Ocurrió precisamente 38 años atrás.
El 1 de noviembre de 1985, Ponce y Puerto Rico despertaron con la noticia de que el entonces magistrado federal Jesús Castellanos había ordenado el arresto del otrora alcalde de la Perla del Sur, José Guillermo “Joselyn” Tormos Vega.
Esto luego que un Gran Jurado lo acusara de conspiración y extorsión, junto a otras dos personas: el exasambleísta municipal Juan Luis Boscio y el ex vicepresidente ejecutivo de la compañía de servicios financieros Shearson/American Express, Miguel A. Serrano Arreche.
La acusación, emitida el 31 de octubre de ese año, imputaba a Tormos Vega haber utilizado su autoridad como alcalde y supervisor de la Ponce Municipal Development Authority para apropiarse de $110 mil mediante extorsión, mientras que a Boscio se acusaba de haber aprovechado su cargo público como presidente de la junta de directores de la dependencia municipal y como miembro de la Asamblea Municipal para obtener igual suma que el exalcalde.
Entretanto, a Serrano Arreche se le imputaba haberse apropiado de $660 mil mediante extorsión, utilizando su cargo en la Shearson/American Express.
Según la acusación del Gran Jurado, los delitos se perpetraron entre el 6 de junio y el 29 de agosto de 1983 cuando, en común acuerdo con Boscio y Tormos Vega, Serrano Arreche sometió una factura falsa al entonces alcalde por servicios prestados para la concesión de un préstamo de $66 millones al Gobierno Municipal de Ponce a través de Shearson/American Express, aun cuando Serrano Arreche recibía una comisión de la firma de corretaje por los mismos servicios.
Seis meses más tarde, el 9 de febrero de 1984, Tormos Vega dimitió al cargo por “razones de salud”, tras ocupar la silla de alcalde durante siete años. Posteriormente, se radicó en Orlando, Florida, ciudad desde la que viajó a Puerto Rico el viernes, 1 de noviembre de 1985, para entregarse a las autoridades federales.
Según reseñó entonces el periodista destacado en el tribunal federal, Waldo Covas Quevedo, el magistrado Castellanos impuso a Tormos Vega una fianza de $250 mil y una orden para mudarse a la isla.
Por su parte, el otrora jefe de los fiscales federales, Daniel F. López Romo, explicó a Covas Quevedo que la acusación se formuló al amparo de la ley federal Hobbs, un estatuto que por primera vez se aplicaba en la jurisdicción de Puerto Rico.
La ley contempla el castigo a funcionarios públicos que comprometan su cargo a cambio de dinero, esté o no vinculado a fondos del erario federal.
En junio de 1988, Tormos Vega y Boscio fueron convictos por un jurado de los delitos de conspiración y extorsión al exigir un soborno de $110 mil al corredor de valores Serrano Arreche, y el 4 de noviembre de ese año la entonces jueza Carmen Consuelo Vargas de Cerezo condenó a diez años de prisión al exalcalde ponceño. También le impuso una multa de $20 mil.
Fecha paralela
Este martes, 31 de octubre, la jueza Adria Cruz Cruz del Tribunal de Primera Instancia en Ponce halló causa para arresto contra el actual alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, por presuntas comisiones de delitos durante la campaña política de 2020.
Según acusaciones presentadas por las fiscales especiales independientes Zulma I. Fúster Troche e Ileana Agudo Calderón, Irizarry Pabón abusó de su poder como alcalde al exigir a subalternos que aportaran dinero para el repago de un préstamo de $50 mil que tomó con el Banco Popular, de los cuales se destinaron $30 mil a la campaña.
Esto, describieron las fiscales, constituye una violación a la Ley de Ética Gubernamental, y enriquecimiento injustificado de acuerdo con el Código Penal.
Tras hallar causa contra Irizarry Pabón por cuatro cargos, la jueza Cruz Cruz le impuso una fianza de $20 mil y se programó para hoy miércoles, 1 de noviembre, el fichaje del ejecutivo municipal en la oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente en San Juan.
La vista preliminar del caso se pautó para el próximo, 16 de noviembre en el Tribunal de Ponce.
De resultar convicto, Irizarry Pabón se expone de dos a cinco años de prisión por cada cargo.
Al salir de la sala judicial, el alcalde dijo sentirse tranquilo, agregando que “esto es una componenda en contra de este alcalde, de personas que, en su momento dado, se va a probar que cometieron delito”. Asimismo, reiteró que no renunciará al cargo.
La defensa del ejecutivo municipal está a cargo de los abogados José Andreu Fuentes, Ricardo Prieto y Carlos Torres Nolasco.
