Un tribunal federal en Puerto Rico emitió un decreto de consentimiento que requiere que Droguería Betances, LLC (Betances), uno de los mayores distribuidores de medicamentos en Puerto Rico, pague $12 millones y realice mejoras significativas a su programa de cumplimiento, informó hoy el Departamento de Justicia.
“Las empresas que distribuyen sustancias controladas tienen una responsabilidad importante para detener la distribución ilegal”, dijo Brian Boynton, subfiscal general principal del Departamento de Justicia en declaraciones escritas.
La queja presentada por los Estados Unidos el 3 de noviembre alega que desde 2016 hasta al menos junio de 2019, Betances no informó a la Administración de Control de Drogas (DEA) sobre cientos de “órdenes sospechosas” para opioides y otras sustancias controladas entregadas a sus clientes de farmacia.
Además, entre mayo de 2017 y julio de 2018, Betances no realizó informes requeridos de sus transacciones de distribución a la DEA, incluyendo más de 7.8 millones de unidades de dosis. Según la queja, Betances también cometió cientos de violaciones en la conservación de registros.
Según el decreto de consentimiento, se requiere que Betances pague $12 millones en cinco años, con $10.2 millones en forma de multas civiles y $1.8 millones en confiscación civil. También se requiere que Betances realice mejoras en su programa de cumplimiento.
“La obligación de informar órdenes sospechosas es crítica para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, dijo el fiscal de Estados Unidos W. Stephen Muldrow para el Distrito de Puerto Rico.
La DEA cree que todos dentro de la cadena de suministro farmacéutico son responsables de prevenir la desviación de sustancias controladas, dijo el administrador asistente Thomas W. Prevoznik de la División de Control de Desviación de la DEA.
El caso fue investigado por la División de Control de Desviación de la DEA, División del Caribe, Oficina de División de San Juan.
Los fiscales asistentes de Estados Unidos, David O. Martorani-Dale y Gabriella S. Paglieri del Distrito de Puerto Rico, y el abogado Tom Rosso representaron a los Estados Unidos.
Las reclamaciones resueltas por el decreto de consentimiento anunciado hoy son solo alegaciones, y no ha habido una determinación de responsabilidad.
