Amnistía Internacional (AI) denunció que la Policía de Puerto Rico hace un “uso excesivo de la fuerza” durante su desempeño y que las comunidades de ingresos bajos racialmente mixtas son las más afectadas “de forma desproporcionada”.
En el capítulo sobre Puerto Rico de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la organización recuerda que la ONG Kilómetro 0 publicó un reporte que ponía de relieve la preocupación existente en torno a los homicidios cometidos por la Policía en la isla.
La organización alertó de que “los agentes encargados de hacer cumplir la ley habían matado al menos a 71 personas entre 2014 y 2020, una media de 10 personas al año, y que un número significativo de las víctimas no portaba armas de fuego”.
El informe también concluyó que “las personas que vivían en comunidades de ingresos bajos racialmente mixtas tenían el doble de probabilidades de ser asesinadas por la Policía que quienes vivían en comunidades de ingresos bajos y población mayoritariamente blanca”.
También ha habido denuncias de uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones, como la que congregó en agosto pasado a centenares de personas para denunciar los cortes de luz en la isla y el aumento de la factura eléctrica.
Respuesta excesiva contra ambientalistas
AI indicó asimismo que en varias ocasiones durante 2022 las autoridades desplegaron un número desproporcionado de agentes policiales en repuesta a las protestas que tuvieron lugar contra los planes de construcción en zonas de importancia ambiental.
Sobre la degradación ambiental, recordó que un tribunal paralizó la construcción de la zona recreativa de un condominio cercano a la playa de la localidad de Rincón, por varios motivos.
Entre ellos, el hecho de que parte del terreno estaba protegido por ser un hábitat importante para especies en peligro de extinción, tales como las tortugas marinas, y que algunos puntos corrían un gran peligro de sufrir inundaciones.
Amnistía Internacional criticó que “el Gobierno había autorizado el proyecto de urbanización pese a las preocupaciones ambientales”.
Aumento en feminicidios
En su informe, AI remarcó que la cifra de feminicidios de 2022 fue la más elevada de los 4 años anteriores.
Según el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico, se registraron 79 homicidios de mujeres por razón de género, en comparación con los 58 reportados en 2021.
Sobre los derechos sexuales y reproductivos, el documento reitera que en Puerto Rico se permitía el aborto en cualquier etapa del embarazo si lo practicaba personal médico a fin de preservar la vida o la salud de la persona gestante.
Sin embargo, tras la anulación en junio de 2022 por la Corte Suprema de Estados Unidos de la sentencia de la causa Roe v. Wade, que protegía el derecho al aborto a nivel federal, fueron presentados en Puerto Rico al menos cinco proyectos de ley que pretendían restringirlo.
Organizaciones feministas, como la Coalición por un Aborto Libre, Seguro y Accesible e Inter-Mujeres, expresaron su preocupación por el hecho de que las restricciones afectarían de forma desproporcionada a las mujeres de escasos recursos y a las que sufrían violencia de género.
Los proyectos fueron, no obstante, posteriormente rechazados en una votación interna que tuvo lugar en la Cámara de Representantes de Puerto Rico, destacó AI.
Población LGBTI+
Asimismo, el documento lamentó que en mayo pasado la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Laborales de Puerto Rico retiró un proyecto de ley que pretendía establecer una carta de derechos de las personas LGBTI+.
AI criticó que el Departamento de Salud puso fin a la obligación que tenía el personal sanitario de recibir formación permanente sobre cuestiones LGBTI+, contemplada inicialmente en la Orden Administrativa 398 de 2018, pero la restableció debido a la presión pública.
La organización reprochó por último que el Departamento de Justicia de Puerto Rico no realizó avances para llevar ante la justicia a los responsables del asesinato en 2020 de una mujer transgénero llamada Alexa.
