Las fiscales especiales independientes Zulma I. Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón presentaron hoy cuatro cargos contra el alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntas violaciones de ley relacionadas con su campaña política de 2020.
La vista de causa para arresto se lleva a cabo en la sala 606 del Centro Judicial de Ponce.
La jueza Adria Cruz Cruz deberá determinar si existe o no causa para el arresto del alcalde. Se trata de dos violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y dos cargos por el artículo 251 (enriquecimiento injustificado) del Código Penal.
De haber causa para arresto, se le impondrá una fianza y será fichado. Además, se pautará una fecha para el inicio de la vista preliminar.
Al llegar al sexto piso acompañado de su esposa, Miyady Velázquez Pagán, Irizarry Pabón fue vitoreado por alrededor de 70 empleados municipales que gritaban «cuatro años más» y «Ponce tiene alcalde». De camino a la sala, el mandatario manifestó sentirse “tranquilo”.
Los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto y Carlos Torres componen la defensa del ejecutivo municipal.
El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) designó a los fiscales Manuel Núñez Corrada y Miguel A. Colón Ortiz para investigar a Irizarry Pabón el 12 de abril de este año, luego de acoger la recomendación que a tales fines le hizo el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
El 12 de julio venció el término inicial de 90 días que tenían Núñez Corrada, fiscal especial independiente, y Colón Ortiz, fiscal delegado, para completar la investigación. Sin embargo, estos solicitaron tiempo adicional en dos ocasiones, lo que les fue concedido. La primera extensión venció el 31 de agosto y la segunda el 10 de octubre.
El 13 de septiembre, el PFEI despidió a Colón Ortiz por burlarse de la familia del exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, en la vista preliminar que este enfrentó por presuntas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y por perjurio, de la cual salió airoso.
En sustitución, el PFEI asignó a la fiscal Zulma I. Fúster Troche. El 27 de octubre, mientras corría el término de 30 días para presentar su informe final, los fiscales Núñez Corrada y Fúster Troche le informaron a Irizarry Pabón su determinación de acusarlo.
Por qué fue investigado
El informe de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) del Departamento de Justicia, que dio paso al referido, detalla que Irizarry Pabón pudo haber incurrido en violaciones a los artículos 191 (extorsión) y 251 (enriquecimiento injustificado) del Código Penal.
Igualmente, establece que pudo haber violado dos artículos de la Ley de Ética Gubernamental: el 4.2 (b) por usar las facultades de su cargo para recibir un beneficio no permitido por ley; y el 4.2 (m) por exigirles a otros servidores públicos, mientras están en funciones de trabajo, que hagan contribuciones económicas.
Asimismo, apunta a una posible violación del artículo 13.005 de la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas por presentar informes falsos.
El caso comenzó con una comunicación —vía correo electrónico— remitida a la contralora Yesmín M. Valdivieso, que a su vez fue referida al Departamento de Justicia. En dicha comunicación, Jaime Santiago Bátiz -residente del sector Acueducto en Ponce- alegó que el alcalde Irizarry Pabón les había solicitado a dos funcionarios municipales que recogiera aportaciones monetarias entre varios empleados de confianza.
El dinero se usaría para pagar un préstamo personal que tomó Irizarry Pabón para cubrir, parcialmente, los gastos de su campaña electoral a la alcaldía de Ponce.
Esos funcionarios fueron Luis Báez Rodríguez, director y principal recaudador de su campaña política, y Oscar Iván Nazario Segarra, el recaudador alterno. Cuando Irizarry Pabón se convirtió en alcalde, los nombró jefe de gabinete y director del Departamento de Infraestructura, Ambiente y Transportación (DIAT), respectivamente.
De acuerdo con la Oficina del Contralor Electoral (OCE), que investigó y multó a Irizarry Pabón por esta relación de hechos, los funcionarios que aportaron al repago del préstamo fueron: Marlese Sifre, vicealcaldesa; Francisco Rodríguez, administrador de la ciudad; Edgar Avilés, secretario municipal; Alberto Negrón, director de los ayudantes del alcalde; Waldemar Rivera Casiano, director de la Oficina de Ayuda al Ciudadano; Jorge Luis Mercado Santiago, director de Manejo de Emergencias; Pedro Quiles Torres, comisionado de la Policía Municipal; y Luis Velázquez, chofer del alcalde. Mercado Santiago y Quiles Torres ya no laboran en el ayuntamiento.
La OCE le impuso a Irizarry Pabón y a la tesorera de su comité de campaña y directora de Finanzas municipal, Damaris Suliveres, multas y penalidades ascendentes a $159,944.24 por presuntamente violar la Ley 22 para la fiscalización del financiamiento de campañas políticas.
La versión del alcalde
Luego de conocerse las multas impuestas por la OCE, Irizarry Pabón alegó que los dos recaudadores de fondos para su campaña política cometieron irregularidades sin su consentimiento y negó que hubiera pedido dinero para repagar el préstamo personal de $50 mil.
Según el alcalde, Báez Rodríguez y Nazario Segarra ocultaron información y deben explicar qué hicieron con una serie de donativos supuestamente destinados a la campaña, pero que Irizarry Pabón alega nunca fueron recibidos.
El alcalde dijo que los despidió a ambos por presuntas irregularidades, pero no explicó por qué no los refirió a las autoridades pertinentes en ese momento; alegó que lo hizo luego de divulgado el informe de la OCE.
Báez Rodríguez renunció al puesto en marzo de 2021. Nazario Segarra, quien fue testigo de la OCE, renunció en noviembre de 2022.
Sobre el donativo de $19 mil que Nazario Segarra le dijo a la OCE, mediante declaración jurada, que hizo el convicto empresario Oscar Santamaría, el alcalde aseguró que nunca llegó a la campaña. Asimismo, dijo que del préstamo personal de $50 mil que obtuvo del Banco Popular destinó $40 mil a la campaña, pero solo entraron $30 mil.
Por su parte, Suliveres Cruz reconoció ante la OCE que ella firmaba cheques y llenaba los informes con la información que Báez Rodríguez le suministraba sin corroborarla por su cuenta, a pesar de que se exponía a perjurio.
Se cambió el orden de sucesión
El 10 de octubre, cuando venció el periodo investigativo de los FEI, la Legislatura Municipal de Ponce aprobó una ordenanza que cambió el orden de sucesión interina, en caso de surgir una vacante permanente en el puesto de alcalde.
La vicealcaldesa Marlese Sifre Rodríguez asumiría las riendas del ayuntamiento, de no estar disponible Irizarry Pabón. A esta le seguirían el administrador de la Ciudad, Francisco Rodríguez; el secretario municipal, Edgar Avilés; y la directora de la Oficina de Servicios Legales, Annette Rodríguez.
La nueva sucesión se activaría ante la vacante permanente en el cargo de alcalde por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, o si es suspendido de empleo mientras se ventilan cargos en su contra.
Irizarry Pabón firmó la ordenanza esa misma noche.
Ninguna persona normal, fuera o no culpable o hubiese cometido los delitos que se le imputan a este señor, se sentiría “tranquilo”. No dudo que el personal que lo vitoreaba en el tribunal hubiese estado allí “voluntariamente” y hasta hallan que tenido que firmar una hoja de asistencia para cobrar el día…😂😂😂