Un operativo federal coordinado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 45 estados se extendió este martes a Puerto Rico, donde autoridades federales presentaron cargos criminales contra cuatro personas vinculadas a esquemas de fraude de salud.
La ofensiva nacional desembocó en cargos contra 455 acusados en 56 distritos federales, relacionados con más de $6,500 millones en reclamaciones fraudulentas.
Asimismo, derivó en la incautación de sobre $182 millones en efectivo, vehículos de lujo, propiedades y otros bienes. También provocó la suspensión de 1,079 proveedores de los programas de Medicare y Medicaid y la revocación de los privilegios de facturación a otros 1,403.
Por su parte, la Administración de Control de Drogas (DEA) ejecutó 928 acciones administrativas para limitar o revocar la autoridad de prescribir o manejar sustancias controladas a profesionales bajo sospecha. Entre los acusados figuran 90 médicos y otros profesionales de la salud licenciados.
Casos en Puerto Rico
En Puerto Rico, el fiscal federal W. Stephen Muldrow anunció dos casos criminales separados, como parte del mismo operativo nacional.
En el primer caso (26-239), Josué Sáez Rodríguez, de 42 años, y Chancey Irmaries Olmed Pérez, de 40, ambos de Comerío, enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y rotulación indebida de medicamentos.
Según la acusación, promovían, comunicaban, vendían y distribuían productos que no estaban autorizados a poseer ni a distribuir, incluyendo semaglutida, Mounjaro, tirzepatida y esteroides, mientras que Sáez Rodríguez también fue acusado por posesión con intención de distribuir esteroides anabólicos.
En el segundo caso (26-240), Carlos Andrés Rendón Bermúdez, de 32 años y residente de Columbus, Ohio, y Jandiel Santos Rodríguez, de 22 años y residente de San Lorenzo, fueron acusados por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y rotulación indebida de dispositivos.
La acusación sostiene que Rendón Bermúdez realizaba procedimientos dentales sin contar con licencia válida para ejercer la odontología, incluyendo instalación de braces, blanqueamiento dental, limpieza y tratamiento de caries, además de utilizar una herramienta eléctrica para limar dientes, administrar anestesia y entregar antibióticos recetados.
Las autoridades federales señalaron que Santos Rodríguez actuaba como representante de Rendón Bermúdez en Puerto Rico, coordinando citas dentales, promocionando servicios en redes sociales y asegurando falsamente a los pacientes que Rendón Bermúdez era un dentista licenciado.
Ofensiva previa contra farmacias
Esta ofensiva ya había registrado golpes recientes. Semanas atrás, la Fiscalía Federal en la isla informó que recuperó más de $4.1 millones como parte de acuerdos de pago por $4.6 millones alcanzados con cuatro farmacias puertorriqueñas y sus dueños, en casos de fraude a Medicare y Medicaid.
De acuerdo con el aviso federal del pasado 4 de junio, las autoridades alegaron que estas farmacias facturaron recetas desviadas presentadas falsamente como medicamentos obtenidos de fuentes autorizadas entre enero de 2021 y enero de 2024, resolviendo las reclamaciones mediante acuerdos civiles bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.
Las acusaciones son meramente alegaciones y, hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal, los acusados se presumen inocentes.
