Unas 72 millones de personas, que viven en zonas rurales de Latinoamérica y el Caribe, carecen de acceso a internet con estándares mínimos de calidad y la brecha con las zonas urbanas se ha expandido en los últimos dos años.
Así lo revela el informe “Conectividad rural en América Latina y el Caribe: estado de situación, retos y acciones para la digitalización y el desarrollo sostenible”, presentado este jueves por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y las empresas Bayer, Microsoft y Syngenta.
El estudio, que concentró su trabajo en 26 países latinoamericanos y caribeños, reveló que en 2022 hay menos personas en zonas rurales sin acceso a internet de calidad en comparación con 2020 cuando había 77 millones, pero la brecha con las zonas urbanas se ha expandido.
Actualmente, un 79 por ciento de la población urbana cuenta con servicios de conectividad significativa en la región, mientras que en 2020 la cifra fue del 71 por ciento.
En las poblaciones rurales el porcentaje es del 43.4 por ciento este 2022, en comparación con el 36.8 por ciento de 2020.
El estudio concluye que ante la brecha rural persistente son necesarias «acciones decididas y soluciones innovadoras».
Un grupo de países conformado por Argentina, Barbados, Bahamas, Belice, Brasil, Costa Rica, Chile, Panamá, Trinidad y Tobago y Uruguay es considerado como «de alta conectividad significativa rural».
Otro grupo integrado por Colombia, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana, Paraguay y Surinam se ubica en la categoría «de nivel medio de conectividad significativa rural».
El tercer conjunto de países, considerado de «baja conectividad significativa rural», lo componen Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De acuerdo con el informe, las dificultades para incrementar más rápidamente el acceso a la conectividad rural pasan por obstáculos persistentes en el empleo de los fondos de acceso universal, problemas de infraestructura, elevados costos de inversión y una escasez de estímulos que alienten las inversiones en el ámbito rural.
“Los países de la región, si bien están encarando acciones en materia de actualización de marcos regulatorios y desarrollo de agendas y políticas digitales, no han logrado implementar soluciones a gran escala, y presentan requerimientos importantes en materia de inversiones en infraestructura», dijo la investigadora del IICA, Sandra Ziegler.
Educación e inversión
La investigación hace un llamado a una acción decidida de gobiernos, el sector privado y la sociedad civil para corregir las brechas de conectividad rural de forma rápida.
«Una mejora sustancial de la conectividad rural sería clave para facilitar el acceso de los productores a las cadenas de comercialización, contribuir al relevo generacional en la agricultura, empoderar a las mujeres rurales e impulsar la bioeconomía», detalla el estudio.
El informe recomienda garantizar la conectividad asequible y significativa para fines educativos, crear oportunidades de inmersión en tecnologías y diseñar experiencias a medida con los usuarios, y brindar a los jóvenes que se encuentran cursando estudios ligados a la formación agropecuaria una formación acorde a los procesos de digitalización.
También se requiere impulsar la tecnología digital a través de la educación formal, que los Estados adopten políticas de tecnologías de la información y la comunicación como motor de impulso en el ámbito rural, con el fin de formar a la población joven y que favorezca el arraigo a sus comunidades.
Otro punto clave es garantizar el acceso universal a internet en las escuelas rurales, además de apoyar los estudios sobre habilidades digitales en la región.
