Después de un retraso de varios años, la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) despojó hoy de su licencia para vender analgésicos altamente adictivos a uno de los distribuidores de fármacos más grandes del país, luego de determinar que no detectó miles de pedidos sospechosos durante el punto álgido de la crisis de opioides.
La acción contra la mayorista farmacéutica Morris & Dickson Co., que amenaza con llevarla a la quiebra, se produjo dos días después de que The Associated Press publicara un reportaje de investigación que descubriera cómo la DEA permitió que la compañía siguiera distribuyendo medicamentos durante casi cuatro años después de que un juez recomendara aplicarle la pena más severa por su “indiferencia negligente” de las reglas destinadas a prevenir el abuso de opioides.
La DEA reconoció que el tiempo que tardó en emitir su decisión final fue “más largo de lo normal para la agencia”, pero culpó en parte a Morris & Dickson por retrasar el proceso al buscar demoras debido a la pandemia de COVID-19 y su larga búsqueda de un acuerdo que la agencia dijo que había contemplado. La orden entrará en vigor en 90 días, lo que permitirá más tiempo para negociar un acuerdo.
La directora de la DEA, Anne Milgram, escribió en la orden de 68 páginas que Morris & Dickson no aceptó la responsabilidad total por sus acciones pasadas, que incluyeron el envío de 12.000 pedidos inusualmente grandes de opioides a farmacias y hospitales entre 2014 y 2018. Durante este tiempo, la compañía solo reportó a la DEA tres pedidos sospechosos.
Milgram citó específicamente el testimonio del entonces presidente de la compañía en 2019, Paul Dickson Sr., de que el programa de cumplimiento era “muy bueno” y que no creía que “una sola persona haya resultado dañada por (sus) fármacos”.
“Esas declaraciones del presidente de una empresa operada por una familia propietaria pierden el sentido de los requisitos de un solicitante de registro de la DEA”, escribió. “Su aceptación de responsabilidad no mostró que ni él ni sus directores entendieran el alcance total de su conducta inapropiada… y el daño potencial que causó”.
Competidores más grandes de Morris & Dickson, un trío de distribuidores farmacéuticos, acordaron pagar al gobierno federal más de mil millones de dólares en multas y sanciones por infracciones similares. Las firmas Cardinal Health, AmerisourceBergen y McKesson también acordaron pagar $21,000 millones durante 18 años para resolver reclamos como parte de un acuerdo a nivel nacional.
