El juez Anthony Cuevas Ramos le dio cuatro días al suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, para que muestre causa por la cual no deba ser descertificado como candidato a la reelección por el Partido Popular Democrático (PPD) para los comicios generales del 5 de noviembre.
Ese periodo comenzó a contar hoy, luego de que el PPD emplazara al querellado. El secretario general de la colectividad, Gerardo Cruz Maldonado, confirmó esta tarde a La Perla del Sur que ya había cumplido con el trámite y también lo había notificado al tribunal.
El juez Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, acogió así la petición del PPD para que emitiera una orden de mostrar causa con el término reducido porque, de ordinario, la parte querellada tiene 10 días para responder.
Además, Cuevas Ramos canceló la vista que había citado para el viernes, 15 de marzo, y que coincidía con la vista preliminar que el suspendido alcalde enfrentará en el Centro Judicial de Ponce por cuatro cargos imputados por el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI).
“De entender que existe una controversia real, al analizar las alegaciones de la querella y la contestación del querellado, procederemos a determinar si la celebración de una vista es necesaria”, estableció el juez en su orden emitida hoy, martes.
La respuesta a la querella deberá emitirse por escrito en el plazo de cuatro días y el juez le advirtió a Irizarry Pabón que, de no hacerlo, “se estará allanando a las alegaciones de la querella presentada y se procederá a expedir el remedio solicitado, sin más citarle ni oirle”.
El PPD radicó una querella contra Irizarry Pabón al amparo del artículo 7.5 del Código Electoral, que trata sobre la descalificación de aspirantes y candidatos. La referida disposición establece que “cualquier aspirante o candidato nominado podrá ser descalificado como tal, por el Tribunal de Primera Instancia, cuando medie querella porque no cumple con los requisitos impuestos por la Constitución o la ley, o cuando se demostrare que ha violado cualesquiera disposiciones de esta ley o de sus reglamentos”.
Esta acción se tomó luego de que Irizarry Pabón -quien está acusado de enriquecimiento injustificado y violar la Ley de Ética Gubernamental- rehusara renunciar a la candidatura, a pesar de que se había comprometido a hacerlo si la vista preliminar en su contra se aplazaba más allá del 28 de febrero.
El acuerdo fue suscrito el 19 de diciembre de 2023 por Irizarry Pabón, Cruz Maldonado y el representante del Distrito 24, Ángel Fourquet Cordero, quien quería retar al alcalde en primarias y lo dejó en suspenso en espera de lo que ocurriera con el proceso judicial.
El partido solicitó que se descalifique a Irizarry Pabón como candidato a alcalde de Ponce bajo su insignia “por haber incumplido el acuerdo pactado en violación a las disposiciones del Reglamento del Partido Popular Democrático, así como el Formulario Informativo de Aspirantes y el Formulario de Adhesión a los Lineamientos Institucionales del Partido Popular Democrático”.
También le pidió al tribunal que declare vacante la candidatura y le permita llenarla.
El PFEI acusó a Irizarry Pabón de dos cargos por el artículo 4.2 (b) de la Ley de Ética Gubernamental (usar las facultades de su cargo para recibir un beneficio no permitido por ley) y dos cargos de enriquecimiento injustificado del Código Penal. Este último implica que el funcionario enriqueció su patrimonio o el de un tercero con dinero o bienes, o mediante la cancelación de obligaciones que lo afectaban.
Las fiscales especiales independientes Zulma I. Fúster Troche, Ileana Agudo Calderón y Fabiola Acarón Porrata-Doria representan al PFEI en este caso. Su teoría es que Irizarry Pabón abusó de su poder como alcalde para exigirles a sus subalternos que aportaran dinero para el repago de un préstamo de $50 mil que tomó con el Banco Popular, de los cuales destinó $30 mil a la campaña.
A tales fines, supuestamente, recogió dinero entre los directores de dependencias municipales y empleados de confianza. Según las fiscales, lo hizo bajo amenaza.
La vista preliminar está pautada para el 14 y 15 de marzo, desde las 9:00 de la mañana, en la sala 402 del Tribunal de Ponce ante el juez Daniel López González.
Veo al “ex-honorable” (Luis Irizarry Pabón) volviendo a su friquitin médico, con el rabo entre las patas. Nadie debe de tener como médico a un avaro, es indubitable que le interesaría más el dinero que la salud de sus pacientes. Los planes médicos debieran de realizarle una auditoría, seguramente les está facturando de más, por condiciones y pacientes inexistentes…