La Corte Penal Internacional anunció el viernes que ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, debido a su presunta implicación en el secuestro de niños en Ucrania.
En un comunicado, el tribunal afirmó que Putin “es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y del de traslado ilegal de población (niños) desde las zonas ocupadas de Ucrania hacia la Federación Rusa”.
La CPI también emitió el viernes una orden de detención contra Maria Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada para los derechos de la infancia de la Oficina del Presidente de la Federación Rusa, por imputaciones similares.
El presidente de la corte, Piotr Hofmanski, dijo en un video que si bien los jueces de la CPI emitieron las órdenes, dependerá de la comunidad internacional hacerlas cumplir. La CPI no tiene una fuerza policial propia para hacer cumplir las órdenes.
“La CPI está haciendo su parte de trabajo como tribunal de justicia. Los jueces emitieron órdenes de arresto. La ejecución depende de la cooperación internacional”, declaró.
Un posible juicio a algún ruso en la CPI sigue siendo una posibilidad muy remota, ya que Moscú no reconoce la jurisdicción del tribunal —una posición reafirmada a principios de esta semana por el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov— y no extradita a sus ciudadanos.
Ucrania tampoco es miembro de la corte, pero le ha otorgado a la CPI jurisdicción sobre su territorio y el fiscal de la CPI, Karim Khan, la ha visitado cuatro veces desde que abrió una investigación hace un año.
La CPI dijo que su sala de cuestiones preliminares halló que existían “fundamentos suficientes para creer que cada sospechoso tiene responsabilidad por el crimen de guerra de deportación ilegal de población y transferencia ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusia en perjuicio de niños ucranianos”.
El jueves, una investigación respaldada por la ONU mencionó los ataques rusos a civiles en Ucrania, así como tortura sistemática y matanzas en zonas ocupadas, entre otros presuntos actos que constituyen crímenes de guerra y posiblemente de lesa humanidad.
La amplia investigación también descubrió crímenes contra ucranianos cometidos en territorio ruso, como impedir que niños ucranianos deportados se reunieran con sus familias, un sistema de “filtración” que apuntaba a identificar a ucranianos para encarcelarlos, torturarlos y someterlos a condiciones de detención infrahumanas.
Sin embargo, la CPI puso el viernes el rostro de Putin en las denuncias de secuestro de niños.
