El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) archivó el caso contra el alcalde de Guayanilla. Raúl Rivera Rodríguez, a quien le imputaban diversas irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
No obstante, su caso fue referido a la Oficina de la Contralora, Yesmín Valdivieso.
El licenciado Rafael Sánchez Hernández, abogado designado por la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD), fue quien tomó la determinación de recomendarle al PFEI el archivo de la querella, presentada por Mario Emmanuelli Rullán.
Su conclusión se tomó luego de entrevistar al alcalde y a varios testigos, y de requerir información a la alcaldía, dijo el PFEI.
El querellante había expresado que el alcalde disponía sin permiso de terrenos propiedad de la familia Emmanuelli Rullán; cuestionó la utilización del estacionamiento del Coliseo Lenín López por parte del Hotel Costa Bahía; y denunció que se usaron empleados y equipo municipal en la expansión del proyecto residencial Monte Claro.
Asimismo, Emmanuelli Rullán criticó que el ayuntamiento endosara el uso de ciertos terrenos por parte de El Taburete Bar and Grill.
Según el licenciado Sánchez Hernández, la Oficina de Gerencia de Permisos no encontró irregularidades en el caso de El Taburete Bar and Grill.
Con relación al Hotel Costa Bahía, el investigador dijo que el mismo querellante reconoció que los terrenos cuyo uso objetaba son propiedad del dueño de la hospedería. Agregó que no encontró irregularidades ni evidencia que confirmara que el alcalde estuvo involucrado personalmente en la contratación.
Sobre el resto de presuntas irregularidades, el PFEI no se expresó en el comunicado de prensa circulado hoy.
A pesar de ordenar el archivo del caso, el licenciado Sánchez Hernández confirmó que el ayuntamiento realizó trabajos que no fueron cobrados tras el huracán Fiona, que pasó por el suroeste de la isla en septiembre del año pasado. Igualmente, estableció que las boletas de servicio estaban incompletas, aunque dichas omisiones no alcanzan la categoría de negligencia inexcusable.
La UPAD le pidió al alcalde, el pasado 26 de junio, que enmendara las referidas boletas y horas de servicios prestados desde el 19 de septiembre de 2022, con motivo del huracán Fiona, hasta el presente.
Asimismo, ordenó que, en las boletas que se hubiera hecho un cargo, se incluyera el costo y la forma de pago, y mandató el cobro de todo servicio brindado que careciera de fundamento para su expendio gratuito.
“El alcalde cumplió con lo ordenado, mas examinada la documentación que entregó la UPAD recomendó referir este asunto a la Oficina del Contralor”, indicó el PFEI el 12 de octubre.
