La enfermera, dueña y administradora del Hogar Huellas Corp., fue encontrada culpable de negligencia en el cuidado de personas de edad avanzada e incapacitados, informó el Departamento de Justicia.
Tras escuchar la prueba presentada por las fiscales Janice Maymí Camacho y Brenda Rosado Aponte, de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid del Departamento de Justicia (MFCU, en inglés), la jueza Sylkia Carballo Nogueras emitió su dictamen en la sala 303 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.
El Departamento de Justicia demostró que Zulma Morales Sierra, obrando con negligencia y teniendo la obligación que le impone la ley de prestar servicios de cuidado, puso en riesgo la vida y la salud de las hermanas KCR y MCR, ambas adultas con impedimento, durante el tiempo de siete meses que residieron en el Hogar antes mencionado.
En ese entonces, la hoy convicta realizó una falsa representación y engaño, dando a entender que era tenedora de una dispensa y autorización del Departamento de la Familia para recibir en su hogar a las dos adultas con impedimentos. Con esta representación falsa logró la confianza de los padres de KCR y MCR y, de esta forma, obtuvo el pago de $18,900 por unos servicios de cuidado para sus hijas que nunca prestó.
La prueba también demostró que estos hechos redundaron en actos de maltrato hacia los padres de las dos adultas, causando así daño a su salud, bienestar y bienes.
La convicta era la enfermera, directora y dueña del mencionado hogar, mas no ofreció los servicios de salud y bienestar necesarios a las adultas. Tampoco ofreció a los padres información en cuanto eventos de salud, nueva medicación y tratamiento, privándolos de conocer las circunstancias en que se encontraban sus hijas en dicho Hogar bajo la idea que se encontraban bien.
Las fiscales presentaron alrededor de 29 testigos, 33 piezas de evidencia, prueba pericial y documental para demostrar más allá de duda razonable la culpabilidad de la hoy convicta.
La vista de sentencia fue señalada para el 22 de mayo en la sala 303 del Tribunal de Primera Instancia de Caguas.
“La convicta en este caso se aprovechó de la vulnerabilidad de toda una familia, poniendo en gran riesgo a dos personas que requerían unos cuidados especiales. El Departamento de Justicia siempre defenderá con gran fervor los derechos de las personas con diversidad funcional en Puerto Rico. Con este fallo se hizo justicia a las víctimas y a su familia”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
Además, el titular de Justicia destacó la labor de las fiscales y agentes de la Unidad de Control de Fraude al Medicaid, la cual se especializa en atender este tipo de casos y es dirigida por el fiscal Luis Freire Borges.
