Los empleados de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), que laboran en el Centro Médico de Río Piedras en San Juan, decretaron un paro indefinido a partir del viernes, 26 de enero.
Esto, porque la Unión General de Trabajadores (UGT) considera que el patrono está negociando el convenio colectivo de mala fe.
El sindicato, no obstante, aseguró que tomará las medidas para que no se interrumpan los servicios en la sala de emergencias durante la vigencia del paro.
“Sabemos de la importancia que tiene esta sala de emergencia y nuestro trabajo para el país, por eso queremos asegurar a la comunidad que hemos activado un sólido plan de contingencia. Nuestro principal objetivo es garantizar que ningún paciente que requiera atención médica urgente pierda la vida y reciba la atención necesaria en todo momento”, indicó la UGT en declaraciones escritas.
“Estamos comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes y seguiremos salvando vidas aún en este periodo de paro”, agregó el sindicato.
Según el presidente de la UGT, Edwin Méndez, la decisión del paro se tomó “en protesta contra las prácticas ilícitas llevadas a cabo por los directivos de ASEM”.
“Los directivos de ASEM está utilizando la Junta de Control Fiscal (JCF) como pretexto para no sentarse a negociar seriamente. Entendemos que la administración de ASEM está negociando de mala fe”, afirmó Méndez.
El sindicalista aseveró que el patrono ha intercambiado información con la JCF, sin la participación de los trabajadores.
“La ASEM mantuvo comunicaciones con la Junta de Control Fiscal de forma escrita a escondidas, mientras que en reuniones presenciales con el comité negociador habían indicado que las conversaciones que han tenido con el ente fiscalizador han sido verbales. En esas comunicaciones escritas enviaron a la Junta de Control Fiscal documentos borradores de nuestras propuestas que estaban en mesa de negociación, y a las cuales nunca respondieron y nunca presentaron contrapropuesta”, alegó Méndez.
El representante obrero añadió que “negociar convenios colectivos de mala fe es perjudicial porque implica actuar de manera deshonesta y engañosa” y “puede resultar en acuerdos injustos y desfavorables para los trabajadores”.
