Tras 20 años de trabajo, las indígenas consiguieron que el Comité para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) respalde «su lucha por la igualdad y la eliminación del racismo» en un contexto de «violencia interseccional» que provoca que «las mujeres y las niñas indígenas terminen quedándose siempre en el último eslabón».
Así lo explica en una entrevista con EFE la directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), Teresa Zapeta, quien celebra esta reciente decisión del Comité de la Cedaw que obliga a los Estados que han ratificado la Convención a aprobar políticas integrales que protejan los derechos individuales y colectivos de las mujeres y niñas indígenas del mundo.
«Nos sentimos muy satisfechas del camino recorrido y sentimos que toda esa lucha no se quedó en el vacío», señala Zapeta, indígena maya de Guatemala que lidera una red global de organizaciones de mujeres indígenas líderes y activistas por los derechos humanos de Asia, África, Pacífico, Ártico y las Américas.
Según el Comité para la Cedaw, conformado por 23 expertas independientes que supervisan la aplicación de la Convención, hay alrededor de 238 millones de mujeres indígenas en el mundo y la discriminación y la violencia son fenómenos recurrentes en la vida de muchas de ellas que viven en zonas rurales, remotas y urbanas.
«Las estadísticas disponibles indican que las indígenas tienen más probabilidades de sufrir violaciones que las mujeres no indígenas. Se estima que una de cada tres indígenas es violada durante su vida», afirma el Comité.
Por eso, dice Zapeta, esta recomendación es muy importante. «Si uno va desglosando dentro de los pueblos indígenas se va encontrando con que la brecha es mayor en las mujeres y en las niñas indígenas en temas como la educación. También por los altos niveles de violencia que se viven por las industrias extractivas, por la misma violencia intrafamiliar y el racismo».
«Las mujeres somos iguales en derechos, pero en condiciones y realidades no. Entonces no podemos responder de la misma manera a las necesidades y al ejercicio de los derechos de mujeres indígenas que no saben leer y escribir que a las (necesidades de) mujeres no indígenas que han logrado hacer una maestría, un doctorado», explica.
«Son realidades, necesidades diferentes, por lo tanto las políticas tienen que ser diferenciadas y responder a estas realidades», defiende la directora ejecutiva de FIMI.
