Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) violaron reiteradamente sus propias normas al utilizar un enorme archivo de inteligencia extranjera en busca de información relacionada con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y con las protestas por la injusticia racial de 2020, según una orden judicial difundida el viernes.
Funcionarios del FBI dijeron que las miles de violaciones, que incluyen allanamientos indebidos de donantes a una campaña electoral legislativa, son anteriores a una serie de medidas correctivas iniciadas a mediados de 2021 y continuadas el año pasado.
Pero los problemas podrían dificultar los esfuerzos del FBI y el Departamento de Justicia para recibir la autorización del Congreso para un programa de vigilancia sin orden judicial que según agentes de la policía federal es necesario para combatir el terrorismo, el espionaje y el cibercrimen internacional.
Las violaciones están detalladas en una orden judicial secreta emitida el año pasado por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, que tiene el poder legal de supervisar a los organismos de espionaje del gobierno. La Oficina del director de Seguridad Nacional de Estados Unidos (ODNI) difundió el viernes una versión con pasajes ennegrecidos en lo que los funcionarios llamaron un acto de transparencia. Varios legisladores recibieron copias de la orden en el momento de su emisión el año pasado.
“Las revelaciones de hoy ponen de relieve la necesidad de que el Congreso frene los escandalosos abusos de esta ley, incluidos los allanamientos sin orden judicial utilizando los nombres de personas que dieron donaciones a un candidato político”, dijo Patrick Toomey, subdirector del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
“Estos allanamientos ilegales socavan nuestros derechos constitucionales y amenazan las bases de nuestra democracia. Es evidente que el FBI no puede ser policía de sí mismo”, agregó.
Lo que está en discusión es el uso indebido de información obtenida por la inteligencia extranjera bajo la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera (FISA), que permite al gobierno grabar las comunicaciones de ciertos extranjeros fuera de Estados Unidos. Ese programa caduca a fin de año a menos que se lo renueve.
El programa crea una base de datos de inteligencia a la que pueden acceder las agencias estadounidenses. Las búsquedas del FBI deben ser con fines de inteligencia extranjera o de búsqueda de pruebas de un delito. Pero legisladores que critican el programa han denunciado desde hace tiempo lo que llaman las búsquedas injustificadas en la base de datos de información sobre estadounidenses, además de expresar inquietudes más generales sobre abusos percibidos de vigilancia.
Las inquietudes acerca del programa han alineado a firmes defensores de las libertades civiles con partidarios del expresidente Donald Trump, quienes han aprovechado los errores de vigilancia cometidos por el FBI durante una pesquisa de su campaña de 2016. La Cámara de Representantes, con mayoría republicana, ha atacado al FBI al crear un comité para investigar lo que llama la “utilización del gobierno como arma”.
En distintos incidentes revelados el viernes, el FBI no aplicó sus propias normas. La orden de abril de 2022, por ejemplo, detalla cómo el FBI buscó en el archivo de la Sección 702 utilizando el nombre de alguien que se cree estuvo presente en el Capitolio durante la insurrección del 6 de enero. Los agentes obtuvieron la información a pesar de que carecía de “fines analíticos, investigativos o de evidencia”, según la orden.
En junio de 2020, los agentes realizaron búsquedas vinculadas a más de un centenar de personas arrestadas en relación con manifestaciones y protestas por la injusticia racial que se produjeron en Estados Unidos durante las semanas anteriores. Según la orden, el FBI había asegurado que las investigaciones probablemente estaban relacionadas con inteligencia extranjera, aunque las razones de esa evaluación están ennegrecidas en su mayor parte.
