El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico lanzó la campaña “Ni olvido ni silencio”, un llamado público para exigir justicia ante los 455 feminicidios documentados en la isla desde 2019 y denunciar la falta de acción efectiva del Estado frente a la violencia machista.
“Este esfuerzo no es solo un acto de memoria: es un grito colectivo que denuncia la indiferencia del Estado, la impunidad que persiste en los tribunales y la falta de políticas públicas que protejan la vida de las mujeres, niñas y personas trans en Puerto Rico”, expresó Stephanie Figueroa, directora ejecutiva del Observatorio.
La iniciativa se presentó en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico, donde organizaciones del movimiento por la equidad de género leyeron los nombres y mostraron los rostros de las 455 víctimas de feminicidios registrados durante los pasados seis años. El acto, realizado en el marco del Mes de No Más Violencia contra la Mujer, buscó mantener viva la memoria de las víctimas y reclamar acciones concretas del gobierno.
Entre los reclamos se destacaron la aprobación de la Ley 40, mayor financiamiento para albergues y organizaciones de servicio, educación con perspectiva de género en las escuelas, y esclarecimiento de los casos que continúan bajo investigación.
“La campaña ‘Ni Olvido Ni Silencio’ nace de la convicción de que la memoria es resistencia. Nombrar a las víctimas es negarnos a aceptar la indiferencia… Recordarlas es afirmar que sus vidas importan, que su ausencia no será normalizada, que sus familias no están solas”, expresó Deborah Upegui Hernández, analista del Observatorio.
El organismo detalló que 113 casos permanecen bajo investigación, algunos sin avances por más de cinco años; 9 transfeminicidios siguen sin esclarecer; 156 menores quedaron en orfandad; y 50 mujeres y niñas continúan desaparecidas desde 2020. Además, el uso de armas de fuego en feminicidios íntimos aumentó de 33 por ciento en 2019 a 75 por ciento en 2024.
Figueroa enfatizó que el Estado debe asumir responsabilidad por la pérdida de vidas vinculadas a fallas institucionales. Mencionó casos como el de Claribel, quien “esperó más de una hora por una ambulancia tras el ataque de su agresor”; el de Andrea Costas, a quien “le negaron una orden de protección en más de una ocasión”; y el de Ivette Joan Meléndez Vega, asesinada por Hermes Dávila, liberado bajo la Ley 25 “con diagnósticos no corroborados y sin evaluaciones”.
Las organizaciones participantes reiteraron que el país necesita políticas de reparación para las familias de las víctimas, procesos de investigación ágiles y reconocimiento de todos los feminicidios, sin jerarquías ni estigmas.
“Negar el problema de la violencia de género o limitar el uso del término feminicidio es negar sus raíces estructurales”, concluyó Figueroa.
