Fiscalía y Tribunales se echan culpas mutuamente tras feminicidio en Yauco

Por ser un convicto de violencia doméstica, a Wilfredo H. Santiago Figueroa se le tenía que haber impuesto supervisión electrónica cuando salió libre bajo fianza tras ser acusado de una nueva violación a la Ley 54 por maltratar a su expareja en Yauco.

Sin embargo, ni los jueces que atendieron las dos vistas que se celebraron sobre este caso le impusieron el grillete al acusado reincidente, ni el Ministerio Público hizo la solicitud en ninguna de las dos comparecencias efectuadas en el Tribunal de Ponce.

La petición de la fiscal Ruth Myriam Pérez Pérez llegó por escrito a las 4:55 de la tarde de ayer, cuando el imputado ya se había marchado del tribunal sin restricciones, luego de posponerse para el 28 de febrero la vista preliminar en su contra.

Ayer mismo en la noche, Santiago Figueroa mató a su expareja y querellante, Linnette Morales Vázquez, de 30 años; al hermano de esta, Luis Miguel Morales Vázquez, de 28 años; y a la madre de ambos, Lizzette Vázquez Vélez, de 51 años, en el barrio Caimito de Yauco. Luego se suicidó.

Desde que se conoció el feminicidio, el Poder Judicial y la Fiscalía se han echado culpas mutuamente sobre las acciones y omisiones que tuvo cada cual en el manejo de este caso.

Orden de protección y acusación

El Poder Judicial informó que, el 7 de septiembre del año pasado, el juez Ángel Candelario Cáliz, del Tribunal de Ponce, expidió una orden de protección ex parte al amparo de la Ley 54 de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, a favor de Linnette Morales Vázquez y en contra de Santiago Figueroa.

Luego, el 26 de septiembre, se expidió una orden de protección final, con vigencia hasta el 26 de marzo de 2024.

La fiscal de distrito de Ponce, Marjorie Gierbolini Gierbolini, dijo hoy a La Perla del Sur que Linnette Morales Vázquez se querelló contra su expareja por violar la orden de protección el pasado 7 de enero. Sin embargo, el caso se sometió el 10 de enero.

Ese día, Santiago Figueroa fue acusado de un cargo por el artículo 3.1 de la Ley 54. La jueza Ginny M. Vélez Carreras, del Tribunal de Ponce, encontró causa para arresto y le impuso una fianza de $5,000.

Según el Poder Judicial, la fiscal Alexandra Aulet Morales no objetó la fianza, “no alegó reincidencia ni tampoco se solicitó supervisión electrónica”.

La fiscal Gierbolini confirmó que “la fiscal no solicitó aumento de fianza” y comentó que con relación al grillete electrónico “la fiscal no tiene que solicitarlo porque es una responsabilidad del juez”; en este caso, de la jueza Vélez Carreras.

“El juez recibe un informe de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio y a base de ese informe es que el juez determina si (el acusado) lleva grillete o no. En los casos por el artículo 3.1 (de la Ley 54) regularmente no llevan grillete, exceptuando si la persona ha tenido una convicción previa. O sea, en este caso, por excepción, llevaba grillete”, explicó.

“Esa es una información que se le provee a la juez mediante un informe que se le rinde. El fiscal no tiene acceso a ese informe. Se supone que la juez, cuando vio el informe, hubiera ordenado que se le pusiera el grillete”, agregó Gierbolini.

Al preguntársele a la fiscal de distrito si estaba satisfecha con el proceder de la fiscal Aulet Morales, la defendió.

“Yo tengo que adjudicar responsabilidad de lo que a mí me delegan como obligación. Si hubiera sido una obligación del Ministerio Público imponer el grillete, yo podría decirte que ella tuvo responsabilidad. Pero esa es una obligación del juez y, por lo general, nosotros no participamos porque, una vez se acaba la vista, ese proceso continúa en ausencia del Ministerio Público”, planteó Gierbolini.

“Cuando nosotros nos percatamos en la próxima vez que tenemos contacto con la víctima en la VP (vista preliminar), que fue ayer, es que entonces actuamos. La fiscal (Aulet Morales) no tenía por qué saber que no se cumplió con imponerle el grillete en ese día (10 de enero)”, continuó Gierbolini.

¿Puede aseverar que la fiscal Aulet Morales no lo supo ese día?, cuestionó este medio.

“No, porque ese es un proceso que ocurre posterior a la vista”, respondió.

¿No se supone que el juez informa en sala que le impondrá esa condición al acusado?, se le preguntó.

“Él determina causa e impone la fianza. (Sobre) las condiciones de cómo sale bajo fianza, a veces nos dicen que se fían y después no se fiaron nada porque no apareció el dinero. O sea, de eso nosotros no tenemos constancia a menos que posteriormente la víctima llame, nos dé conocimiento, etcétera”, señaló Gierbolini.

Tampoco se impuso el grillete en la vista preliminar

Wilfredo Santiago Figueroa regresó ayer al Tribunal de Ponce para comparecer a la vista preliminar en su contra ante el juez Rubén Serrano Santiago. El Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Ruth Myriam Pérez Pérez.

De acuerdo con el Poder Judicial, la defensa del acusado solicitó un término adicional para evaluar documentos relacionados al caso, la Fiscalía se allanó y el juez reprogramó la vista para el 28 de febrero.

“En esta vista no se solicitó que se revisara la fianza ni sus condiciones. Tampoco se solicitó la imposición de supervisión electrónica”, dijo el Poder Judicial en un comunicado de prensa en el que, sin embargo, omitió señalar que el juez tampoco le impuso el grillete por iniciativa propia, cuando debió haber sabido que se trataba de un acusado reincidente.

La fiscal Gierbolini, una vez más, dijo que esa responsabilidad recaía en el tribunal.

“En el día de ayer nos percatamos de que no se le había impuesto un grillete y le llamamos la atención al tribunal de que no había cumplido con su obligación. La obligación principal es del tribunal. Nosotros podemos llamar la atención del tribunal, pero esa obligación principal es de ellos”, expuso.
Según Gierbolini, la fiscal Pérez Pérez no hizo el reclamo durante la vista, pautada para las 2:00 de la tarde, porque supuestamente se enteró después.

“No, lo sometió por escrito. No lo verbalizó en la vista porque ella adviene en conocimiento una vez termina el reseñalamiento que hubo”, afirmó la jefa de fiscales en Ponce.

¿Ella sabía que el acusado no tenía grillete?, inquirió este medio.

“No, porque el caso se ve en Regla 6 y ella no sabe nada de ese caso hasta que le llega en el día de ayer. Ayer cuando ella está en la vista es que se percata de la situación de que él no tiene grillete”, contestó Gierbolini.

En la moción escrita sometida electrónicamente al filo de la jornada laboral, la fiscal Pérez Pérez indicó que “el imputado cuenta con convicciones previas por delitos de la misma naturaleza, caso criminal JLE2015G0155 atendido en este mismo tribunal en la que se dictó sentencia de cárcel; por lo que la imposición de supervisión electrónica es una condición obligatoria que tenía que imponer el tribunal al momento de conceder la fianza”.

La moción se quedó sin atender ante la ocurrencia del triple asesinato y suicidio.

Hubo otras violaciones a la orden de protección

Por otra parte, la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite D. Oronoz Rodríguez, dijo hoy tener información que apunta a que Santiago Figueroa violó la orden de protección más de una vez.

“Nuestro análisis preliminar también revela aparentes violaciones previas a la orden de protección que se llevaron a la atención de la Policía y que no se canalizaron ante el tribunal”, sostuvo la jueza en declaraciones escritas.

La fiscal Gierbolini, entretanto, aseguró que esas querellas no llegaron a la Fiscalía.

“La única denuncia que ella (Linnette Morales Vázquez) le hace a la Policía es la del caso que se sometió. Eso es del 7 (de enero), pero el caso se vio el día 10”, indicó.

“Posterior a eso, ella (Linnette Morales Vázquez) hace unas denuncias en el Distrito de Yauco, a la Policía, de un caballo que se le desapareció y unas cosas que ocurren, pero ella no podía identificar que fuera él (Wilfredo Santiago Figueroa). Ella sospechaba que fuera él, pero no tenía constancia de eso. El Ministerio Público no tenía conocimiento de eso porque esas querellas nunca se consultaron acá”, detalló.

“Hay espacio para mejorar”

Las fiscales Alexandra Aulet Morales y Ruth Myriam Pérez Pérez pertenecen a la unidad especializada en violencia doméstica de la Fiscalía en Ponce.

Ante la pregunta de si cree necesario reforzar el conocimiento sobre violencia de género de su equipo de fiscales, Gierbolini respondió que “siempre hay espacio para mejorar en todos los aspectos y uno se puede sentar y decir ‘la próxima vez hay que estar más pendiente de que el tribunal cumpla con su responsabilidad’”.

“Siempre hay espacio para reevaluar”, manifestó.

Gierbolini, además, confirmó que le rindió un informe a la jefa de fiscales, Jessika Correa González.

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, no informó si realizará una investigación sobre el proceder de las fiscales en este caso. Solo dijo por escrito que es necesario “analizar” lo ocurrido.

“La muerte de Linnette Morales Vázquez, víctima de feminicidio, así como de su hermano, Luis Miguel Morales Vázquez, y su señora madre, Lizette Vázquez Vélez, obliga a todos los componentes del sistema judicial y nuestra sociedad a reflexionar sobre qué más podemos hacer para evitar otras fatalidades. Es momento de analizar con honestidad todo lo acontecido y unirnos con humildad para evitar que se repite el desenlace que hoy nos conmociona.  Para prevenir la pérdida de otras vidas inocentes, nos toca a todos realizar una evaluación de los procesos y el rol social que nos corresponde”, expuso Emanuelli Hernández.

La jueza presidenta del Tribunal Supremo, por su parte, sí indicó que investigará el asunto.

“Tras los eventos terribles en Yauco, instruí a comenzar una investigación exhaustiva sobre los procesos judiciales en los casos ante el Tribunal de Primera Instancia de Ponce”, anunció. “El Poder Judicial formulará las recomendaciones que considere prudentes al componente de seguridad pública”.

Asimismo, Oronoz Rodríguez exhortó al Ejecutivo a conducir su propia pesquisa.

“De la misma forma, el Poder Ejecutivo debe llevar a cabo una evaluación de las gestiones y comparecencias en los Tribunales de los Fiscales asignados al caso, el Programa de Servicios con Antelación a Juicio (PSAJ) del Departamento de Corrección y Rehabilitación y la Policía de Puerto Rico”, manifestó.

Antes de la expresión pública de Oronoz Rodríguez, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia había pedido a los Tribunales que confirmaran si hubo un mal manejo en este caso. Sin embargo, no le solicitó al Departamento de Justicia, que le responde a él como jefe del Ejecutivo, que se expresara sobre el particular.