Un ministro del Supremo Tribunal Federal autorizó ayer incluir al expresidente Jair Bolsonaro en su investigación para determinar quién incitó los disturbios del 8 de enero en la capital de Brasil, parte de una serie de medidas adoptadas para que las partes involucradas rindan cuentas.
Según el texto de su fallo, el juez Alexandre de Moraes concedió la solicitud de la Fiscalía General, la cual mencionó un vídeo que Bolsonaro publicó en Facebook dos días después de la revuelta. En el vídeo se afirmaba que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva no obtuvo el puesto por mayoría de votos, sino que más bien fue elegido por el Supremo Tribunal Federal y la autoridad electoral brasileña.
Los fiscales del grupo recién formado para combatir actos antidemocráticos alegaron horas antes que, aunque Bolsonaro publicó el vídeo después de los disturbios, su contenido era suficiente para justificar investigar su conducta antes de ellos. El exmandatario lo borró la mañana después de que lo publicó.
Salvo eso, Bolsonaro se ha abstenido de comentar sobre las elecciones desde su derrota el 30 de octubre. Durante el periodo previo a los comicios, en repetidas ocasiones azuzó dudas acerca de la confiabilidad del sistema de votación electrónica del país, y posteriormente interpuso una solicitud para anular millones de votos emitidos en esas máquinas, y nunca reconoció que perdió.
Bolsonaro ha estado viviendo en un suburbio de Orlando desde que abandonó Brasil a finales de diciembre, y no asistió a la investidura de su sucesor el 1 de enero. Algunos legisladores estadounidenses han pedido al presidente Joe Biden que cancele su visa.
Tras la decisión del juez a última hora del viernes, el abogado de Bolsonaro, Frederick Wassef, dijo en un comunicado que el expresidente “repudia vehementemente los actos de vandalismo y destrucción” del 8 de enero, pero culpó a supuestos “infiltrados” en la protesta, algo que también han afirmado sus partidarios de extrema derecha.
El comunicado también dice que Bolsonaro “nunca tuvo ninguna relación o participación con estos movimientos sociales espontáneos”.
Las autoridades brasileñas están investigando quién le permitió a los simpatizantes radicales de Bolsonaro allanar el Supremo Tribunal Federal, el Congreso y el palacio presidencial en un intento de revocar los resultados electorales de octubre. Se está examinando el papel de personas que pagaron para transportar a los agitadores a la capital y de personal de seguridad que pudo haberse hecho de la vista gorda y permitir que ocurriera el caos.
