Los proyectos de investigación médica en Puerto Rico a los que el Instituto Nacional de Salud (NHI, por siglas en inglés) concede millones de dólares en subvenciones se enfrentan a recortes inmediatos de presupuesto, tras otro anuncio del presidente estadounidense Donald Trump.
Según divulgó la entidad adscrita al Departamento de Salud federal en su portal oficial, toda asignación presente y futura para gastos de sede, equipos, personal y otros “costos indirectos” de administración será limitada desde este lunes, 10 de febrero al 15 por ciento del presupuesto general del proyecto, lo que podría frenar e, incluso, volver inviables investigaciones en curso, en materia de biomédica y salud pública.
Solo el pasado año, el NHI concedió $58.1 millones a 79 investigaciones iniciadas en universidades y laboratorios científicos del país, precisa la base de datos de esa agencia.
Según fuentes de La Perla del Sur, instituciones como la Universidad de Puerto Rico (UPR) retienen cerca del 33 por ciento de los fondos que el NIH aprueba a los investigadores de sus recintos: capital que la universidad utiliza para el mantenimiento de las oficinas y laboratorios requeridos, además del pago de electricidad, agua y telefonía, entre otros. Asimismo, como ingresos no recurrentes.
Este fulminante restructuración, precisamente, lacerará primordialmente a la UPR.
Solo en el 2024, el Recinto de Ciencia Médicas obtuvo $32.5 millones en grants del NIH, mientras que sus recintos en Humacao, Río Piedras, Cayey, Ponce y Mayagüez accedieron a otros $3.2 millones, colectivamente. Asimismo, el Centro Comprensivo de Cáncer recibió $4.5 millones.
Si la subvención global del NIH fuera idéntica este año, el recorte a la UPR podría rondar los $6.6 millones. El efecto en la mayoría de los proyectos de investigación, empero, podría ser demoledor.
“La UPR no está en posición de absorber esa pérdida, por lo tanto, esto equivale a pararlo todo”, aseguró a La Perla del Sur una fuente vinculada al Recinto de Ciencias Médicas que pidió no ser identificada.
De otra parte, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, especializado en la Ley Promesa y los planes fiscales de la Junta de Supervisión, advirtió que las repercusiones para el principal centro docente conllevarán despidos y efectos que podrían ser graves.
“Entre los más afectados por un cambio como este figurarían la isla laboratorio de Cayo Santiago y el centro de investigación con primates en Sabana Seca, donde perderían personal y fondos para alimentarlos”, comentó.
“Pero esto también podría afectar las operaciones de la UPR, porque con esos fondos se paga el agua, la luz, el teléfono y otros gastos”, continuó. “Y, además, se genera el espectro de que a la Junta (de Supervisión Fiscal) le dé con radicar un Título III (reestructuración de deuda) y ahí ocurriría la debacle, porque eso haría que el Departamento de Educación paralice las becas Pell”.
Más en la lista
La base de datos del NIH también indica que el Ponce Health Sciences University, la Escuela de Medicina San Juan Bautista y la Universidad Central del Caribe recibieron aportaciones millonarias de la agencia el pasado año.
El primero obtuvo $8.9 millones para nueve propuestas, el segundo $6.3 para una investigación y el tercero $1.1 millones para siete proyectos.
Otros receptores de subvenciones con menor cuantía fueron la Universidad Interamericana, el Grupo Nexos y LifeGene Biomarks.
En los Estados Unidos, el cambio lacerará notablemente los ingresos de universidades como Harvard, Yale y Johns Hopkins, las que retenían el 60 por ciento de los grants para “costos indirectos”.
En el año 2023, el NIH, el mayor financiador de la investigación biomédica del mundo, gastó casi $9 mil millones en costos indirectos. Los recortes le generarán ahorros por un monto de $4 mil millones, según sus pronósticos.
Salvavidas temporal
Al cierre de este reportaje, una coalición de fiscales generales de 22 estados demandó al gobierno federal, alegando que los recortes “paralizarían” estudios críticos sobre el cáncer, las enfermedades cardíacas y otras afecciones.
A sus reclamos, la jueza Angel Kelley del Tribunal de Distrito de Massachusetts respondió anoche con una orden de restricción temporal, solicitando a los 22 demandantes que presentaran un informe de situación en 24 horas y nuevamente cada dos semanas para confirmar el desembolso regular de los fondos.
La jueza fijó una audiencia para el 21 de febrero.
