En su capacidad como representante por acumulación y portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, presentó ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud de Sentencia Declaratoria, Entredicho Preliminar y Permanente.
Esto en contra del presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, el Administrador de dicho cuerpo legislativo, Manuel Díaz Espino, el Sargento de Armas de la Cámara de Representantes, Luis Ramos Rivera, y su secretario, Javier Gómez Cruz.
La demanda solicita que se declare que la más reciente orden administrativa emitida por el presidente de la Cámara de Representantes, y ejecutada por los demás demandados en carácter oficial, implementando la obligatoriedad del uso de la mascarilla en todas las facilidades de este cuerpo legislativo es inconstitucional, impide que la representante ejerza sus funciones, constitucionalmente protegidas, de manera arbitraria y caprichosa.
Así, se solicita como remedio que el tribunal emita una orden de entredicho preliminar y permanente ordenándole a los demandados cesar y desistir de incurrir en conducta ilegal para con la demandante.
“La exigencia impuesta por el presidente de la Cámara, que obliga al uso de mascarillas bajo la actual coyuntura, carece de justificación alguna y del más mínimo sentido de razonamiento lógico. Es un acto no solo ridículo e irresponsable sino profundamente abusivo y atropellarte que lacera los más elementales principios de derechos civiles y libertades democráticas de todos los ciudadanos, garantizados por nuestra constitución”, indicó Javier Jiménez, presidente del partido Proyecto Dignidad.
“Así también, la arbitrariedad de este mandato revela un desprecio total por el derecho de las minorías en la Cámara al colocar a la representante en la posición de escoger entre ejercer sus funciones o actuar contrario a su conciencia y creencias políticas, y las de aquellos que representa con su voz y voto en el proceso legislativo ante la Cámara de Representantes”, añadió Jiménez.
Alegaron que tal proceder es una violación a los derechos de las minorías y una violación al libre ejercicio de la expresión política en el recinto donde el Estado debe salvaguardar la más amplia protección de este derecho.
“Esperamos que el Honorable Tribunal atienda con premura nuestro reclamo y evite que siga siendo atropellado mi derecho como legisladora electa, el de todos mis compañeros legisladores, así como el de nuestros constituyentes, a los cuales represento”, explicó Burgos Muñiz, como portavoz de Proyecto Dignidad.
