El recurso de apelación que presentó el Gobierno Municipal de Guánica para obligar a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado (AEELA) a pagar arbitrios de construcción por el proyecto de demolición del Centro Vacacional Playa Santa continúa en espera de resolución en el foro intermedio.
La implosión de la instalación recreativa, que quedó en desuso por los terremotos de 2020, se efectuó el 19 de diciembre de 2023, pero la controversia legal prosiguió.
AEELA se negó a desembolsarle al ayuntamiento guaniqueño $129 mil por concepto de arbitrios de construcción con el argumento de que su ley habilitadora la exime de pagar este tipo de impuestos.
Luego de que la alcaldía se negara a emitir una certificación para que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGPe) autorizara la demolición, AEELA la demandó en el tribunal.
Apenas cuatro días antes de la fecha pautada para el proceso, el juez Pedro Vidal Ríos, del Tribunal de Primera Instancia de Ponce, determinó que AEELA no tenía que pagarle arbitrios de construcción a Guánica por el proyecto de demolición, que costaría alrededor de $2 millones.
La implosión se llevó a cabo en la fecha estipulada y no fue hasta el año entrante, el 19 de enero, que el Municipio de Guánica acudió al Tribunal de Apelaciones.
El recurso presentado por los abogados Lind O. Merle Feliciano, Legna I. González García y Génesis Flores Núñez, contiene dos señalamientos de error.
Por una parte, el municipio plantea que el Tribunal de Primera Instancia de Ponce erró al determinar que AEELA no está obligada a pagarle arbitrios de construcción al ayuntamiento por una obra de demolición para la cual contrató a una entidad privada.
El otro señalamiento es que el tribunal erró al resolver que un contratista privado a quien AEELA contrata para demoler una estructura está exenta de pagar arbitrios de construcción. En este caso, el contratista fue Alpha Demolitions.
El 6 de febrero, la licenciada Anabel Vázquez Feliciano, representante legal de AEELA, solicitó la regrabación de la vista del 16 de noviembre de 2023 y su respectiva transcripción. En esa vista fue que se presentó la prueba que condujo a la sentencia del juez Vidal Ríos el 15 de diciembre.
Luego, el 20 de febrero, AEELA presentó su alegato en oposición al recurso de apelación.
