AEELA demanda a Guánica por demolición del Centro Vacacional Playa Santa

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) demandó al Gobierno Municipal de Guánica y a dos agencias estatales para evitar pagar los arbitrios de construcción correspondientes al proyecto de demolición del Centro Vacacional Playa Santa.

Esta instalación recreativa, propiedad de AEELA, quedó inhabilitada por los terremotos de 2020 y desde entonces permanece clausurada.

La disputa se centra en el hecho de que AEELA alega no tener que pagar los arbitrios de construcción al ayuntamiento, con el argumento de que su ley habilitadora la exime, pero la alcaldía no está de acuerdo.

AEELA demandó además al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), que ha congelado la aprobación del permiso para el proyecto de demolición, a la espera del certificado de exención contributiva que el ayuntamiento se niega a emitir.

La entidad presentó la demanda de sentencia declaratoria y petición de injunction preliminar y permanente el pasado 26 de octubre en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, y el alcalde guaniqueño, Ismael Rodríguez Ramos fue emplazado ayer martes, 7 de noviembre.

En la demanda, AEELA establece que el edificio de 13 pisos y 98 apartamentos representa un riesgo para la seguridad pública y que su demolición resulta urgente.

Describe además que el pasado 17 de julio comenzaron los preparativos para la demolición, incluyendo tareas de mitigación para la remoción y manejo de asbesto y plomo. El proceso de demolición, que se hará mediante implosión, está pautado para iniciar el 19 de diciembre de este año con la colocación de las cargas de explosivos y concluiría el 12 de abril de 2024.

AEELA contrató a la empresa Alpha Demolitions para efectuar la demolición de la estructura a un costo de $2,580,000. El proyectista es el arquitecto Alberto Lastra Power, quien fue director ejecutivo de OGPe y secretario de Vivienda bajo la gobernación de Alejandro García Padilla.

AEELA estimó que tendría una pérdida de $2,654,011.60 si la demolición no comienza en la fecha programada.

La disputa

Para defender su postura, AEELA cita el artículo 42 de la Ley 9 de 2013 (Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado), que estipula que “los negocios y las propiedades de la Asociación, así como las que pueda adquirir en el futuro, están exentas de toda clase de impuestos, derechos y contribuciones”.

Además, se sostiene en que el Tribunal de Apelaciones le dio la razón en un caso similar que llevó en el 2006 contra el Municipio de San Juan, por lo que se trata de un asunto juzgado y validado a su favor por los tribunales.

AEELA le pidió al ayuntamiento guaniqueño que le expidiera un certificado de exención de arbitrios municipales para que la OGPe emitiera la aprobación final del proyecto de demolición.

Como la alcaldía se negó a emitir el certificado de exención, en una carta fechada el 13 de octubre, el director del Departamento de Asuntos Legales de AEELA, José Pérez Ayala, amenazó con llevarlos al tribunal.

“Advertimos que, de no cumplir con lo requerido dentro de un periodo de diez días a partir del recibo de la presente comunicación, nos veremos en la obligación de recurrir a los tribunales o al foro que corresponda, para exigir el cumplimiento de su deber ministerial y el cumplimiento de las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, señaló Pérez Ayala.

Cabe señalar que, el 22 de septiembre, Alpha Demolitions le pagó $12,900 al ayuntamiento de Guánica por concepto de la patente de demolición y AEELA admite en su carta que el contratista no ha pedido exención.

“El contratista, yo entiendo, que estaría dispuesto a pagar los arbitrios. Son los directores ejecutivos de AEELA quienes alegan que ellos están exonerados”, manifestó Rodríguez Ramos a La Perla del Sur, antes de ser emplazado con la demanda.

“No entiendo por qué tienen que traer esto. El costo es $2,580,000. No sé si es que se quieren ahorrar esos $129 mil de arbitrios para ellos”, agregó.

Los $129 mil representan el cinco por ciento del costo del proyecto, que es lo que la alcaldía cobra de ordinario por arbitrios de construcción. La patente, entretanto, es el 0.5 por ciento del costo del proyecto, dijo el alcalde.

“No encontramos la lógica de no querer pagar los arbitrios, porque todo contratista sabe que, cuando hace un contrato de esta magnitud, dentro del costo del proyecto se incluye el pago de arbitrios de construcción”, sostuvo el alcalde.

Rodríguez Ramos le respondió a AEELA el 19 de octubre, también a través de una misiva, que su alegada exención no está contemplada en el artículo 2.110, inciso F, de la Ley 107 de 2020, conocida como el Código Municipal.

“No existe disposición legal en nuestro ordenamiento jurídico que nos obligue a lo solicitado”, aseveró el alcalde en la carta.

Asimismo, indicó que, en todo caso, la exención aplicaría a construcciones que realice AEELA por sí misma, mas no a través de un contratista.

“[…] nuestra interpretación es que la exoneración solicitada no procede cuando las obras de construcción son llevadas a cabo por una persona natural o jurídica, actuando a favor o en representación de, o por un contrato o subcontrato con una compañía privada”, planteó.

Sobre el caso ganado por AEELA en el foro apelativo, Rodríguez Ramos comentó que “no atiende el señalamiento de hechos cuando las obras son realizadas por contratista privado”.

En su conversación con este medio, puntualizó que “nosotros estamos dispuestos a ir al tribunal y defender nuestro planteamiento”.

“Es triste y lamentable, porque nosotros somos un pueblo bastante pobre, que estamos tratando de salir adelante. Hemos sufrido bajas en el presupuesto y un proyecto como este, que genera $129 mil de arbitrios de construcción, nos ayuda a cumplir con los estimados que tenemos en el año fiscal”, expresó.

Atento a futuro desarrollo

Por otra parte, el ejecutivo municipal mostró incomodidad por exenciones adicionales de las que supuestamente goza AEELA por el Centro Vacacional.

“Nos hemos dado cuenta de que este edificio, que lleva años en uno de los terrenos, yo creo, de más alto valor en nuestro pueblo de Guánica, no aporta nada al erario de la administración municipal de Guánica, referente al pago de CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) y patentes. Aparentemente, están exonerados de todo”, detalló.

“Y uno se pregunta para qué vamos a tener un edificio así tan grande en un terreno tan valioso en Guánica, frente a Playa Santa, y no le va a dar ningún beneficio ni le va a dejar ningún tipo de ingreso a las arcas municipales”, prosiguió.

En ese sentido, advirtió que estará pendiente a lo que hará AEELA en el terreno, luego de que se complete la demolición y limpieza. Esto, a pesar de que no ha recibido información sobre esos planes.

“No hay, absolutamente, ningún tipo de discusión entre AEELA y el municipio sobre esos planes. No nos han dicho nada. Ellos indican que todavía no tienen los planes sobre la construcción, pero nosotros vamos a estar bien pendientes y vamos a defender nuestro punto y vamos a buscar las alternativas”, expuso.

Sí adelantó su interés de que este terreno, o parte, pueda convertirse en estacionamiento para las personas que visitan Playa Santa.

“Porque eso es un terreno de alto valor, está en la zona marítimo terrestre y nosotros aspiramos que sea algo accesible y que nos ayude también con el problema de estacionamiento en Playa Santa. Vamos a buscar alternativas para resolver el problema del estacionamiento y hay un terreno allí bastante grande que vamos a buscar las alternativas a lo que se pueda construir allí”, sentenció.