos de distancia un batallón de vecinos colaboraba con la colocación de una mesa para traductores, así como sillas y un área de registro al interior del Centro Comunal del poblado, porque al lugar acudiría la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Jennifer M. Granholm, como parte del evento PR100: Gira de Participación Comunitaria.
“Quiero que la secretaria sepa esto”, reiteró Figueroa Matos.
El encuentro
La secretaria Granholm arribó al lugar poco después de las 10:00 de la mañana del pasado viernes, luego de que la Policía de Puerto Rico tomara control del perímetro y personal de su oficina se apostara al interior del centro, incluso, con equipo de grabación.
En contraste, a su entrada la funcionaria saludó una por una a las personas de las comunidades de Salinas y Guayama que le aguardaban, a quienes ofreció un mensaje general sobre su visita.
Según expuso, el PR100 es un estudio de dos años dirigido por el Grid Deployment Office (GDO) del Departamento de Energía federal (DOE en inglés) que busca el modelo para que Puerto Rico transicione a la energía renovable, con participación ciudadana.
En diciembre pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó $1,000 millones en fondos federales para apoyar la instalación de sistemas solares y de almacenamiento de baterías en techos en comunidades de bajos recursos y vulnerables en la isla. La asignación inicial solicitada fue de $5,000 millones.
“Se asignó para Puerto Rico $1billón para proyectos solares en techos. Ahora, $1 billón no cubre a todo el mundo. El dinero va a ir dirigido a las personas más vulnerables”, expresó la secretaria durante su conversación con los líderes comunitarios.
“Hay como 500 mil casas que están bajo el nivel de pobreza. Un billón de dólares daría como para 40 mil. No dará para todo el mundo, pero es una primera fase. Es un comienzo”, continuó.
Impacto de proyectos a escala industrial
Poco después, el turno le correspondió a vecinos afectados por la construcción cercana de un proyecto solar de escala industrial. Granholm escuchó sus emotivos testimonios.
“Me preocupa mucho que estén cogiendo los terrenos agrícolas para instalar fincas de placas solares. Y si miran a la pizarra aquí, eso es lo que nos está causando a nosotros tantas inundaciones. Porque la compañía CIRO está montando unas fincas de placas solares al norte. Nuestra comunidad nunca se había inundado como ahora”, explicó Ismenia, quien logró llamar la atención de la secretaria con las fotos de su comunidad inundada.
“A parte, no se consultó a la comunidad para coger esos terrenos agrícolas para poner esas placas. Ellos están más altos, nosotros estamos más bajitos, y nos están convirtiendo en un lago en esta comunidad. Porque después de Fiona hubo dos inundaciones más”, agregó.
Por su parte, Erasmo “Marán” Cruz Vega, otro líder comunitario de Guayama, hizo un llamado a emplear terrenos ya impactados para colocar las placas solares, y así evitar utilizar suelos agrícolas.
“Allá en Guayanilla donde era el complejo petroquímico, que es bastante grande; en Guayama donde estaba la Phillip Petroleum, donde ahora está la carbonera que nos esta envenenando; y en Yabucoa que estaba también otra petroquímica; esos terrenos no se están utilizando. ¿Por qué no colocan ahí las placas? Entiendo que esos terrenos que están contaminados son los que se tienen que usar con placas solares”, reclamó Cruz Vega, vecino de la comunidad Santa Ana.
Ante este planteamiento, Marisol Bennet, coordinadora de recuperación del DOE, respondió que alternativas como esas, para evitar que se ocupen suelos agrícolas, fueron recomendadas al Gobierno de Puerto Rico.
“Además de depender de los sistemas distribuidos, como las placas solares en los techos… otra de las recomendaciones para el Gobierno de Puerto Rico fue evaluar sitios o terrenos alternos, incluyendo cosas como vertederos que ya estén cerrados. Que puedan cumplir dos objetivos: poder restaurar lugares que afean o contaminan, y que a la vez ayuden a cumplir con los objetivos de energía renovable”, aseveró Bennet.
Placas en techos
Bennet también informó que entre las conclusiones principales del estudio PR100 resalta la importancia de utilizar los techos de viviendas existentes para colocar las placas solares.
“A la conclusión que hemos llegado es que, si solamente dependemos de fincas solares gigantes, no vamos a tener terrenos suficientes para generar toda la energía necesaria y proteger los terrenos agrícolas. Así que una de las conclusiones es que, para llegar al 100 por ciento de energía renovable y proteger nuestros terrenos agrícolas, tenemos que depender de sistemas distribuidos, de sistemas de placas solares en los techos, de sistemas solares comunitarios. Ya podemos con confianza decir eso”, aseguró la coordinadora.
Su postura coincide con estudios previos realizados por entidades no gubernamentales como la organización Queremos Sol, que en el 2021 presentó un modelo donde se demuestra que en 15 años Puerto Rico puede generar el 75 por ciento de su energía con fuentes renovables distribuidas de manera costo efectiva, empleando placas solares en techos y baterías de almacenamiento en viviendas.
Las expresiones de Bennet además resonaron como eco entre los vecinos del poblado, quienes durante años se han embarcado en el proyecto Coquí Solar.
“Coquí Solar es un proyecto que nace de la Junta Comunitaria del Coquí y, a su vez, proviene de residentes del Coquí, que tenían la preocupación de por qué no se aplicaban placas solares en los techos de la comunidad, para así servir de una manera eco amigable y que los jóvenes pudieran tener trabajo”, explicó Carmen M. De Jesús Tirado, coordinadora de la iniciativa.
“Buscamos obtener tres tipos de beneficios: social, económico y ambiental, al convertir nuestra comunidad en una solar”, continuó.
En su repaso a los funcionarios federales, De Jesús Tirado relató que el primer paso de la comunidad fue transformar su centro comunal en uno alimentado con energía solar, para luego instalar paneles en cuatro hogares.
“Me alegra que Salinas tenga visibilidad. Ya es tiempo que se deje de pensar que Puerto Rico solo es el norte y que ellos son los que importan”, comentó la líder comunitaria en un aparte con La Perla del Sur.
“En el sur estamos y hemos sufrido por años de desigualdad social, económica y ambiental. Me parece que la preocupación de la secretaria es genuina y por ello se realizó la visita. Espero que de la reunión puedan crearse acuerdos colaborativos que beneficien directamente a la comunidad y que no se quede en palabras”, continuó.
“Necesitamos acciones. Nuestra gente, los más vulnerables, no pueden seguir siendo atropellados”, finalizó.
Excelente artículo que nos presenta la realidad de muchas comunidades. Gracias.